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Una presunta maniobra defraudatoria que perjudicó a decenas de vecinos de Comodoro Rivadavia, es investigada por la Justicia. Según se indicó, la mayoría de ellos abonó 100 mil pesos para acceder a una vivienda del IPV.

En relación con las estafas de viviendas que la Fiscalía de Comodoro Rivadavia investiga y que arrojaron una serie de allanamientos en la ciudad petrolera, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut confirmaron el secuestro de teléfonos celulares, computadoras, documentación, y la identificación de al menos seis personas que estarían vinculadas a la causa. Hay, al menos, 53 personas damnificadas. Los operativos contaron con la presencia y supervisión del jefe de la Policía del Chubut, Andrés García; el fiscal general, Martín Cárcamo; el jefe de la División Policial de Investigaciones de Comodoro Rivadavia, Pablo Lobos, personal policial de la Unidad Regional local y de distintas dependencias, y el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz.

Seis sospechosos

Fuentes oficiales detallaron que «en total, a través de procedimientos en distintos puntos de la ciudad, se identificó a seis personas, se incautaron tres teléfonos celulares, una computadora notebook y documentación vinculada al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV)», agregando que «se informaron todos los resultados a la Fiscalía y a las autoridades judiciales para que dispongan las medidas posteriores que contribuyan a desarrollar la investigación en curso».

Dos presuntos líderes 

Desde la Fiscalía de la localidad petrolera indicaron que los investigadores persiguen dos hipótesis. La primera, vinculada a una presunta estafa piramidal. En segundo orden, podría tratarse de una metodología que involucre actores políticos.

La denuncia inicial fue realizada por el edil Omar Lattanzio, luego de que tomara estado público la situación de los integrantes de una cooperativa, que dijeron haber abonado -cada uno- 100 mil pesos para acceder a la inscripción por una vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV).

Si bien actualmente no hay personas imputadas y tampoco detenidas, la investigación apunta a un hombre y una mujer como líderes de la operatoria: esta última sería familiar de una conocida figura política de Comodoro Rivadavia.

«Honorarios y obras»

El fraude habría tenido lugar a mediados de 2023, pero tomó estado público luego de meses de falta de respuestas ante las promesas realizadas a quienes habían abonado una suerte de costo de inscripción a viviendas del IPV. Los damnificados ya prestaron declaración ante la Justicia, incluso precisaron que dicho monto estaba discriminado en 80 mil pesos por «honorarios de gestión», y otros 20 mil pesos por presuntas obras de tendido eléctrico a realizar.

Sigue ka investigación

La cooperativa de viviendas operaba, al menos, en tres grupos de WhatsApp. Hasta el momento, la Justicia no detectó que hubiera integrantes del IPV involucrados en la maniobra, aunque tampoco descartó dicha posibilidad.

Luego de una denuncia por estafa de venta de viviendas del IPV, las autoridades correspondientes realizaron allanamientos. Las víctimas depositaban $100.000 para acceder a viviendas que nunca se entregaban. Tras diligencias, identificaron a los responsables y realizaron cuatro allanamientos, tres autorizados por el juez Alejandro Soñis. Lattanzio expresó su consternación por la falsa esperanza vendida a los afectados y confirmó que le informaron que Vanesa Fita es la hermana de Gustavo Fita.

Se secuestraron elementos relevantes para la investigación. La denuncia se presentó tras quejas de vecinos sobre la cooperativa de viviendas.

Durante una entrevista en Radio del Sur 97.1, el concejal Omar Lattanzio reveló detalles impactantes sobre la presunta estafa en la venta de viviendas pertenecientes al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Lattanzio compartió que, tras reunirse con vecinos afectados, descubrió un patrón de ventas fraudulentas de propiedades del IPV que se remontaba a un período prolongado. Los testimonios recopilados incluían pruebas como comprobantes de transferencias por valores de hasta $80,000 y depósitos de $20,000 bajo la apariencia de pagos de servicios básicos, resultando en un perjuicio total de alrededor de $100,000.

En sus declaraciones, Lattanzio mencionó a Vanesa Fita como presunta implicada en el esquema fraudulento, revelando que desconocía su identidad hasta ese momento. Según el concejal, los vecinos que lo contactaron formaban parte de un grupo de WhatsApp donde compartían evidencia en forma de fotos de las propiedades y aproximadamente 10 comprobantes. Lamentablemente, muchos de ellos temían denunciar debido al miedo: “La gente que me citó participaba de un grupo de Whatsapp donde había fotos de las viviendas, eran 53 personas y me mostraron alrededor de 10 comprobantes. La gente no quería hacer la denuncia porque tenían miedo”.

