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Ivana Papaianni mantuvo un encuentro de trabajo con el intendente local, equipos técnicos y responsables de la empresa que ejecutara la obra.

La gerenta general del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), Ivana Papaianni, junto al equipo técnico del organismo mantuvieron un encuentro con el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, ante el inicio de las obras de la tercera etapa del barrio Nueva Chubut.

Papaianni informó que “participaron del encuentro equipo técnico de la Municipalidad y responsables de la empresa Fabri, quienes empezaron la obra de la tercera etapa del barrio Nueva Chubut con financiamiento internacional, a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que conduce Jorge Ferraresi”.

“Se están llevando adelante obras que mejoran la infraestructura de los servicios y mitigan el escurrimiento del agua. Es muy importante que los vecinos nos permitan el abordaje de áreas conjuntas con nuestros equipos ambientales y sociales para ejecutar de manera rápida y eficiente las obras que permitirán ordenar la conectividad de Puerto Madryn y mejorar la calidad de vida de los vecinos”, expresó la gerenta general.

Papaianni indicó además que “en marzo estará en funcionamiento el equipo de ejecución de la empresa contratista como de los equipos municipales y del IPV recorriendo la intervención con una obra de más de 350 millones de pesos que incluye la sede vecinal en esta etapa”.

Recordemos que el instituto provincial de la vivienda fue el eje central de la polémica este año por reincorporar empleados que fueron condenados por hechos de corrupción en el mismo organismo, los trámites para llevar a cabo las medidas actuales ¿estarán a cargo de esos mismos agentes?

El miércoles 3 de noviembre de este año volvieron a trabajar en el IPV los agentes Onieva, Acosta, Caro y Medina Consoli. Estos fueron condenados por llevar a cabo prácticas fraudulentas que consistieron en entregar viviendas a un grupo determinado de personas a cambio de coimas dinerarias entre los años 2011 y 2014, justamente en el mismo organismo.

Ahora, la titular del IPV Ivana Papaiani, salió a comunicar una nueva operatoria que consistirá en el sorteo de 200 créditos a ciudadanos con terrenos escriturados para que puedan construir viviendas en esos fundos.

¿Tenemos que confiar en que los procedimientos van a estar totalmente exentos de irregularidades? ¿O van intervenir también empleados con ganas de currar?

Todavía no hemos recibido ninguna respuesta de parte de Papaiani sobre cuáles fueron los motivos que la influenciaron a volver a sumar al plantel del IPV a esa gentuza, ¿existirán intereses espurios entre ella y esos personajes?

¿Tendrá algo que ver el hecho de que el organismo haya alcanzado un incremento de recaudación de un 12%? Según las declaraciones de Papaiani del 15 de abril de este año se debió al vigente sistema de recupero de cuotas, pero dados los antecedentes que presentan algunos integrantes de sus oficinas nos resulta inevitable dudar un poco.

Nota relacionada: Increíble: Fueron condenados por coimas y volvieron a trabajar en el IPV

La provincia cada vez mas sumida en la corrupción nos vuelve a desayunar con otro suceso que nos deja más en claro el tipo de gente que se encuentra desempeñándose en el poder público.

Entre el 2011 y 2014 existieron maniobras ilegales en el Instituto Provincial de la Vivienda que consistieron en la entrega de 81 viviendas del barrio Ciudadela de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a particulares a cambio de dinero, lo que configura delitos gravísimos de corrupción.

Para esto, los involucrados consignaron falsamente datos personales de los beneficiados, omitieron clasificación de documentación respaldatoria, entre otros artificios; todo a los efectos de facilitar la obtención de viviendas a los seleccionados mientras los otros postulados debían superar un mar de trámites burocráticos para recibir el mismo beneficio.

Los condenados por esta causa fueron Abel Reyna, Darío Acosta, Fabiana Onieva, Ana Caro y Vanesa Medina Consoli.

Aunque parezca un chiste mal improvisado, parte de los condenados (Onieva, Acosta, Caro y Medina Consoli) volvieron a trabajar este miércoles al mismo organismo donde cometieron sus delitos, en el IPV.

Lo que antes considerábamos una exageración hoy es un hecho real, somos testigos de la designación de funcionarios corruptos en cargos públicos donde cometieron delitos, ¿sucederá lo mismo si de pronto se ventilan hechos de robo de dinero en el Banco Del Chubut? ¿Volverían a emplear para trabajar con dinero a funcionarios que robaron dinero en el mismo lugar en el que lo hicieron?

Sospechábamos que en esta provincia el gobierno no respetaba las leyes, pero no nos imaginábamos que sería para tanto.

Debería ser de manual la aplicación del artículo 49 de la ley provincial I-74, que establece la cesantía, entre otros supuestos, por “negligencia grave en el cumplimiento de sus funciones”.

