Una feroz batalla institucional sacude los tribunales bonaerenses tras el insólito freno judicial a la normativa aprobada por el Congreso Nacional.
La polémica medida cautelar desató una dura embestida legal, acusaciones de abuso de autoridad y un inminente pedido de juicio político que amenaza con convertirse en un escándalo de proporciones insospechadas.
El fiscal Hernán Ceruti exigió revocar el controvertido fallo
El fiscal de menores Hernán Ceruti, titular de la Fiscalía en lo Penal Juvenil de Lomas de Zamora, interpuso un recurso de apelación urgente contra la resolución de la jueza Marta Elba Pascual, quien dictó la suspensión del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. Ceruti advirtió que el fallo de la magistrada genera un «gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad», al pretender anular mediante un habeas corpus la vigencia de una ley dictada por el Poder Legislativo.
El representante del Ministerio Público Fiscal argumentó que la decisión «avasalla la labor propia de otros poderes del Estado». En su escrito, remarcó que no se acreditó ninguna acción ilegal o arbitraria contra la libertad de adolescentes, no se identificó a ningún joven detenido de forma indebida ni se probó una situación de alojamiento agravada por la nueva legislación, por lo que la jueza transformó «una posibilidad en una certeza» sin apoyarse en datos concretos.
Embestida contra la jueza: denuncia penal y pedido de juicio político
La polémica surgió cuando la jueza Pascual justificó su fallo sosteniendo que el nuevo régimen podría provocar un aumento masivo de adolescentes privados de la libertad en territorio bonaerense sin que la provincia cuente con la infraestructura suficiente. La respuesta en su contra no se hizo esperar: la ONG Usina por la Justicia presentó una denuncia penal acusándola de los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad, coincidiendo con la apelación de Ceruti al señalar que la magistrada actuó sin pruebas ni informes técnicos.
A la presión judicial se sumó un duro embate político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Su titular, Sebastián Pareja, anticipó que promoverán el juicio político contra la funcionaria judicial, a quien tildó de «jueza del poder y de la política bonaerense», recriminándole su intento de bloquear una ley votada democráticamente por el Congreso Nacional que busca dar respuesta a un reclamo histórico de la sociedad en materia de seguridad.