Criptomonedas bajo la lupa: la fiscalía de Gerardo Pollicita pidió nuevas medidas para verificar el patrimonio de Manuel Adorni. La investigación judicial en torno al patrimonio del exjefe de Gabinete Manuel Adorni avanzó este viernes con nuevas medidas de prueba ordenadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita.
El objetivo central de la fiscalía es determinar si las operaciones con Bitcoin, con las que el exfuncionario busca justificar casi US$600.000 en efectivo, fueron efectivamente realizadas por él entre los años 2014 y 2018.
El nuevo requerimiento se produce un día después de que la Sede de la Fiscalía Federal N°11 realizara una primera constatación formal. En dicho procedimiento, técnicos del Departamento Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina (PFA) comprobaron que existen las ocho direcciones de Bitcoin aportadas por la defensa y que sus movimientos coinciden con lo declarado por Adorni.
Asimismo, se certificó que los abogados defensores poseen actualmente las claves de acceso a dichas cuentas, las cuales fueron validadas mediante un “mensaje de desafío” firmado ante la fiscalía y posteriormente resguardadas en un sobre lacrado.
Sin embargo, desde el ámbito judicial advirtieron que el hecho de poseer las claves en el presente no acredita fehacientemente quién las controlaba en el pasado, ya que estas pueden transferirse. Por este motivo, Pollicita le encomendó al Departamento Técnico Cibercrimen de la PFA la realización de un informe técnico detallado que responda 29 puntos clave.
Las preguntas clave de la investigación
El nuevo cuestionario apunta a esclarecer los aspectos técnicos y temporales de las transacciones declaradas por el exfuncionario:
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Control histórico: Se solicitó a los especialistas determinar si existe alguna herramienta técnica para verificar desde cuándo una persona posee las claves o si es posible asegurar que quien las administra hoy es el mismo que operó las direcciones entre octubre de 2014 y septiembre de 2018.
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Análisis de movimientos: El informe evaluará los 41 movimientos registrados en las ocho cuentas —las cuales se quedaron sin saldo entre marzo de 2017 y septiembre de 2018— para dilucidar si pudieron ser realizados por una sola persona o si requirieron la intervención de terceros.
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Rastreo y tecnología: La fiscalía consultó si la blockchain (registro público de Bitcoin) u otros métodos permiten identificar conexiones de internet históricas, el origen de los fondos depositados en 2014 (realizados al margen de plataformas reguladas) y la confiabilidad de las herramientas comerciales que vinculan direcciones cripto.
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Marco regulatorio de la época: Se requirieron precisiones sobre las normativas vigentes en la Argentina entre 2014 y 2018 para operar con monedas virtuales, el alcance de la Resolución 300/2014 de la Unidad de Información Financiera (UIF), y los estándares aplicados por el GAFI y la Comisión Nacional de Valores (CNV) en materia de activos virtuales.
El origen de la controversia patrimonial
En su descargo presentado ante la fiscalía en agosto pasado, Adorni sostuvo que acumuló US$591.544 mediante operaciones de criptomonedas realizadas a partir de una inversión inicial en 2014 y otra cercana a los US$200.000 en 2017. Según su versión, las adquisiciones se concretaron en encuentros presenciales y las ventas se efectuaron en efectivo por fuera de plataformas reguladas, dinero que —según declaró— mantuvo resguardado en su domicilio hasta diciembre de 2023.
En paralelo a peritajes informáticos, la causa que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo incluye medidas para reconstruir los ingresos históricos de Adorni y de su esposa, el levantamiento del secreto fiscal y el relevamiento de compras de moneda extranjera realizadas entre 2011 y 2015.