Tras presentar una denuncia formal el día 5, Lattanzio elogió la pronta respuesta de las autoridades policiales: “El día 5 hice la denuncia y este sábado se hicieron los allanamientos por esta maniobra fraudulenta” .

El concejal destacó que Vanesa Fita afirmaba tener la autorización del gobernador para realizar estas transacciones ilegales, algo que él considera completamente falso. En conclusión, Lattanzio expresó su consternación por la falsa esperanza vendida a los afectados y confirmó que le informaron que Vanesa Fita es la hermana de Gustavo Fita.

Fuente: ArgentarNoticias

La rúbrica se concretó este martes, junto a la titular del Instituto Provincial de la Vivienda, Ivana Papaianni. La funcionaria adelantó además que este año se prevé licitar la construcción de 100 viviendas más en la capital provincial.

El intendente de Rawson, Damián Biss, firmó este martes con la titular del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) del Chubut, Ivana Papaianni, un acuerdo por el cual la Municipalidad capitalina recibirá fondos para refaccionar las casetas de los guardavidas en Playa Unión.

Además, se anticipó que el IPV realizará durante este año un concurso privado de precios para construir 5 casetas más, con el objetivo de que estén disponibles para la próxima temporada de verano.

De manera adicional, la titular del IPV adelantó que durante este año se prevé realizar el llamado a licitación para construir 100 viviendas, que se sumarán a las que actualmente se edifican en Rawson.

Luego de la rúbrica del acuerdo, Papaianni explicó que “en el marco de la Fiesta Nacional del Atlántico Sur celebramos un compromiso para que, con la firma de hoy, la Municipalidad pueda recibir fondos para la refacción de las casetas existentes”.

Y adelantó: “En este trimestre vamos a hacer un concurso privado de precios para que se sumen dos casetas más en la zona sur, y tres más en el segundo semestre de este año”. El objetivo es que “en la temporada que viene, además de tener refaccionadas las casetas existentes, la Municipalidad de Rawson cuente con 5 casetas más”.

“La amplia geografía de Playa Unión permite que vacacionen todos nuestros vecinos de localidades aledañas. Y nos complace dar la seguridad correspondiente, acompañando al municipio en esa tarea”, indicó la funcionaria provincial.

Acerca de los tiempos afirmó: “Los concursos privados de precios son procesos menores que las licitaciones, pero en el transcurso del año vamos a estar ejecutando estas 5 casillas, así como la Municipalidad va a hacer las refacciones durante este mes de febrero”.

Viviendas y créditos

En relación con la construcción de viviendas, dijo que el Instituto tiene “una expectativa de máxima de llegar a 1.100 viviendas en ejecución en todo Chubut y, en este trimestre, de 300 viviendas”.

“En Rawson puntualmente estamos ejecutando 95 viviendas en el Área 12 que tienen como fecha de entrega el mes de marzo”, indicó.

Además, “estamos ejecutando 16 más las 80 que corresponden al sector de empleados municipales, y poniendo en obra un llamado a licitación en este 2023 de 100 viviendas más”.

 

 

Este jueves se realizó la segunda sesión extraordinaria del año en Concejo Deliberante de la ciudad. La misma fue convocada por el Poder Ejecutivo para tratar temas vinculados a la obra pública: puesta en valor del Parque de la Ciudad, cesión de terrenos municipales al IPV para la construcción de viviendas y asfaltado de varias arterias de la ciudad.

EL CHUBUT conversó con Dardo Petroli, concejal de Chubut al Frente sobre los temas sesionados, “hay varios proyectos que se encaran con Nación y con Provincia. El primero es del parque de la ciudad, se celebró un convenio con Parques Argentinos que permite licitar una puesta en valor de todo lo que es el parque de la ciudad de Puerto Madryn con una inversión de ochocientos millones de pesos que va a implicar la remodelación de la pista de atletismo, los baños, la forestación, los juegos, las salas y los espacios de usos múltiples.” y agregó que “Esta inversión no solo será deportiva sino también, cultural y recreativa, se van a construir veredas, mejores disposiciones para los bancos y lugares donde las personas se puedan sentir más cómodas”.