Pero la actual titular del IPV, Ivana Papaiani se ve que desconoce las leyes sobre las cuales se asienta el funcionamiento íntegro de la administración pública, o bien sería una persona que sin una pisca de pudor protegería abiertamente a los funcionarios corruptos ¿Se sentirá identificada con ellos en alguna particularidad?

Estaría bueno que nos conteste respondiéndonos la razón de volver a incorporar a esta gente al organismo, puesto a que como estamos informados, Papaiani es un fiel lectora de nuestro portal.

Puede dar fe de eso uno de nuestros seguidores que por el hecho de vincularla en hechos de corrupción en los comentarios de uno de nuestros artículos periodísticos recibió una carta documento de ella.

Los “condenados” nunca habrían dejado de percibir sus sueldos y los tenemos nuevamente en la función pública.

“Acá no ha pasado nada”, deben bromear entre ellos, ahogados de risa y jolgorio en las oficinas del IPV.

El arquitecto Martín Iparraguirre asumió como delegado del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en la zona sur en octubre de 2018, en reemplazo de Daniel Carrizo quien fue destituido tras ser denunciado por situaciones de maltrato contra empleados del IPV.

A tres años de su gestión, Iparraguirre presentó su renuncia en los últimos días y confirmó que  se hará efectiva a partir del 1° de noviembre, por lo que emitió un comunicado dirigido a los vecinos de Comodoro Rivadavia y localidades de la zona sur de Chubut.

He presentado mi renuncia al cargo de delegado del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano a partir del 1 de noviembre, agradeciendo de modo especial a todo el personal que – durante estos 3 años , ha acompañado con espíritu de equipo y compromiso social, un periodo de intenso trabajo”, explicó.

No brindó mayores precisiones de los motivos por los que presentó su renuncia, sin embargo agradeció el agradecimiento del gobernador Mariano Arcioni, autoridades del IPV, organismos y comunidad en general en estos años de gestión  en los que “no faltaron contrariedades y desafíos”.

UNA GESTIÓN QUE DENUNCIÓ

Desde su asunción, Martín Iparraguirre, denunció en reiteradas ocasiones tráfico de influencias para la adjudicación de viviendas y que formaron parte de una investigación que llevó adelante la justicia por estafas en la adjudicación de viviendas. La primera denuncia la radicó en febrero de 2019. “Luego de hacer un seguimiento de un caso particular, presenté ante la Fiscalía una denuncia penal por circunstancias en las cuales se estaba traficando económicamente la ocupación de una vivienda en un barrio de Comodoro”, reconoció en ese momento.

Pero luego vendrían otras denuncias, como la realizada en febrero del 2020 cuando denunció posibles casos de tráfico de influencia y cobros para agilizar trámites y adjudicaciones. «“No hay manera de que pudiera entrar tal o cual persona de un modo ilegal”, indicó sobre situaciones internas que habrían permitido este tipo de delitos y sobre la búsqueda de documentación para presentar las correspondientes denuncias.

Ese año, meses después – más precisamente en septiembre – denunciaría un incendio intencional dentro de las oficinas del IPV.  Por una ventana de la calle del fondo “se habría arrojado material incendiario en un sector donde nosotros tenemos los archivos de la delegación, pero esto lo van a determinar las pericias”, había señalado el funcionario en ese momento y no descartando, que tuviera que ver con las denuncias que  realizaba por esos meses.

Fuente: ADN Sur

Según el nuevo informe, en toda la provincia hay 30.607 postulantes inscriptos en planes de viviendas, concentrándose en Comodoro Rivadavia, Trelew (con 6.456), Puerto Madryn (3.804) y Esquel (2.938) los grupos más numerosos, en lógica proporción a la mayor cantidad de habitantes.

Paralelamente, se contabilizan 630 inscriptos para líneas de préstamos gestionados a través del organismo, para familias que pueden disponer de un terreno para llevar adelante la construcción. De esas operatorias, Comodoro Rivadavia refleja 126 inscripciones, mientras que la mayor cantidad está en Trelew, con 317.

Objeto de estafas, aprietes y pedidos de coimas

La alta necesidad de viviendas en Comodoro Rivadavia ha sido disparador para hechos de corrupción vinculados con el manejo del organismo en la ciudad, tanto a través de autoridades directas como de personas indirectamente relacionadas, pero con grados de influencia vinculados al funcionamiento de la dependencia.

Años atrás se condenó a un grupo de personas, encabezadas por el entonces delegado Abel Reyna, quien fue condenado a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos, por los delitos de “cohecho en concurso real con concusión (exigencia de dádivas y favores a personas inscriptas por una vivienda), ambos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público; en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público”, sentencia que fue confirmada en mayo de 2019 por la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y ratificada en octubre de ese año por el Superior Tribunal, cuando rechazó el recurso de queja de la defensa.

