Antes de que finalizara el primer mes del 2020, la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez procesó a seis altos mandos de la Armada Argentina por la tragedia del submarino ARA San Juan, que portaba 44 tripulantes. En la misma resolución descartó investigar al expresidente Mauricio Macri.
La magistrada los acusa por los delitos de estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes de oficio. Se trata de delitos que tienen una pena que van desde el mes a cinco años. Además los embargó por entre $2,5 y $3,5 millones.
Los procesados por Yáñez son integrantes de la Armada Argentina que, entiende, tuvieron directa responsabilidad en el desenlace final del submarino que cumplía misiones de control del mar argentino y que fue hallado a 907 metros de profundidad, a unos 500 kilómetros del Golfo San Jorge, a la altura de Comodoro Rivadavia.
En tanto, la magistrada rechazó el pedido de las querellas para que se investigue al expresidente Mauricio Macri, al asegurar que “si bien todo el aparato de la Defensa Nacional se encuentra bajo dependencia militar del Presidente, eso no significa que existiera en su cabeza la obligación de ejercer funciones operativas”. También afirmó que Oscar Aguad, exministro de Defensa no podía conocer las deficiencias del submarino.
La resolución generó malestar entre las familias. Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de uno de los submarinistas, dijo en diálogo con TN.com.ar que la determinación de Yáñez “es una farsa” y que las penas que se les otorgarán a los acusados “será menor” a los tres años, por lo que serán excarcelables.
Procesados
Entre estos se encuentra, Luis Enrique López Mazzeo, extitular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA), al que se lo embargó por un total de $3,5 millones. Según la resolución a la que accedió TN.com.ar, era el encargado de fijar y supervisar el cumplimiento de las normas de alistamiento, sostener los medios asignados y entender en su mantenimiento.
“Queda claro que no fijó, ni supervisó adecuadamente el cumplimiento de las normas de alistamiento, ni entendió en el adecuado y correcto mantenimiento del submarino ARA San Juan, ya que, como quedó demostrado, el imputado estaba en cabal conocimiento del estado en que se encontraba la unidad, de las novedades de material que había presentado durante 2017 y que venía acarreando de años anteriores y, sin embargo, ordenó realizar las operaciones con una o dos unidades submarinas”, destacó la magistrada.
Otro de los procesados es el excomandante de la Fuerza de Submarinos (COFS) y Autoridad de Control Operativo de las Unidades Submarinas de la Armada, Claudio Javier Villamide, que como autoridad de control operativo de los submarinos, “omitió las diligencias necesarias y propias del cargo que ostentaba en lo que respecta al alistamiento y el mantenimiento de las Unidades a su cargo”.
Para la magistrada, Villamide “no controló que se cumpliera con el correcto alistamiento del ARA San Juan”, agrega TN.
A lo largo de la resolución la magistrada enumera los inconvenientes que presentaba el submarino ARA San Juan, entre estos, el de la válvula E19, circuito clave para la investigación, que intenta determinar si el agua hizo contacto con las baterías debido a una falla en este mecanismo que debió haber evitado el paso del líquido.
Tres meses antes de la tragedia, el Capitán Pero Martín Fernández alertó que el mecanismo no cerraba correctamente y que se había producido ingreso de agua de mar a través de esta válvula. “La única posibilidad es la falta de estanqueidad de la E19”, alertó el comandante.
Por su parte, a Luis Enrique Malchiodi, exJefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada, se le cuestionó los incumplimientos en la administración de los repuestos correspondientes a las unidades navales. Se lo embargó por 3,5 millones de pesos.
Hector Anibal Alonso, exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y como Oficial Evaluador del Alistamiento (O.E.A), debía asistir al Comandante de la fuerza de submarinos, en el alistamiento de las unidades y en la evaluación de los niveles alcanzados por las unidades submarinas, pero para Yáñez no lo hizo. Se le trabó un embargo de $2,5 millones.
En tanto, Hugo Miguel Correa, exjefe del Departamento de Operaciones, Jefe de División Operaciones, Jefe de Cargo de Navegación, Jefe del Cargo de Comunicaciones y Jefe de CENCOMSUB, del Comando de la Fuerza de Submarinos, debía, entre otras tareas, dirigir las comunicaciones del comandante de la fuerza de submarinos a través de la central de comunicaciones. También se le achaca responsabilidades en la desaparición.
El último de los procesados es Jorge Andres Sulia, al que se lo embargó por $2 millones. En su condición de Jefe del Departamento de Logística y Jefe de la Sección Mantenimiento del Comando de la Fuerza de Submarinos, omitió, para la Jueza, las diligencias propias de los cargos que desempeñaba. Permitió que la nave zarpara pese a su conocimiento sobre la falta de mantenimiento para las unidades TR 1700 y en especial no hizo caso a las novedades informadas por su capitán, el comandante Pedro Martín Fernández.
