El fiscal federal ante la Cámara Nacional Electoral, Jorge Di Lello, reclamó que se revoque la intervención al Partido Justicialista y se declare la nulidad de todo lo hecho desde que la jueza electoral María Servini tomó esa decisión, el 10 de abril pasado, por entender que esa medida careció de «fundamentación jurídica» y se basó en cuestiones «arbitrarias».
Di Lello emitió un dictamen que no es vinculante para los jueces del máximo tribunal electoral del país, que ahora quedaron en condiciones de resolver -sin plazos-, sobre la decisión de Servini de intervenir el PJ y designar como interventor al dirigente gastronómico Luis Barrionuevo, según el escrito al que accedió Télam.
«Los fundamentos de la sentencia, en su totalidad han sido solamente de carácter político y no jurídico, lo que evidentemente condujo a que se arribara a una conclusión alejada de los preceptos legales y de razonabilidad, que deben acompañar a cualquier intervención jurisdiccional», argumentó el fiscal federal con competencia electoral.
Para la fiscalía, los argumentos esgrimidos por la magistrada al dictar la intervención son «cuanto menos llamativos», de acuerdo el dictamen con duras críticas a la decisión de Servini.
Además, advirtió que el interventor designado, Luis Barrionuevo, «difícilmente podrá cumplir con la ecuanimidad que esa función requiere», teniendo en cuenta que «no resulta ajeno» a las «divisiones» esgrimidas al disponer la intervención.
«Es de público y notorio conocimiento, que el mismo ha tenido una vida política activa en el seno del Partido Justicialista. De este modo, no resulta ajeno a aquellas divisiones tan criticadas por la Sra. Magistrada», afirmó Di Lello en su dictamen, que ahora deberá analizar la Cámara Nacional Electoral.
En este sentido, planteó que esa situación le «impediría» a Luis Barrionuevo «llevar a cabo la normalización que le fuera encomendada con la tolerancia exigida, como lo demuestra la manifiesta experiencia histórica al respecto».
En otro orden, el fiscal consideró «inadmisible» que la magistrada no le haya pedido opinión antes de disponer la intervención, y cuestionó que haya habido «nula producción de prueba», con lo cual -postuló- la jueza incurrió en «ausencia de fundamentación jurídica, a la hora de intervenir el partido político con mayor cantidad de afiliados del país».
Para Di Lello, los fundamentos para ordenar la intervención fueron «arbitrarios» con un «caprichoso y antojadizo accionar».
«La Sra. Magistrada fundamentó la necesidad de la intervención en las derrotas electorales del Partido Justicialista en las últimas elecciones, sin efectuar mayores consideraciones que den sustento a la ‘crisis política’ que invoca como detonante», sostuvo el fiscal con competencia electoral.
En este sentido, advirtió que, de ser ratificada esta medida, con el mismo criterio, los jueces del fueron electoral «se verían compelidos a intervenir a las agrupaciones que resultaren desfavorecidas o perdidosas en los comicios».
«En modo alguno es función de los Jueces Electorales calificar las ideas o proyectos políticos, ni la ausencia de tales, como tampoco lo es determinar cuál es la misión de cada partido político en los distintos momentos que atraviese la Nación, a excepción que sus principios sean contrarios a la Constitución Nacional», analizó Di Lello.
En las consideraciones finales del dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal recordó que lleva 23 años como fiscal electoral y exhortó a los responsables de los órganos partidarios de todas las agrupaciones nacionales y distritales a cumplir las «normas estatutarias y legales» en un contexto en el que se «está produciendo un proceso de liquidez y apatía en las cuestiones públicas institucionales y partidarias que afectan la credibilidad y participación de la ciudadanía en la actividad política de nuestra Nación, base del sistema representativo republicano y federal que rige en la República Argentina»
Di Lello se manifestó así ante la apelacion de los apoderados del PJ y del presidente del partido José Luis Gioja contra la medida que ordenó Servini, quien hizo lugar a un pedido de medida cautelar y, tras disponer la intervención, designó al frente del proceso al gastronómico Luis Barrionuevo.
El planteo que dio origen a la medida -que desplazó de la titularidad del partido al diputado nacional José Luis Gioja- partió de un grupo de dirigentes sindicales, entre los que se contó uno de los triunviros de la CGT, el líder del gremio de los trabajadores de estaciones de servicio, Carlos Acuña.
