El juez federal Julián Ercolini procesó hoy por supuesto «lavado de dinero» a la ex presidenta Cristina Kirchner y a sus dos hijos, Máximo y Florencia, en el caso Hotesur, en el que se investigan las contrataciones hechas a hoteles de la familia Kirchner por parte de contratistas de obra pública.
El magistrado también le dictó el procesamiento al empresario detenido Lázaro Báez y a su hijo Martín; al socio de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice; al detenidos ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, y Romina Mercado, sobrina de la ex presidenta, entre otros.
El juez, además, trabó embargos a los procesados de hasta 800 millones de pesos cada uno, según consta en el fallo judicial de 439 páginas que emitió esta tarde.
En el caso Hotesur se investiga una supuesta maniobra de lavado de dinero proveniente de sobornos de contratistas de obra pública, como del empresario detenido Lázaro Báez.
Para los investigadores judiciales, los sobornos se habrían pagado a través de la simulación de alquileres de habitaciones del hotel Alto Calafate, administrado por la firma Hotesur, de la familia Kirchner, cuya concesión había sido otorgada a la firma Villa Mitre, de Lázaro Báez.
Los procesados «habrían formado parte de un complejo entramado societario que se desarrolló con el fin de poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado nacional cometida a través de la adjudicación irregular de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz», sostuvo Ercolini en su fallo.
Los acusados «realizaron diversas operaciones comerciales -con las que pretendieron otorgarles a las ganancias antes mencionadas apariencia de legítimas- mediante las cuales se canalizaron los fondos en forma regular desde las empresas de Báez adjudicatarias de dichas obras y sus vinculadas, a Valle Mitre SA -también del empresario nombrado-; fundamentalmente a través de la actividad hotelera», remarcó.
Valle Mitre, «sin contar con capacidad económica ni experiencia en el rubro, administró el hotel Alto Calafate y la hostería Las Dunas -propiedad de la familia Kirchner- y abonó mensualmente en concepto de cánones locativos, sumas de dinero que finalmente se introdujeron en el patrimonio de aquellos, todo con miras a ocultar la fuente real de los fondos y a otorgarles apariencia de lícitos», sostuvo el juez.
Para la ejecución de la maniobra «fue necesario que el fallecido Néstor Kirchner y Cristina Fernández se hicieran de fondos líquidos para poder justificar la adquisición de esos establecimientos hoteleros; en consecuencia registraron entre los años 2005 y 2009 múltiples negocios -en su mayoría con Lázaro Antonio Báez-, en los que también intervino Máximo Kirchner, en nombre de aquellos», según escribió el juez.
Al referirse a la situación particular de la ex presidenta, el juez Ercolini sostuvo que «realizó diversas acciones -junto con otras personas también imputadas en esta causa- con el fin de introducir el dinero obtenido mediante la defraudación al Estado nacional investigada en la causa 5048/16 (por supuesto de direccionamiento de la obra pública) en su patrimonio a través de la actividad hotelera».
«Resultó fundamental para ello -continuó el juez- la estrecha y permanente relación que la encausada mantuvo con Lázaro Báez y otras personas de su entorno, dado que ello posibilitó que se cumpliera con los designios criminales fijados».
La causa en la que se investigó una maniobra supuestamente realizada entre 2007 y 2015, se inició en noviembre de 2014 por una denuncia de la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer, mientras que la ex presidenta había sido indagada por estos hechos en noviembre del año pasado.
El primer juez de la casua fue Claudio Bonadio, quien fue apartado por la sala I de la Cámara Federal porteña, el caso luego pasó por el juzgado de Daniel Rafecas y, finalmente, quedó radicado en 2016 ante el juez Ercolini.
El procesamiento de hoy es el tercero contra la ex mandataria en causas vinculadas con supuestos delitos de corrupción: el primero fue en la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez, y el segundo en el caso conocido como Los Sauces, que tiene las mismas características que Hotesur.
La ex mandataria está procesada, además, por las supuestas irregularidades en la operatoria con dólar futuro en el final de su mandato y por la firma del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán en el marco de la investigación del atentado a la AMIA.