Por otra parte, Petroli informó que “se aprobó la cesión de terrenos municipales al Instituto Provincial de la Vivienda para la construcción de doscientas treinta y cuatro casas en distintos barrios de Puerto Madryn, en límite entre lo que es el Perón y el Progreso, en el PROCREAR; que va a permitir la construcción de viviendas de trescientos metros cuadrados en total.” e indicó que esto implicó también “una modificación al Código de Planeamiento Urbano en esos lugares para que los planes de Nación y Provincia puedan construir las casas que ellos ya tienen especificadas para tales fines”.

La pavimentación de varias calles de la ciudad también fue un tema a tratar en segunda sesión extraordinaria del año. Prevén asfaltar las calles Perito Moreno entre Lewis jones y Lavalle, Arenales entre Av. Roca y Mitre; también se incluyó el adoquinado en calle Ayacucho, Adolfo Rapoport, y calle Uruguay; calle Mathews entre Jenkins y Libertad, “Se llamó a abrir los registros de oposición y se declaró de utilidad pública innumerables artes que hoy van a ser objeto de llamado a licitación, de no oponerse los vecinos, tanto para pavimento como para adoquinado.” dijo el edil.

Sobre los temas aprobados, Petroli indicó que son beneficiosos para la ciudad y los madrynenses debido a que tanto la construcción de viviendas, el parque de la ciudad y el asfalto, “va a implicar la contratación de mano de obra, el mejoramiento del parque y a que muchas familias de Madryn puedan acceder a su primera vivienda”.

Como siguen los proyectos 

Según el concejal, “La semana siguiente se giran las ordenanzas al departamento ejecutivo municipal que va a hacer la publicación, en el caso del parque, al llamamiento de licitación; se van a girar los expedientes relativos a las tierras al IPV para que estimen los tiempos para la construcción; y también los vecinos se podrán expresar respecto al pavimento y la utilidad pública de las arterias que se han determinado en el sesión del concejo”.

Nuevo utilitario para el área de salud municipal 

También se rectificó un convenio firmado entre el municipio y el Banco Macro en el cual el banco dona un utilitario al área de Salud del Municipio, “es importante por todo lo que representa esa área y permite que el banco despliegue su función social dando una mano a la comunidad.” cerró Petroli.

La coordinadora del Grupo SOS Casa Familiar de Comodoro Rivadavia, Andrea Mansilla, se refirió al reclamo que vienen realizando desde el día de ayer en las oficinas de la delegación local del IPV. “Literalmente esto es tierra de nadie. Nosotros agotamos todas las instancias, pero no les interesa sentarse en una mesa y dialogar. No se te puede ir la vida esperando por un techo propio”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “hace más de un año que le venimos reclamando al IPV. Hay gente que está a la espera de una casa desde hace más de 30 años”.

“Hay una ausencia total de respuestas. En Febrero de este año nos prometieron hacer entrevistas sociales con visitas domiciliarias pero estamos en Septiembre y no han hecho nada de nada”, dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “la gente del IPV nos bloqueó en los celulares para que no los molestemos. Tienen una apatía y una desatención total hacia nosotros”.

“Todas las familias que representamos tienen una emergencia habitacional”, indicó.

En este marco, aseguró: “Es una realidad de que en Comodoro la gente vive hacinada, en espacios reducidos y de forma precaria”.

“Nosotros no somos piqueteros, ni vivimos de planes. Somos familias trabajadoras”, destacó.

Finalmente, Mansilla concluyó: “Nadie se quiere hacer cargo de la delegación local del IPV por todos los chanchuyos que se cometieron acá. Literalmente es tierra de nadie. Agotamos todas las instancias, pero no les interesa sentarse en una mesa y dialogar. No se te puede ir la vida esperando por un techo propio”.

La referente del Grupo SOS Casa Familiar de Comodoro Rivadavia Andrea Mansilla, confirmó que tras no tener respuestas sobre el tema de viviendas por parte del IPV, realizarán un acampe hasta lograr una reunión con las autoridades de la delegación local del Instituto de la Vivienda. “Hay familias que están anotadas hace más de 30 años y siguen sin poder solucionar su problema habitacional. La gente está desesperada”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “el famoso listado de las viviendas del IPV se lo entregue a Alejandra Robledo y a Ivana Papaiani, pero hasta el momento no se ha hecho nada al respecto y esto podría llevarle soluciones a las familias que más lo necesitan”.

“No se hace nada y ya no se puede seguir esperando. La gente está desesperada porque con la crisis económica que estamos atravesando a nivel país, muchos vecinos no pueden pagar un alquiler, ni conseguir un trabajo bien remunerado, entonces viven como pueden”, dijo.

Asimismo, aclaró que “hay familias que están anotadas hace más de 30 años y siguen sin poder solucionar su problema habitacional”.

