Un grupo bipartidista de senadores presentó una resolución para bloquear una acción militar del presidente Trump contra Venezuela, tras las advertencias del mandatario sobre una inminente «ofensiva por tierra». La medida busca reafirmar el poder del Congreso para declarar la guerra.
La tensión geopolítica en el Caribe alcanzó un nuevo punto álgido en Washington D.C. Este miércoles 3 de diciembre, legisladores demócratas y republicanos presentaron una resolución para limitar las acciones militares del presidente Donald Trump contra Venezuela. Esta iniciativa surge como respuesta directa a la insistencia del mandatario en que una ofensiva terrestre comenzará «muy pronto», y al creciente despliegue militar estadounidense en la región, que algunos análisis sugieren que podría extenderse hasta 2028.
La información sobre la iniciativa parlamentaria fue reportada originalmente por el medio internacional DW. Los senadores argumentan que la Constitución otorga exclusivamente al Congreso el poder de declarar la guerra, un poder que no se ha ejercido contra Venezuela. Este movimiento político ocurre en paralelo a una campaña militar ya en curso, donde el Pentágono ha confirmado 21 bombardeos que han dejado 82 muertos en el Caribe y el Pacífico Oriental.
La batalla constitucional: ¿Quién decide ir a la guerra?
El núcleo del conflicto entre el Capitolio y la Casa Blanca es legal y constitucional. Los senadores Chuck Schumer, Tim Kaine, Adam Schiff y Rand Paul presentaron una Resolución de Poderes de Guerra, una ley federal de 1973 diseñada para limitar la capacidad del presidente de involucrar al país en un conflicto armado sin la autorización del Congreso.
«El pueblo estadounidense no quiere verse arrastrado a una guerra interminable con Venezuela sin un debate público o una votación», afirmó el senador republicano Rand Paul. «Debemos defender lo que exige la Constitución: deliberar antes de ir a la guerra». Por su parte, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, fue contundente: «No hay nada de ‘América primero’ en enviar tropas estadounidenses al peligro para una misión que la Administración no puede justificar, no puede explicar y no tiene autoridad legal para iniciar».
Este tipo de resoluciones tienen «carácter prioritario» y podrían someterse a votación en un plazo de 10 días. No es el primer intento de los legisladores: una medida similar, así como otra dirigida a bloquear los ataques a lanchas sospechosas de narcotráfico, fueron anteriormente bloqueadas.
La «Operación Lanza del Sur»: Una guerra sin nombre que ya comenzó
Mientras el debate constitucional avanza en Washington, los hechos sobre el terreno pintan un panorama de escalada militar. La administración Trump ha denominado Operación Lanza del Sur a su campaña en el Caribe, presentándola como una iniciativa contra el narcotráfico. Sin embargo, el tipo y la escala del despliegue sugieren preparaciones para operaciones más amplias.
Desde el verano de 2025, Estados Unidos ha desplegado en la región su mayor concentración naval desde la Guerra Fría. Esta incluye al portaaviones USS Gerald R. Ford, más de una docena de buques de guerra, un submarino nuclear y la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines, entrenada específicamente para desembarcos anfibios. En total, se estima que hay más de 15,000 efectivos movilizados.
La logística revela la intención de una presencia duradera. Documentos oficiales del Departamento de Defensa muestran contratos para el suministro de alimentos a estas fuerzas que se extienden hasta noviembre de 2028, casi coincidiendo con el final de un eventual segundo mandato de Trump. «Estos documentos sugieren que la administración Trump planea mantener una presencia militar significativamente mayor en el Caribe durante el resto del mandato», señaló un analista citado en la investigación.
Reconfiguración geopolítica y reacciones regionales
El despliegue militar ha reconfigurado el mapa estratégico del Caribe. Puerto Rico se ha convertido en una plataforma logística clave, con la reactivación de la base naval Roosevelt Roads y el estacionamiento de miles de marines. De manera más controvertida, Trinidad y Tobago, a pocos kilómetros de la costa venezolana, acoge maniobras de fuerzas estadounidenses, lo que el presidente Nicolás Maduro ha denunciado como una amenaza a la paz regional.
Aunque países como Guyana, Ecuador, Paraguay y Argentina han expresado respaldo a la estrategia antidrogas de Trump, otros como Panamá han negado participar en actos hostiles contra Venezuela. La primera ministra de Trinidad y Tobago, sin embargo, calificó la cooperación como una alianza «profunda y duradera».
La resolución presentada en el Senado estadounidense representa un freno institucional a una escalada que, según legisladores de ambos partidos, carece de justificación legal y de un debate democrático. En los próximos días, la votación de esta medida marcará un precedente crucial sobre los límites del poder presidencial y el rumbo de la política exterior de Estados Unidos en una de las regiones más tensas del continente.