Y en septiembre del año pasado estalló un nuevo escándalo judicial, por el que hoy permanece detenido con prisión domiciliaria Maximiliano González, acusado de haber conformado una asociación ilícita desde el interior del organismo para vender ‘carpetas’ de viviendas supuestamente adjudicadas, a 190 personas que, en carácter de víctimas o a sabiendas de que se trataba de una operatoria irregular, pagaron importantes sumas de dinero.

La causa tiene como coimputadas a otras personas: Griselda Fanny Jonás, Gloria Edith Vargas, Claudia Soledad Britez, Ariel Alberto Villagrán, Marcela Griselda Soria, Luis Alejandro Linco, Exequiel Manuel Villagra, María Elizabeth Monsalve, Patricia Soledad Pereira, Vanesa Ayala y Viviana Millaquen.

La investigación fue declarada como causa compleja y tiene plazo para formular la elevación a juicio hasta marzo del año próximo, mientras que fuentes vinculadas a la investigación anticiparon  que en el 23 de octubre pidió declarar una de las imputadas, por lo que posterior a esa instancia se estará en condiciones de formalizar la acusación.

Además, está previsto un viaje a Misiones, antes de fin de año, para verificar propiedades que los integrantes del grupo habrían adquirido en aquella provincia. El monto de esas operaciones, verificado a través de transacciones bancarias, asciende a los 20 millones de pesos.

Fuente: ADN Sur

El grupo de vecinos que ayer ocupó las oficinas del IPV pasó la noche en el lugar. El edificio se encuentra cerrado al público.

Durante el mediodía del martes un grupo de vecinos ocupó las oficinas del IPV en reclamo del sorteo de las viviendas de Valle Chico, realizado el pasado viernes. Piden que se vuelvan a sortear y, según indicaron, no se van a retirar hasta que les den una respuesta.

Los vecinos pasaron la noche en las instalaciones del IPV, algunos de ellos dentro del edificio y otros están apostados en el exterior. Durante la noche, armaron una carpa que a primera hora de este miércoles fue retirada y por estas horas permanecen al lado de una pequeña fogata.

De acuerdo a lo informado por una de las vecinas, el edificio está cerrado con llave y no pueden pasarle alimentos ni bebidas a las personas que se encuentran en el interior. Tampoco dejan que usen el baño de las instalaciones.

Asimismo, recordó que en la tarde de ayer las 16 mujeres que llevan adelante el reclamo firmaron un acta con la delegada zonal del IPV Marisa De Luca, «donde constatamos que nosotros necesitamos las viviendas», dijo. Agregó que «la lucha es por todos los compañeros que necesitamos y que vean el caso, impugnar no nos sirve de nada».

Además, afirmó que «el sorteo no fue transparente y la gente quedó disconforme. Vamos a continuar hasta que tengamos una respuesta», aseguró.

Otro de los vecinos que se encuentra en el exterior de las oficinas del IPV pidió que «aparezca el intendente porque también tendría que darnos una respuesta con terrenos, que haga algo».

Además solicitaron que le permitan utilizar el baño del edificio a las personas que están adentro y que abran las puertas para pasarles alimentos.

Un grupo de vecinos se acercó a la delegación del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), tras el sorteo de adjudicatario de vivienda, tras un cruce con la Delegada De Luca decidieron quedarse en el edificio hasta obtener una respuesta.

En el lugar se encuentran cerca de 30 personas las cuales denuncian que hay gente sorteada que no están en la ciudad de Esquel o que tienen hijos mayores de edad.

La Delegada De Luca les planteo que realicen la impugnación de manera formal y ofreció realizar un acta donde se detalle los reclamos.

En el lugar también se encuentra un fuerte operativo policial.

Recordemos que el pasado viernes se llevó a cabo el sorteo para acceder a las viviendas del IPV en la Zona de Valle Chico con un total de 108 viviendas.

Fuente: El Chubut

La información indica que en la noche del pasado lunes tres mujeres, quienes se encontraban acompañados por sus hijos menores de edad, pretendieron ocupar  viviendas en la zona de Valle Chico las cuales deberán ser entregadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) a sus adjudicatarios una vez que finalice la veda que marcan los tiempos del proceso electoral.

La crónica también relata que luego de tomar contacto con autoridades policiales y del municipio local se logró la firma de un acta. Las tres mujeres dejaron el lugar, pero allí quedó una consigna policial para evitar que se produzcan nuevamente situaciones de similares características.

Hasta allí la información que tiene cierto correlato con el intento de ocupación de terrenos que tuviera lugar en las últimas semanas. El intento de ocupación es el factor común, pero también lo es la necesidad de contar con una vivienda digna.

