Casi un cuarto del ingreso mínimo de los trabajadores se destina a pagar servicios públicos. En apenas tres años, Argentina pasó de tener unas de las más bajas a las más altas tarifas de gas, luz, agua y transporte de América latina. La carga de los servicios públicos sobre el salario mínimo se multiplicó por cuatro.
El peso de los servicios públicos sobre el salario mínimo vital y móvil se multiplicó cuatro desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada. Estimaciones realizadas por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda evidencian que las tarifas se llevan el 23,5 por ciento del total del piso legal para los ingresos laborales. Antes del recambio presidencial esa relación alcanzaba apenas al 6 por ciento. Argentina pasó así a ocupar el tercer lugar entre los países sudamericanos con mayor incidencia de las tarifas sobre los salarios mínimos. Solo la superan Venezuela y Chile. Apenas tres años atrás, el país exhibía la incidencia más baja de toda la región.
“La principal línea argumentativa del gobierno para desmantelar el esquema de subsidios vigente entre 2002 y 2015 es que la energía cuesta y hay que pagarla. Si no se tiene un equilibrio fiscal, el rojo se verá traducido en una mayor emisión e inflación”, señala el informe al resumir la argumentación ortodoxa detrás de los tarifazos. “Transcurridos casi tres años de los cambios implementados, el panorama es completamente opuesto a lo que se auguraba”, sostiene el informe de la Undav, al apuntar que los aumentos aceleraron la inflación y resintieron la actividad económica sin ofrecer mejoras significativas en materia de producción de hidrocarburos o expansión de la cobertura. A la política tarifaria se suma el estancamiento en la actualización del salario mínimo.
“Argentina se posicionaba como el país de la región con las tarifas de los servicios públicos más accesibles. Sin embargo la política tarifaria llevada adelante desde diciembre de 2015 coloco los valores en niveles similares a los de los países con tarifas más caras”, advierte el reporte. El ranking lo encabeza Venezuela donde, según las estimaciones del obervatorio, las tarifas representan el 36,5 por ciento del salario mínimo. La segunda posición la ocupa Chile donde los servicios públicos insumen hasta 24,9 por ciento del piso salarial. La tercera es para Argentina con 23,5 por ciento del SMVM que llegó al podio en menos de tres años y en el cuarto lugar quedó Brasil donde los servicios básicos consumen el 20,6 por ciento. El quinto escalón corresponde a Perú con un 19,5 por ciento y el sexto lugar corresponde a Ecuador la relación entre las tarifas y el ingreso mínimo asciende al 19,2 por ciento. Las estimaciones realizadas por los investigadores de la Undav contemplaron los servicios residenciales de electricidad, gas natural y agua.
“De criticar el gasto populista en subsidios económicos que mejoraba la calidad de vida de la gente, se pasó a naturalizar el pago de intereses que hace el Estado al capital financiero que para el presupuesto 2019 superará los 560.000 millones de pesos”, expresan los investigadores de la Undav, al advertir que “el endeudamiento que generó la creciente carga de intereses no modificó las condiciones ni la capacidad productiva del país, sino que financió la fuga de divisas”. Los economistas del Observatorio de Políticas Públicas estimaron que los aumentos registrados a lo largo de los últimos tres años alcanzaron al 2057 por ciento en gas natural, el 1491 por ciento en energía eléctrica y casi un 1000 por ciento en el servicio de agua potable. En materia de transporte, se observaron ajustes del 677 por ciento en peajes, 375 en el boleto del tren, 332 en colectivos de corta distancia y un 177 por ciento en el pasaje de subte.
“Las empresas obtuvieron tasas de ganancia suculentas en este tiempo, lo que pone de manifiesto la problemática de sostener una política de dolarización de las tarifas de energía para los usuarios sean hogares o empresas. En última instancia lo que termina deteriorándose son las condiciones del mercado interno que debe soportar mayores costos para pagar de sobremanera un recurso que argentina tiene a disposición”, sostiene el documento al reflejar que entre en el primer semestre de 2018 las distribuidoras eléctricas Edesur, Edenor y Edelap incrementaron sus resultados 240, 174 y 674 por ciento, respectivamente.