La Justicia de Bahía mandó a arrestar a Pablo Souza tras una grave denuncia del PT por ocultar colectivos.
Un escándalo de proporciones institucionales sacudió la jornada del balotaje en Brasil.
Reducción drástica de flota y una orden de captura en pleno balotaje
El Tribunal Electoral de San Salvador de Bahía dictó la orden de detención inmediata del secretario de Movilidad urbana, Pablo Souza, luego de ratificar serias irregularidades que afectaron el derecho al voto de miles de ciudadanos. La medida judicial se adoptó tras una formal presentación de la alianza que encabeza el Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, mediante la cual se denunció un boicot deliberado en el servicio de transporte público de pasajeros.
El presidente del organismo electoral, Maurício Kertzman Szporer, instruyó directamente a las fuerzas de la Policía para proceder con la captura en flagrancia del funcionario. Las inspecciones y peritajes en terreno constataron que al menos 75 unidades de colectivos permanecieron intencionalmente retenidas en las garajes terminales, provocado que la flota de transporte urbano circulara a menos de la mitad de su capacidad operativa en comparación con un día hábil tradicional.
Según los considerandos del fallo firmado por Szporer, existió una directiva explícita emanada desde la propia secretaría a cargo de Souza para recortar las frecuencias.
Misión oficial en París, la defensa del funcionario y el trasfondo político
Souza es un economista egresado de la Universidad Federal de Bahía con más de 17 años de trayectoria en la planificación de movilidad urbana. Había sido designado en su cargo ejecutivo en febrero de 2025 por el intendente de Salvador, Bruno Reis, integrante de União Brasil —partido alineado a la oposición al gobierno de Lula da Silva—. Sin embargo, la orden de arresto no se pudo efectivizar de inmediato debido a que el funcionario municipal se encuentra actualmente en París, Francia, en el marco de una supuesta misión oficial.
Ante el revuelo ocasionado, Souza rompió el silencio a través de sus redes sociales y aseguró que ya puso el caso en manos de sus abogados y la Procuraduría municipal. En su descargo, sostuvo que el jueves anterior emitió un decreto ordenando el cumplimiento de todas las pautas electorales y prohibiendo la propaganda política en los coches.
No obstante, justificó los inconvenientes argumentando que durante la mañana del domingo militantes opositores llenaron los colectivos con calcomanías proselitistas, obligando a retirar temporalmente unidades para despejarlas. «La verdad de los hechos siempre va a prevalecer», sentenció el funcionario, mientras la causa continúa su curso en los tribunales federales.