El sistema de justicia argentino atraviesa una situación crítica marcada por demoras crónicas, discrecionalidad y una montaña de cargos sin cubrir.
Actualmente, el Poder Judicial de la Nación acumula 266 puestos vacantes —de los cuales 159 están en el Consejo de la Magistratura, 77 en el Poder Ejecutivo y 30 en el Senado—, acompañados por unos 75 concursos en trámite.
Ante este panorama desalentador, el reconocido constitucionalista de la Universidad Austral, Alfonso Santiago, elaboró un completo informe en el que detalla cuatro propuestas urgentes destinadas a agilizar los procesos de selección y brindar absoluta transparencia institucional.
Concursos anticipados y menor discrecionalidad en la selección
El eje central de la propuesta apunta a resolver las trabas en la designación de magistrados. Recordando el proyecto del nuevo Reglamento de Concursos avalado por la Corte Suprema mediante la Acordada 4/2026 y remitido al Consejo de la Magistratura, se plantea la implementación de concursos anticipados que puedan iniciarse sin necesidad de aguardar a que se libere formalmente la vacante, incorporando además un legajo digital y auditable.
Asimismo, el especialista exige recortar la discrecionalidad política y técnica: propone que la entrevista personal otorgue un máximo de 20 puntos sobre un total de 200 (apenas el 10% del puntaje) y establece reglas objetivas para conformar las ternas. El sistema contempla también un análisis técnico en dos etapas con mecanismos de anonimato para blindar la credibilidad de los postulantes y acortar los tiempos de cobertura.
Evaluación de juicios, desempeño de jueces y el rol de la Magistratura
En segundo lugar, el informe remarca la necesidad de evaluar si las múltiples reformas procesales implementadas en los últimos años realmente achicaron los plazos de los litigios o si solo quedaron en el plano normativo, midiendo su impacto real sobre la duración de los procesos. Como tercer punto, Santiago advierte que sigue pendiente un mecanismo adecuado de control y evaluación periódica del desempeño de los jueces ya nombrados, comparando los dispares niveles de eficiencia entre juzgados con igual infraestructura.
Por último, el académico destaca que la próxima elección de los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura representa una oportunidad inmejorable para debatir el funcionamiento, la transparencia y la eficiencia general de la Justicia.