Quedó establecido en el ámbito provincial que un condenado penal deberá hacerse cargo de los costos de la investigación que lo halló culpable de un delito.
Se trata de una instrucción que el Procurador General de la Provincia, Jorge Miquelarena, da a las fiscalías en el marco de un déficit presupuestario y de caja que afecta al Ministerio Público Fiscal.
El documento expresa que la situación actual del MPF “afecta el mejor cumplimiento de sus cometidos constitucionales. Que la apuntada situación ha motivado que se recurra a mecanismos legales existentes para obtener recursos propios los que, aunque magros, permiten alcanzar algunas mejoras”.
El fundamento de la resolución “se encuentra en el principio legal de imposición de costas a quien causa el litigio procesal; los gastos de la investigación penal, una vez encontrado el responsable y condenado por el hecho, deben ser soportados por éste”.
“Se trata de recursos valiosos que pueden ser recuperados y redirigidos a nuevas investigaciones penales, aliviando la inversión estatal”.
Finalmente indica que “resulta de importancia estratégica que los integrantes del MPF incorporen estas funciones haciéndolas propias de su tarea cotidiana”.
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