Este jueves se presentaron cuatro denuncias penales contra el presidente saliente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Ralph Douglas Haiek, y el ex gerente general de ese organismo, Juan Francisco Victorino García Aramburu, por “malversación de caudales públicos”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “falsedad ideológica” en resoluciones dictadas y “omisión de deberes”.
Los delitos atribuidos abarcan penas, en caso de que sean declarados culpables, que van desde la inhabilitación para ejercer cargos públicos y hasta dos años de prisión.
Las diversas acusaciones fueron presentadas por la Asociación de Productores y Realizadores Independientes (APRI), Directores Independientes de Cine (DIC) y Documentalistas Argentinos (DOCA).
Están referidas a dejar de otorgar créditos de fomento, a partir de la asunción como presidente del INCAA de Haiek. La causa, que se tramita en el Juzgado Federal 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, se basa en que la entidad no otorgó ni un solo crédito de fomento en los últimos 24 meses, algo inédito en toda la historia del INCAA.
Otra de las acusaciones, que se dirime en el Juzgado Federal 4, presidido por Ariel Lijo, está referida a la malversación de los fondos destinados a subsidios a películas nacionales, desviándolos a fines distintos a los establecidos por el artículo 29 de la Ley de Cine
En el Juzgado Federal 8, cuyo titular es Marcelo Martínez de Giorgi, se tramita una acusación por incumplimiento de la cuota de pantalla para películas nacionales según determina la Ley del Cine.
El INCAA es el organismo de control respectivo y las autoridades incumplieron su obligación de inspeccionar, verificar, hacer cumplir y sancionar las violaciones en materia de cuota de pantalla, de acuerdo con la presentación realizada por las asociaciones mencionadas. En especial, se aclara, la incumplieron al aceptar que cuando un complejo multisala debía exhibir, por ejemplo, 5 películas nacionales, den por cumplida su obligación si proyectaban cinco copias de una misma película.
La última de las denuncias, que avanza en el Juzgado Federal 7, a cargo de Sebastián Casanello, está referida a ocultar información y falta de transparencia en el manejo de fondos, ya que la ley que obliga a someter el presupuesto del INCAA al Consejo Asesor que ordena el art. 5 de la Ley de C, órgano de cogobierno que tiene la función de aprobarlo o rechazarlo.
Según informaron las asociaciones denunciantes, está previsto solicitar que se extienda la investigación a otros actos, como la elusión de las licitaciones obligatorias, el incumplimiento de las normas vinculadas al Consejo Asesor -órgano de cogobierno y contralor previsto por la Ley de Cine que hace más de un año que ni siquiera fue nombrado-, la ilegalidad en la tramitación del presupuesto -nunca sometido al Consejo Asesor, como exige la Ley
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