Es por el caso de Santiago Goodman. «Si la persona condenada no esta conforme con la decisión, goza del derecho de apelación ante otros Tribunales», sostiene el comunicado oficial.
La Asociación Civil de la Magistratura y Funcionariado Judicial rechazó las expresiones «agraviantes» contra las magistradas que han intervenido como fiscal general y jueza, María Tolomei, del caso Santiago Goodman.
«El Poder Judicial tiene la responsabilidad de investigar las conductas delictivas, incluidas aquellas que se cometan durante una protesta, sin que ello signifique criminalizar o judicializar el reclamo gremial o social. Si la persona condenada no esta conforme con la decisión, goza del derecho de apelación ante otros Tribunales», dice el comunicado.
Una de esas denuncias es la de maltrato, discriminación y violencia de género que impulsa una dependiente suya, la fiscal Florencia Gómez. Y la otra, es la que le hizo la licenciada Viviana Caminos en representación de una organización que lucha contra “la trata” y la prostitución infantil, que lo acusó de ser cómplice de un médico forense de los tribunales de Trelew al que le encontraron en sus computadoras material de pornografía infantil –dicen– bajado de la “Deep Web”.
A esta altura de las circunstancias, ya nadie duda que Fernando Rivarola es un “protegido” del también cuestionado Jorge Miquelarena, su jefe y el de todos los fiscales de la provincia.
Miquelarena fue el que lo sacó de Esquel y lo trajo a Rawson cuando en la cordillera, hace ya casi cinco años, lo denunciaron por “espionaje ilegal” en un proceso en la Justicia Federal que –de repente– quedó en la nada.
Desde esos tiempos “Yoli” “lo banca”; como ha protegido a otros malvados que devolviéndole favores han terminado siendo “soldaditos” suyos, en los lugares en los que el propio Miquelarena los ha puesto para que le cuiden las espaldas. Hay varios ejemplos en Trelew, Madryn y Comodoro.
Lo de Rivarola resulta hasta exagerado o demasiado evidente: Miquelarena lo protegió cuando todo el país le pedía la renuncia o que lo echaran del Poder Judicial por su polémica calificación de “desahogo sexual”, al definir en una causa penal de enorme repercusión el accionar de varios violadores que en playa Unión habrían sometido a una adolescente, en un aberrante hecho que justamente en estos días, en Rawson, está siendo debatido en juicio oral (no público).
La fiscal Florencia Gómez que trabaja en la fiscalía de Rawson bajo las ordenes de Rivarola, aseguró públicamente en su momento haberse cansado de su destrato y falta de respeto, inclusive delante de otras personas y lo denunció ante el Consejo de la Magistratura en octubre del año pasado por violencia de genero después que –según dijo—el procurador General Jorge Miquelarena –el jefe de ambos– no hiciera nada para resolver lo que la doctora Gómez había advertido de Rivarola.
La fiscal, al hablar en los medios de su denuncia contra Rivarola, contó que constantemente (siendo su jefe en la fiscalía de Rawson) desmerecía su trabajo, lo desprestigiaba y que no la trataba como a un par. Explicó que los maltratos y la violencia contra ella empezaron en enero de 2019; ni bien Rivarola llegó al Ministerio Publico Fiscal capitalino trasladado desde Esquel, en donde también tuvo problemas con los empleados.
“Lamento haber tenido que llegar a esta situación, de tener que denunciarlo”, se lamentó la fiscal Gómez, “porque hubiese sido mucho más próspero para nuestro trabajo el que esta persona hubiera cambiado su actitud conmigo”, agregó en sus declaraciones a la prensa, con motivo de la presentación que hizo y que va a tener tratamiento en las próximas reuniones del Consejo de la Magistratura.
Esta denuncia –que dicen, sería todo un problema para Rivarola—se suma a la que le hizo la Licenciada Viviana Caminos, ex directora del Programa de Rescate y Asistencia a Víctimas de Trata por Explotación Sexual y Laboral de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Justicia y actual presidenta de la RATT (Red de alto al tráfico y la trata).
Caminos cree que Rivarola protegió a un médico miembro del Cuerpo Forense de los tribunales de Trelew, al que aparentemente le gustaba consumir y compartir material de pornografía infantil, y que por esa razón fue denunciado por la mismísima organización internacional Missing Children, que tiene una rama que se dedica a rastrear pederastas por el mundo.
Parece que Rivarola incurrió en un delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y que habría pruebas suficientes para llevarlo a juicio. Le cuestionan su tardía actuación ante la denuncia que le hicieron al médico forense.
No haber pedido su apartamiento del cargo y no realizar enseguida diligencias que son urgentes cuando hay menores involucrados. Rivarola, sostienen sus acusadores, actuó como abogado del denunciado y no como fiscal. Y hasta acordó con él un “juicio abreviado”.
No son pocos los que están expectantes sobre qué dictaminará el Consejo de la Magistratura con respecto a estas dos denuncias en contra del polémico fiscal.
