El exdelegado local del IPV es juzgado por los delitos cometidos durante su gestión. Fiscalía afirma que durante el debate se pudo comprobar la responsabilidad penal del imputado.
El juicio oral y público contra Reyna concluyó hoy con los alegatos de las partes y en ese marco la fiscal general, Camila Banfi, solicitó que el acusado sea declarado penalmente responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con falsedad ideológica; exacciones ilegales en concurso ideal con falsedad ideológica; cohecho pasivo, por favores sexuales a cambio de una unidad habitacional; cohecho activo 4 hechos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La fiscal Camila Banfi argumentó que a lo largo del debate se pudo probar con testigos y documentación pertinente la responsabilidad penal de Reyna en cada uno de los delitos que formaron parte de la acusación y en razón de ello solicitó a la presidente del tribunal unipersonal, Mónica García, que lo condena a una pena de 4 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Por su parte, Guillermo Iglesias, defensor del acusado, cuestionó las pruebas y descalificó a los testigos de la causa. Además atribuyó las máximas responsabilidades al expresidente del IPV, Ricardo Trovant y al exgobernador, Martín Buzzi, requiriéndose la absolución de su asistido.
Se debe saber que a Reyna se lo acusa por haber cometido fraude para beneficiar a determinadas personas con la adjudicación de viviendas, así como de haber percibido coimas y también de pedirle favores sexuales a una mujer, madre de un chico discapacitado.
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