Existen 269 funcionarios que ocupan 890 cargos en empresas privadas. Son miembros del gobierno nacional que se desempeñan como autoridades, socios o representantes en los directorios de distintas compañías locales y extranjeras radicadas en la Ciudad de Buenos Aires.
El perfil es transversal: atraviesa a los veinte ministerios y las distintas dependencias que conforman el mapa del Estado. Existen cuatro carteras donde se destaca la presencia de funcionarios con participaciones en firmas privadas: Energía, Desarrollo Social, Modernización y Producción.
Una investigación del Observatorio de las Elites Argentinas perteneciente al Instituto del Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín revela que el 50 por ciento de los ministros convocados por Mauricio Macri ostentan cargos en empresas privadas. “Este criterio de reclutamiento incrementa el grado de exposición a los conflictos de interés y a la captura de la decisión pública”, advirtió la socióloga Ana Castellani, quien coordinó el relevamiento.
El informe identifica que el propio Presidente figura en la actualidad como “autoridad del directorio” de una empresa del grupo Socma: Minera Metales S.A.
Entre los funcionarios involucrados con cargos vigentes en directorios de empresas privadas sobresalen diez individuos por la cantidad de participaciones que registran. En ese listado figuran el Secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, con 33 participaciones en firmas privadas y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, con 13 puestos de autoridad en directorios empresarios. Otros se desempeñan en puestos poco visibles, como el caso de Mariano Grondona Lynch: vocal en el Directorio de la Administración de Parques Nacionales del Ministerio de Ambiente registraba a junio 219 participaciones en directorios de empresas privadas del país y del exterior.
La identificación de los potenciales casos de conflictos de interes fue facilitada por el procesamiento de esas bases de datos realizado por la plataforma digital Socios.Red que coordina Nicolás Grossman. El nuevo informe profundiza la línea de investigación abierta por el Observatorio de las Elites Argentinas en 2016 cuando detectó en su primer documento que tres de cada diez funcionarios jerárquicos reclutados por el gobierno de Macri ocuparon alguna vez un puesto gerencial en sector privado.
“La presencia de personas con trayectorias fluidas de circulación público privada o exclusivamente privada en los altos puestos del Estado es propia de esta gestión: son muchos, están distribuidos prácticamente en todo el entramado estatal (gabinete, empresas públicas, entes reguladores y organismos descentralizados) y a diferencia de otras oportunidades, ocupan puestos de alta visibilidad dentro de la función pública”, sostiene Castellani. Los conflictos de intereses no necesariamente constituyen un delito pero la extendida presencia de funcionarios con participaciones vigentes en empresas privadas incrementa el riesgo de captura de la decisión estatal.
El relevamiento permite identificar además potenciales conflictos de interés como el caso del subsecretario de Sustentabilidad Minera, Juan Manuel Biset, que figura en los registros de la IGJ como representante de la minera brasilera Vale. En la misma línea, el informe menciona los casos del subsecretario de Pesca y Acuicultura, Juan Manuel Bosch, que aparece como representante de la empresa extranjera Sea and Fish Management BV, y el subprocurador del Tesoro de la Nación, Ernesto Luchelli, que participa como autoridad en el Deutsche Bank Suisse.
Las 890 participaciones se distribuyen en dos tipos de empresas: 50 por ciento son cargos en sociedades anónimas locales y 33 por ciento de los cargos son en empresas radicadas en el exterior.
La participación de funcionarios en empresas privadas expuesta en el informe del Observatorio de las Elites Argentinas se conjuga con la extendida presencia de los miembros del Poder Ejecutivo en el mundo offshore. Los investigadores trabajaron con los datos actualizados de la IGJ que depende del Ministerio de Justicia, pero aunque constataron que se trata de “cargos vigentes” reconocen que, en algunos casos, es probable que los funcionarios no se estén desempeñando en la actualidad en esos cargos pero continúen ya que las empresas no hicieron los trámites para dar la baja o, si lo hicieron, no quedó registrado. No obstante, Castellani afirma que los datos permiten sostener que: “a) el criterio de reclutamiento privilegiado por la actual gestión presidencial a la hora de conformar gobierno fue el de incorporar a la gestión hombres y mujeres con experiencia en la gestión privada; b) en el gabinete nacional existe una profunda imbricación y convergencia entre posiciones de elite económica y política, y c) el grado de exposición a los conflictos de interés es elevado y atraviesa a todo el gobierno nacional”.
El documento señala además que el desembarco de empresarios en la estructura del Estado alcanza a áreas como el Ministerio de Desarrollo Social, donde los presuntos beneficios asociados a la “expertise” que tendrían para aportar los hombres y mujeres de negocios no constituyen un argumento válido a la hora de diseñar e implementar políticas sociales. “Es muy poco probable justificar que para desempeñarse en la coordinación de políticas de niñez y minoridad, por ejemplo, el perfil del director de empresa sea el más adecuado. En el ministerio conducido desde diciembre de 2015 por Carolina Stanley, desembarcaron 26 altos funcionarios que figuran como autoridades de directorios o socios de empresas privadas. Una especie de ‘Ministerio SA’”, sostiene el informe que al que accedió este diario. Los autores identifican, por ejemplo, entre los casos “llamativos” al Secretario de Coordinación, Tomás Felix Elizalde que “registra 20 cargos de autoridad en empresas locales y 4 como representante de empresas constituidas en el exterior; también hay 3 funcionarios relacionados con el área de la gestión territorial, que son socios de una misma empresa, LCDTH SRL, dedicada al servicio de expendio de comidas y bebidas”.
