Las restricciones impuestas por el juez federal Gustavo Villanueva para el acceso del público y de la prensa al juicio por el pedido de extradición del lonko mapuche Facundo Jones Huala, generó el rechazo y pedido de revisión por parte de los gremios.
El miércoles 28 se prevé en el gimnasio municipal N°3 la audiencia en la que se analizarán las pruebas de partes para definir si Jones Huala -detenido en Esquel desde junio pasado- es extraditado a Chile, donde podría ser juzgado por el incendio de una vivienda, tenencia y fabricación de armas caseras y violación a la ley de extranjería.
Según se conoció, el juez Villanueva dispuso un fuerte operativo de seguridad pero además fijó un cupo de 23 asistentes en el público y 7 medios o trabajadores de prensa.
La medida fue rechazada por el Sindicato de Prensa de Bariloche y la Zona Andina que el viernes hizo una presentación formal para pedir al juez que revierta esta disposición que sería contraria al libre acceso a la información que contempla la Constitución Nacional, al derecho al acceso a la información pública y al derecho humano al trabajo.
El gremio indicó que la decisión del juez de Bariloche colisiona además con la Acordada 29/2008 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cita en la resolución por la que determina un cupo limitado de acceso a la prensa; así como con la Guía de Buenas Prácticas para el Tratamiento y Difusión de Información del máximo órgano judicial de la Nación.
Éste último indica que “durante el desarrollo de juicios orales y públicos, así como en la realización por parte de organismos judiciales de audiencias u otro tipo de actos públicos, se procurará garantizar la presencia de periodistas, como un modo de extender la publicidad de tales actividades y acceder así a un público más vasto”.
Agrega el sindicato que la “decisión de permitir únicamente el acceso a siete medios no tiene ninguna justificación válida, teniendo en cuenta además que el lugar escogido para la realización de la audiencia tiene capacidad para más de mil personas sentadas” y cuestionó cómos e realizaría el método de selección.
A este reclamo formal se sumó también la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Autónoma que consideró que “este juez abusa completamente de su autoridad y viola escandalosamente el acceso a la información pública”.
La central obrera exhortó a Villanueva a rever la decisión de restringir el acceso a la prensa “ya que la defensa de la democracia amerita que todas las actuaciones vigentes por este caso sean ampliamente difundidas, debido al alto interés público”.
Concluyó que “es escandaloso que un juez se arrogue la potestad de discriminar, bajo criterios totalmente subjetivos, entre unos y otros periodistas para cubrir un juicio. No se tiene en la memoria tal acción en toda la vida democrática argentina”.
Río Negro