“En Comodoro, el Estado no esta presente para dar soluciones habitacionales. No existe la posibilidad de poder pagar una casa en cuotas accesibles”, indicó.

En este marco, recordó que “la construcción de 128 viviendas en Comodoro Rivadavia fue un anuncio vergonzoso teniendo en cuenta que en la ciudad hay más de 11.000 personas inscriptas en el IPV”.

“A todo esto hay que sumarle que lamentablemente las casas no llegan a las familias que realmente las necesitan. Estamos exigiendo que nos atiendan las autoridades correspondientes para tener una solución concreta”, afirmó.

Finalmente, Mansilla concluyó: “El IPV hace oídos sordos, no nos escuchan. La gente no tiene donde vivir. Tomamos la decisión de acampar porque no nos queda otra cosa por hacer”.

Ivana Papaianni mantuvo un encuentro de trabajo con el intendente local, equipos técnicos y responsables de la empresa que ejecutara la obra.

La gerenta general del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), Ivana Papaianni, junto al equipo técnico del organismo mantuvieron un encuentro con el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, ante el inicio de las obras de la tercera etapa del barrio Nueva Chubut.

Papaianni informó que “participaron del encuentro equipo técnico de la Municipalidad y responsables de la empresa Fabri, quienes empezaron la obra de la tercera etapa del barrio Nueva Chubut con financiamiento internacional, a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que conduce Jorge Ferraresi”.

“Se están llevando adelante obras que mejoran la infraestructura de los servicios y mitigan el escurrimiento del agua. Es muy importante que los vecinos nos permitan el abordaje de áreas conjuntas con nuestros equipos ambientales y sociales para ejecutar de manera rápida y eficiente las obras que permitirán ordenar la conectividad de Puerto Madryn y mejorar la calidad de vida de los vecinos”, expresó la gerenta general.

Papaianni indicó además que “en marzo estará en funcionamiento el equipo de ejecución de la empresa contratista como de los equipos municipales y del IPV recorriendo la intervención con una obra de más de 350 millones de pesos que incluye la sede vecinal en esta etapa”.

Recordemos que el instituto provincial de la vivienda fue el eje central de la polémica este año por reincorporar empleados que fueron condenados por hechos de corrupción en el mismo organismo, los trámites para llevar a cabo las medidas actuales ¿estarán a cargo de esos mismos agentes?

El miércoles 3 de noviembre de este año volvieron a trabajar en el IPV los agentes Onieva, Acosta, Caro y Medina Consoli. Estos fueron condenados por llevar a cabo prácticas fraudulentas que consistieron en entregar viviendas a un grupo determinado de personas a cambio de coimas dinerarias entre los años 2011 y 2014, justamente en el mismo organismo.

Ahora, la titular del IPV Ivana Papaiani, salió a comunicar una nueva operatoria que consistirá en el sorteo de 200 créditos a ciudadanos con terrenos escriturados para que puedan construir viviendas en esos fundos.

¿Tenemos que confiar en que los procedimientos van a estar totalmente exentos de irregularidades? ¿O van intervenir también empleados con ganas de currar?

Todavía no hemos recibido ninguna respuesta de parte de Papaiani sobre cuáles fueron los motivos que la influenciaron a volver a sumar al plantel del IPV a esa gentuza, ¿existirán intereses espurios entre ella y esos personajes?

¿Tendrá algo que ver el hecho de que el organismo haya alcanzado un incremento de recaudación de un 12%? Según las declaraciones de Papaiani del 15 de abril de este año se debió al vigente sistema de recupero de cuotas, pero dados los antecedentes que presentan algunos integrantes de sus oficinas nos resulta inevitable dudar un poco.

Nota relacionada: Increíble: Fueron condenados por coimas y volvieron a trabajar en el IPV

La provincia cada vez mas sumida en la corrupción nos vuelve a desayunar con otro suceso que nos deja más en claro el tipo de gente que se encuentra desempeñándose en el poder público.

Entre el 2011 y 2014 existieron maniobras ilegales en el Instituto Provincial de la Vivienda que consistieron en la entrega de 81 viviendas del barrio Ciudadela de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a particulares a cambio de dinero, lo que configura delitos gravísimos de corrupción.

Para esto, los involucrados consignaron falsamente datos personales de los beneficiados, omitieron clasificación de documentación respaldatoria, entre otros artificios; todo a los efectos de facilitar la obtención de viviendas a los seleccionados mientras los otros postulados debían superar un mar de trámites burocráticos para recibir el mismo beneficio.