Queda claro, no obstante, que esa necesidad no justifica transitar el camino de lo incorrecto, de aquello que está por fuera de la ley y que además se convierte en un factor negativo al momento de legitimar un reclamo.

Si pretendemos mirar un poquito más allá de la crónica de los hechos podemos observar un detalle para nada menor: el derecho a la vivienda sigue siendo materia pendiente. Los gobiernos, de todos los niveles y de cualquier pertenencia política, tienen una deuda con la sociedad respecto de este tema.

También es materia pendiente la posibilidad de contar con un empleo que permita pagar un alquiler y una regulación efectiva para que estos últimos tengan relación con los ingresos familiares.

¿Serán, quizás, estos temas (generación de empleo y acceso a una vivienda digna) aquellos de los que el electorado pretende escuchar ideas y propuestas?. Lo más cercano a las preocupaciones cotidianas de la gente puede ser considerado obvio, pero es también lo fundamental.

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, junto a su vice Alejandro Marqués, recibieron a la Gerente General del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) Ivana Papaianni para oficializar la firma un acta compromiso de colaboración que permitirá la asistencia financiera individual a damnificados por la catástrofe socio ambiental.

El acuerdo establece créditos para obras de viviendas nuevas por un monto 2 millones 800 mil pesos (hasta 44 metros cuadrados) y refacción de viviendas por un monto máximo de 1 millón 500 mil pesos

A partir del decreto 200/21 se creó el Programa de reconstrucción y asistencia financiera en el marco del decreto 127/2021 que establece la emergencia ígnea en la zona. Se trata de una asistencia para otorgar préstamos individuales a partir de planos municipales aprobados con asistencia técnica a beneficiarios damnificados por el siniestro.

“Apuntamos a alcanzar a la totalidad de los damnificados a partir de iniciativas acordes a cada caso particular, por eso estamos agradecidos de contar con la presencia de diversas entidades que pueden aportar soluciones a la catástrofe socio ambiental que azotó a la región”, expresó el intendente.

La ejecución de la obras será de 18 meses de primer desembolso de ejecución de la obra, con una amortización 360 cuotas mensuales y los damnificados podrán optar entre presentar su propio proyecto o adoptar el prototipo del IPV. A partir del acuerdo habrá un intercambio en torno a las solicitudes para evitar dobles intervenciones.

Quienes deseen acceder deben estar contemplado dentro del relevamiento de daños del municipio, presentar el certificado correspondiente, ser titulares del inmueble, de nacionalidad argentina y residencia estable en Chubut y no deberán contar con otros inmuebles.

Fuente: Municipalidad de Lago Puelo

Bertorini se refirió al manejo de la gestión del IPV, a la situación económica, los fondos nacionales y provinciales destinados a las obras de viviendas.

Este lunes también declaró en el juicio por la causa Revelación el arquitecto Alejandro Bertorini, quien se desempeñó como presidente del Instituto Provincial de la Vivienda entre 2015 y 2016.

En su relato informó que promediando su gestión empezó a advertir situaciones no deseadas haciendo referencia a un supuesto clientelismo político en la atribución de viviendas a tal punto de advertir que se había adulterado el padrón de beneficiarios en favor de “personas allegadas o militantes”. Añadió que “había pedidos indebidos de viviendas para parientes o amigos”.

El ex presidente del IPV explicó que su relación con Carpintero era mala. “Me habían pedido la renuncia del gerente general del Instituto porque me advertían que su tarea en relación a las cooperativas era deficiente”, acotó.

El funcionario era Guillermo Meyer y lo había designado Bertorini por ser una persona de su confianza. “Me hicieron saber que debía designar en su reemplazo a Jorge Etchepareborda, quien se desempeñaba en el área de cooperativas del IPV. Me negué a ello y luego renuncié”.

También declaró en esta jornada la contadora Sandra Torres, quien se desempeñó como Directora General de Administración del IPV. La funcionaria hizo un pormenorizado relato del proceso de la administración de los fondos del instituto y la metodología de pagos de certificados de obra.

LA LISTA DE BORTAGARAY

Torres resaltó la situación de endeudamiento que la provincia tenía por ese entonces. Se decretó la emergencia económica para poder manejar la deuda que alcanzaba los $ 500.000.000. En razón de ello la contadora explicó que los pagos se analizaban junto al presidente del IPV y se priorizaban las situaciones financieras de cada empresa que estaban cada vez más complicadas.

La funcionaria explicó también que el entonces presidente del IPV Martín Bortagaray le explicó que se confeccionaría una lista de empresas para pagar en ocasiones que él no estuviera en la zona y debía mandársela por correo electrónico con copia a Diego Correa.

“Ya después Correa me mandaba mensajes directamente para chequear la lista y pedir incorporar pagos a otras empresas como Menedin, Igarzábal, Sudelco”, mencionó.