Días después de convertirse en imputado colaborador en la causa de los cuadernos de la corrupción, Ángelo Calcaterra primo de Mauricio Macri, volvió a los Tribunales de Comodoro Py y presentó un escrito en la causa en la que está imputado en una causa vinculada a Odebrecht.
Se trata de la investigación sobre la construcción del soterramiento del Tren Sarmiento. Según confirmaron a Clarín, el empresario presentará un escrito ante el juzgado.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, tras un pedido del fiscal Franco Picardi, citó a indagatoria al ex dueño de Iecsa junto a otros imputados, todos acusados en la causa que investiga el pago de sobornos e irregularidades en la adjudicación de la obra del soterramiento del Tren Sarmiento.
Las indagatorias pedidas por el fiscal Franco Picardi, se toman en el marco de la investigación por el presunto pago de sobornos y sobreprecios en las obras del soterramiento del tren Sarmiento. Iecsa, la ex empresa de Calcaterra -primo del presidente Mauricio Macri- era parte del consorcio de firmas lideradas por Odebrecht. También fueron citados los demás integrantes de la UTE: representantes de Ghella, Comsa.
En el marco del Lava Jato, los dueños de Odebrecht admitieron haber pagado 36 millones de dólares a funcionarios argentinos hasta el 2015 para manipular diversos contratos de obra pública. Es sólo una porción de los más de 700 millones de dólares que pagaron en otros once países para obtener obras.
En ese contexto, en Comodoro Py hay tres causas sobre licitaciones adjudicadas a la constructora brasileña, sospechadas de irregularidades administrativas, sobreprecios y pago de sobornos.
La obra del soterramiento que investiga Martínez De Giorgi, cotizada en 3.000 millones de dólares, fue otorgada al consorcio constituido por Odebrecht, IECSA (entonces de Calcaterra), Ghella y ComSa SA. Por el escándalo de las coimas, en junio del año pasado la brasileña se fue de la obra.
Las indagatorias que incluyen a Julio De Vido y concluirán el 17 de octubre con el Corcho Rodríguez (señalado como intermediario entre los funcionarios y la firma Odebrecht) bajo la premisa de que hubo un “direccionamiento” de la licitación a favor del consorcio, y luego se generaron «modificaciones en el contrato original» que esconderían los supuestos sobreprecios y coimas.
Para el magistrado las instancias administrativas y una serie de reuniones realizadas previo a la licitación, y el intercambio de e-mail donde «se habla del pago de sobornos», explicaría «el presunto direccionamiento de dicho proceso, los alcances de la contratación y sus modificaciones en beneficio del consorcio ganador», que integraba entonces la constructora IECSA.
Todos los imputados están acusados de participar en lo que Martínez De Giorgi denominó como «anómalas circunstancias»señaladas por un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que conduce Sergio Rodríguez y que expusieron «sospechas en torno a los sucesos acaecidos en relación proceso licitatorio que se vinculan de manera directa con los pagos efectuados por parte de la empresas adjudicatarias de la obra, a la empresa CAESA y aquellos confesados por la empresa Odebrecht», indica la resolución.
Sólo en la licitación se consignaron al menos 21 irregularidades: entre ellas, «se efectuó mediante un procedimiento de etapa múltiple, sin presupuesto ni crédito legal y poniendo en cabeza de los oferentes el proyecto de ingeniería y ejecutivo», además, «no se cumplieron los plazos de publicación del llamado exigidos», «se modificaron algunas cuestiones esenciales del Pliego de Bases y Condiciones Generales a requerimiento de los oferentes», entre otras.
El fiscal Picardi cree que los sobornos se pagaron a través de la empresa CAESA de Manuel Vázquez, ex asesor de Jaime en la Secretaría de Transporte, por unos 600 mil pesos, y por pagos a través de empresas offshore radicadas en el exterior.
Se trata de una red de empresas. Por un lado, las empresas Controles y Auditorias Especiales SL de España (CYAES) y CAESA -, y aquellas que se habrían utilizado para recibir el «pago de sobornos efectuados por parte del grupo Odebrecht, a través de la cuenta de la empresa off shore “Klienfeld Service Ltd”.
En este contexto, el juzgado siguió la ruta del dinero, «los pagos que se han podido identificar con destino a los funcionarios públicos investigados, emanaron directa o indirectamente de sociedades que integraron la UTE contratada y se presentan,a la luz de las pruebas colectadas, como la contraprestación y justificación del desarrollo irregular señalado». En relación a la millonaria obra, se distinguieron al menos dos formas en las que se materializó la maniobra de pagos irregulares. Por un lado, a través de pagos a la empresa CAESA, por servicios de consultoría presuntamente inexistentes, y también, por intermedio de transferencias «que se enmarcan en el esquema internacional de pago de coimas montado por el Grupo Odebrecht a través desde su “División de Operaciones Estructuradas”, concretamente materializadas desde y hacia cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore», señaló Martínez De Giorgi.
Parte de esta ruta de fondos se investigó en base a unos correos electrónicos entre Vázquez y Marcelo Couri Ribeiro integrante de Odebrecht. Se destacó que «en dichos correos, éste último habría dejado asentado que Javier Sánchez Caballero, gerente de IECSA, mantuvo reuniones para tratar el pago de coimas del soterramiento del Tren Sarmiento».
Para el Juez ños ex funcionarios y los apoderados de las empresas privadas adjudicatarias «que hubieren intervenido de manera efectiva en el expediente y/o participando en reuniones con los funcionarios públicos intervinientes». Como así también, los responsables dela firma CAESA S.A., señalados como intermediarios entre la firma brasileña y los ex funcionarios.
Clarín
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