Los condenados por esta causa fueron Abel Reyna, Darío Acosta, Fabiana Onieva, Ana Caro y Vanesa Medina Consoli.

Aunque parezca un chiste mal improvisado, parte de los condenados (Onieva, Acosta, Caro y Medina Consoli) volvieron a trabajar este miércoles al mismo organismo donde cometieron sus delitos, en el IPV.

Lo que antes considerábamos una exageración hoy es un hecho real, somos testigos de la designación de funcionarios corruptos en cargos públicos donde cometieron delitos, ¿sucederá lo mismo si de pronto se ventilan hechos de robo de dinero en el Banco Del Chubut? ¿Volverían a emplear para trabajar con dinero a funcionarios que robaron dinero en el mismo lugar en el que lo hicieron?

Sospechábamos que en esta provincia el gobierno no respetaba las leyes, pero no nos imaginábamos que sería para tanto.

Debería ser de manual la aplicación del artículo 49 de la ley provincial I-74, que establece la cesantía, entre otros supuestos, por “negligencia grave en el cumplimiento de sus funciones”.

Pero la actual titular del IPV, Ivana Papaiani se ve que desconoce las leyes sobre las cuales se asienta el funcionamiento íntegro de la administración pública, o bien sería una persona que sin una pisca de pudor protegería abiertamente a los funcionarios corruptos ¿Se sentirá identificada con ellos en alguna particularidad?

Estaría bueno que nos conteste respondiéndonos la razón de volver a incorporar a esta gente al organismo, puesto a que como estamos informados, Papaiani es un fiel lectora de nuestro portal.

Puede dar fe de eso uno de nuestros seguidores que por el hecho de vincularla en hechos de corrupción en los comentarios de uno de nuestros artículos periodísticos recibió una carta documento de ella.

Los “condenados” nunca habrían dejado de percibir sus sueldos y los tenemos nuevamente en la función pública.

“Acá no ha pasado nada”, deben bromear entre ellos, ahogados de risa y jolgorio en las oficinas del IPV.

El arquitecto Martín Iparraguirre asumió como delegado del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en la zona sur en octubre de 2018, en reemplazo de Daniel Carrizo quien fue destituido tras ser denunciado por situaciones de maltrato contra empleados del IPV.

A tres años de su gestión, Iparraguirre presentó su renuncia en los últimos días y confirmó que  se hará efectiva a partir del 1° de noviembre, por lo que emitió un comunicado dirigido a los vecinos de Comodoro Rivadavia y localidades de la zona sur de Chubut.

He presentado mi renuncia al cargo de delegado del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano a partir del 1 de noviembre, agradeciendo de modo especial a todo el personal que – durante estos 3 años , ha acompañado con espíritu de equipo y compromiso social, un periodo de intenso trabajo”, explicó.

No brindó mayores precisiones de los motivos por los que presentó su renuncia, sin embargo agradeció el agradecimiento del gobernador Mariano Arcioni, autoridades del IPV, organismos y comunidad en general en estos años de gestión  en los que “no faltaron contrariedades y desafíos”.

UNA GESTIÓN QUE DENUNCIÓ

Desde su asunción, Martín Iparraguirre, denunció en reiteradas ocasiones tráfico de influencias para la adjudicación de viviendas y que formaron parte de una investigación que llevó adelante la justicia por estafas en la adjudicación de viviendas. La primera denuncia la radicó en febrero de 2019. “Luego de hacer un seguimiento de un caso particular, presenté ante la Fiscalía una denuncia penal por circunstancias en las cuales se estaba traficando económicamente la ocupación de una vivienda en un barrio de Comodoro”, reconoció en ese momento.

Pero luego vendrían otras denuncias, como la realizada en febrero del 2020 cuando denunció posibles casos de tráfico de influencia y cobros para agilizar trámites y adjudicaciones. «“No hay manera de que pudiera entrar tal o cual persona de un modo ilegal”, indicó sobre situaciones internas que habrían permitido este tipo de delitos y sobre la búsqueda de documentación para presentar las correspondientes denuncias.

Ese año, meses después – más precisamente en septiembre – denunciaría un incendio intencional dentro de las oficinas del IPV.  Por una ventana de la calle del fondo “se habría arrojado material incendiario en un sector donde nosotros tenemos los archivos de la delegación, pero esto lo van a determinar las pericias”, había señalado el funcionario en ese momento y no descartando, que tuviera que ver con las denuncias que  realizaba por esos meses.

Fuente: ADN Sur