El juez Marcelo Orlando rechazó un planteo del defensor del imputado Pablo Korn y esté seguirá imputado del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Enrique Korn, padre y defensor del ex funcionario, había argumentado que a su asistido no se le permitió el derecho a legítima defensa. Manifestó que los fiscales que investigan el caso, no le permitieron declarar, aportar pruebas y documentación cuatro días después –el 20 de septiembre del año pasado- de que diputados provinciales del Frente para la Victoria, presentaran la denuncia por presuntos sobreprecios en la adquisición de materiales eléctricos para Comodoro Rivadavia tras una situación emergencia climática que afectó severamente los servicios en esa ciudad. Korn estaba a cargo de los Servicios Públicos de la provincia y los elementos que se compraron se adquirieron a Oscar D’Amico, de un comercio del rubro de la ciudad de Trelew, allegado además –según los fiscales- a Korn. Este último se encuentra imputado en la misma causa como partícipe necesario.
El juez Marcelo Orlando en la audiencia de este martes convalidó la postura de los fiscales Alex Williams y Omar Rodriguez, en el sentido de que el derecho a la legítima defensa comienza luego de la apertura de investigación que homologa un juez y no en la investigación previa que realizan los fiscales tras la recepción de una denuncia. El abogado Korn, ante la posibilidad del revés en la resolución del juez Orlando, hizo “reserva Federal” del caso adelantando la posibilidad de una impugnación.
Por otra parte como continuidad de la audiencia, se constituyeron tres querellantes para apuntalar la acusación e investigación junto a los fiscales. Se trata de la Fiscalía de Estado, la Oficina Anticorrupción y los diputados denunciantes. Mario Romeo por la Oficina Anticorrupción, Javier Dominguez por la Fiscalía de Estado y Martin Mesa por los diputados del Frente para la Victoria.
Todos los querellantes coincidieron con la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal además de la calificación legal que eligieron. El juez Marcelo Orlando convalido a los nuevos querellantes no obstante las impugnaciones que podrá realizar la defensa.
Los hechos que se investigan
Los fiscales investigan lo ocurrido el año pasado durante la emergencia climática en Comodoro Rivadavia. Para Williams y Rodriguez, el imputado Pablo Korn en carácter de subsecretario de servicios públicos del Chubut, priorizo direccionar las compras a su “amigo y socio” Rubén D’Amico sin haber siquiera realizados consultas a proveedores de esa ciudad o de la ciudad de Trelew.
Se trata de la compra de materiales por algo más de 3.700.000 pesos realizados al comercio de D’Amico para restablecer parte de los servicios públicos afectados por un fuerte temporal que sobre fines de marzo y principios de abril del año pasado azotó la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Rodríguez manifestó que “la posibilidad de contratar en forma directa durante una emergencia, no habilita a los funcionarios provinciales para que hagan cualquier cosa. Por ejemplo contratar a un amigo. Es obligación del funcionario justificar por qué eligió a ese proveedor”.
También manifestó que durante la investigación previa al pedido de apertura de investigación, “hemos reunido documentación y entrevistas que demuestra que en Comodoro Rivadavia y en Trelew hay otros proveedores del Estado, y que a ellos no les compraron nada”. También Rodriguez se refirió a la imputación elegida, la de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la modalidad de delito continuado en calidad de autor (Korn) y de partícipe necesario (D’Amico)”. Dijo que esta figura penal “no exige daño contra el Estado, como podría ser por ejemplo un posible sobreprecio. Ni siquiera que haya existido un beneficio propio para Korn. En este caso la víctima es el Estado por el accionar de un funcionario que no le fue fiel”, destacó.
Rodriguez ya había destacado en la audiencia de apertura de investigación, el significado que tiene en el proceso penal esta audiencia. Dijo que “la audiencia de apertura de investigación es una garantía que tiene la persona sospechada de un delito para que pueda acceder a toda la prueba y documentación que existe en su contra. El objetivo es que tenga todos los elementos en sus manos a fin de revertir durante el proceso la hipótesis del Ministerio Público Fiscal”.