El fiscal penal platense Álvaro Garganta insistió con su planteo de que se prohíba salir del país al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli; a su ex ministro de Salud, Alejandro Collia, y al empresario Ricardo Miller, a quienes investiga en la causa por la supuesta adjudicación irregular de obras durante la anterior gestión.
Fuentes con acceso a la causa precisaron hoy a Télam que la solicitud fue elevada el jueves a última hora por el fiscal Garganta a la jueza de Garantías platense Marcela Garmendia.
Así lo hizo luego de que el día anterior, la magistrada dictara la inhibición de bienes para los tres imputados en 189.200.000 pesos, cifra estimada por la acusación de las supuestas maniobras irregulares, pero rechazara el planteo para que a los imputados les sea vedada la posibilidad de salir del país sin permiso judicial.
De acuerdo a las fuentes, Garganta manifestó que, “a diferencia de la obligación general de constituir domicilio que recae sobre cualquier imputado, en el caso, la medida restrictiva solicitada constituye un condicionamiento adicional para el caso de que los imputados en esta causa pretendan salir del país, que no le es exigible a cualquier otro imputado en otra causa”.
Así, el fiscal pidió a la jueza que revoque la decisión adoptada y otorgue el recurso de apelación interpuesto y “eleve las presentes actuaciones a la Sala de la Cámara de Apelaciones y Garantías Departamental que corresponda”.
Scioli está acusado de los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso con tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes del funcionario público.
Garganta investiga si en la gestión de Scioli se benefició con contratos de obra pública a la constructora Miller Building International SA, la empresa que construyó las UPA con fondos públicos provinciales.
Además, se investiga si, al mismo tiempo, la constructora tenía negocios privados con Scioli, ya que le alquilaba un predio en Villa La Ñata, Tigre, para montar un emprendimiento hotelero.
En su indagatoria, el ex gobernador Scioli declaró no haber recibido «nunca dádivas de ninguna persona» y sostuvo que «todas las contrataciones» durante su gestión fueron realizadas «en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los organismos de la Constitución y la posterior aprobación por parte del Tribunal de Cuentas, quienes confirmaron su regularidad».
En su escrito, Scioli también negó que se haya «alterado» el procedimiento administrativo del Ministerio de Salud para la provisión de las UPAs en procura de «beneficiar a un proveedor determinado» y planteó que «es totalmente falsa» su supuesta «relación especial con uno de los proveedores».
Entonces, consideró que Miller «accedió a menos del 1 por ciento de las obras públicas, licitadas todas mediante concursos públicos y transparentes y según la ley aplicable a cada caso».