Justamente, en estos días, en el organismo se analizará una de las presentaciones y algunos observadores creen que no lo protegerían como lo hicieron en otras denuncias a las que terminaron desestimando, con lo cual vienen tiempos difíciles para el “protegido” de “Yoli” Miquelarena.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut pidió nuevamente que las resoluciones judiciales sean «sometidas a críticas» o recurridas a «otras instancias judiciales», a fin de cumplir con la «cultura democrática» que promueve el régimen democrático. También rechazó el «hostigamiento indebido» que reciben, por ejemplo, integrantes del Ministerio Público Fiscal frente a algunas actuaciones en el debido proceso.
La estructura judicial emitió un comunicado referido a que en «los últimos tiempos se produjeron reiteradas manifestaciones ante los Juzgados de Familia de Comodoro Rivadavia que cuestionan las resoluciones judiciales adoptadas por sus integrantes o por magistrados/as del fuero penal». A razón de los mencionado, la Asociación Civil de la Magistratura y Funcionariado Judicial reiteró la necesidad de que «las resoluciones judiciales estén sometidas a crítica, como parte de un fundamento esencial de nuestra cultura democrática, así como la posibilidad de recurrirlas ante otras instancias judiciales si no se está conforme con ellas, resguardando así el debido proceso y derecho de defensa en juicio para todas las partes involucradas».
Desde el bloque de magistrados «no soslayamos las dificultades que deben afrontar los/as ciudadanos/as que someten sus conflictos familiares a la Justicia, cuya complejidad nos impone en forma permanente a revisar los procesos de trabajo para mejorar la respuesta judicial, lo que también implica una adecuada actuación de las partes en cada proceso».
HOSTIGAMIENTO
La asociación judicial entendió oportuno «señalar que la crítica no puede estar centrada en el cuestionamiento genérico del tribunal o en descalificaciones personalizadas de sus integrantes y mucho menos en agresiones verbales. Una situación similar, ocurrida en fecha reciente en el fuero penal de Trelew, en el contexto de un conflicto familiar, se tradujo en un hostigamiento indebido a integrantes del Ministerio Público Fiscal».
«Máxime -agregó el comunicado-, cuando las magistradas/os agraviadas/os no pueden realizar aclaraciones públicas, en virtud del principio de reserva de los procesos, que les impide efectuar pronunciamientos por fuera del proceso judicial sobre el caso concreto».
RECLAMOS SOCIALES
«A su vez, manifestamos nuestra preocupación por los reclamos sociales que se apoyan en el denominado ‘síndrome de alienación parental’, cuya aplicación ya fue rechazada por numerosos tribunales de nuestro país, por organismos judiciales internacionales y prohibido legalmente en muchos países, en tanto supone un incumplimiento del derecho de las niñas y niños a ser escuchados y al reconocimiento de su autonomía progresiva, y carece de aval científico», culmina la nota firmada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales.
El intendente Juan Pablo Luque confirmó que se ratificará la denuncia contra la jueza por mal desempeño luego de conocerse el polémico video besándose con un preso. “Entendemos que trató de sacar una ventaja lucrativa porque manifiesta que visita al preso porque está escribiendo un libro”, dijo.
A fines de diciembre se conoció un video de la jueza penal de Comodoro Rivadavia Mariel Suárez, donde se la ve besándose con Cristian «Mai» Bustos luego de que fuera condenado a perpetua por la muerte de un policía. Hubo presentaciones para pedir su destitución desde distintos sectores, entre ellos, desde la municipalidad de Comodoro Rivadavia.
El intendente Juan Pablo Luque, confirmó que la denuncia contra magistrada por mal desempeño y donde se pide además su destitución, será ratificada próximamente por la Asesoría Letrada a cargo de Guillermo Hugues.
Y explicó que “más allá de la situación romántica o no de la jueza con una persona que está presa por hechos aberrantes”, desde el municipio “entendemos que la jueza trató de sacar una ventaja lucrativa porque manifiesta que visita al preso porque está escribiendo un libro”, dijo y agregó que su visita fue “en su rol de magistrada”.
Luque aseguró además de esta situación que hay un agravante que se suma y es que Mariel Suárez “ ha actuado en la causa formando opinión sobre una sentencia donde intenta una situación más benévola para el preso”, por lo ques señala «es una situación de gravedad y que justamente es el tipo de magistrados que no queremos en la provincia”.
Finalmente, reiteró – en diálogo con FM del Viento – que “obviamente que va a ser ratificada” la denuncia en contra de la magistrada de Comodoro Rivadavia, ni bien retornen los funcionarios de dicha área tras su receso del periodo de vacaciones.
La Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial del Chubut pidió públicamente, apenas juraron los nuevos cuatro ministros del Superior Tribunal de Justicia, que «tengan el gesto ético» de supeditar su asunción «hasta tanto se compruebe la existencia o inexistencia de delitos en la actuación legislativa del 15 de diciembre», atento a declaraciones vertidas por el procurador general del Chubut, Jorge Miquelarena, que sugiere la comisión de delitos «de uno y otro lado» al momento de sancionarse además la ley de zonificación, que fue derogada con posterioridad por el gobernador Mariano Arcioni. La institución entiende que no se respetó la Ley V N.º 152 que establece criterios para el nombramiento de los jueces.
Daniel Báez, Ricardo Napolitani, Camila Banfi Saavedra y Silvia Bustos juraron como jueces del Superior Tribunal de Justicia, dos días antes de la Nochebuena, con posterioridad a sortear el cuestionario de los diputados provinciales en la sesión del 15 de diciembre. Cumplida ese encuentro legislativo de carácter especial, los legisladores avanzaron con la zonificación en una sesión ordinaria diagramada inmediatamente, previa conformación de comisión.
Con posterioridad a ese acto parlamentario se suscitaron continuas manifestaciones violentas en rechazo a la zonificación, lo que motivó el avance de una investigación por parte de una unidad fiscal especial, instrumentada por Miquelarena.
A partir de esos sucesos, y considerando las obligaciones establecidas en el Código Iberoamericano de Etica Judicial, desde la asociación judicial esperaban que las personas seleccionadas para acceder a la máxima magistratura provincial tengan el «gesto ético de supeditar la asunción en el cargo hasta tanto se compruebe la existencia o inexistencia de delitos en la actuación legislativa del 15/12/21, teniendo en cuenta -además-, que el proceso de selección no respetó la Ley V Nro. 152 y que se ignoraron numerosos cuestionamientos de organizaciones no gubernamentales respecto de las postulaciones», señalaron en el comunicado.
Lo expuesto responde a «preservar la legitimidad del Poder Judicial, por cierto muy cuestionada por toda la ciudadanía, y de velar para que el Superior Tribunal de Justicia no se vea impregnado de sospechas que, lamentablemente, subsistirán mientras no se dilucide qué fue lo que realmente ocurrió y las motivaciones por las que se tomaron determinadas decisiones».
«Contrariamente a ello, se decidió adelantar el acto de asunción de las/os designadas/os, acto cuya proyección es objetivamente histórica por ser la primera vez en sesenta años que asumirán dos mujeres, sin dimensionar el alto valor simbólico que tal circunstancia tiene para la lucha por la igualdad de la mujer, tal como señaláramos en cada pronunciamiento de esta Asociación a favor de la paridad de género en el Alto Tribunal», esgrimieron.
Y concluyeron: «Con la asunción de estas personas, seleccionadas en virtud de un acuerdo político confirmado en la cuestionada jornada legislativa, se configurará un cuadro de grave afectación a la independencia interna y externa del Poder Judicial con relación a tales investigaciones, situación cuya denuncia constituye un deber inexcusable de esta asociación en la defensa del sistema republicano de gobierno».
La Asociación de Magistrados emitió un comunicado en el que advirtió sobre lo sucedido en la sesión del 15 de diciembre y la investigación que se anunció respecto a la jornada legislativa donde se aprobaron los 4 pliegos para el Superior Tribunal, se designó al Fiscal Anticorrupción y se aprobó la Megaminería. Advirtieron que ante las sospechas, si los Magistrados asumen no se garantizará “la independencia interna y externa del Poder Judicial” para avanzar en la investigación.
La Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial emitió un nuevo comunicado en el que volvió a insistir en las irregularidades y observaciones hechas respecto a la designación de los 4 ministros del Superior Tribunal de Justicia.
Esto lo hicieron los magistrados ante el anuncio efectuado el Procurador General de disponer “la formación de una comisión para investigar todos los delitos que se habrían cometido ‘de uno y otro lado’ en el seno de la Legislatura” el 15 de diciembre.
En dicha jornada se aprobó la “Zonificación” que fue derogada “en el marco de una coyuntura social extraordinaria, en la cual la ciudadanía le dio una lección de democracia directa al poder político”.
Es por ello que en medio de este contexto “la Asociación aguardaba, por parte de las personas seleccionadas para acceder a la máxima Magistratura provincial, el gesto ético de supeditar la asunción en el cargo hasta tanto se compruebe la existencia o inexistencia de delitos” en la jornada legislativa.
Esto no solo porque en esa sesión se aprobaron los pliegos sino que también se designó al Fiscal Anticorrupción y se aprobó la Ley de megaminería. Apuntaron que en el caso de los pliegos, “el proceso de selección no respetó la Ley V Nº 152 y se ignoraron numerosos cuestionamientos de organizaciones no gubernamentales respecto de las postulaciones”.
Es por ello que se esperaba este “gesto ético” para “preservar la legitimidad del Poder Judicial, por cierto muy cuestionada por toda la ciudadanía y de velar para que el Superior Tribunal de Justicia no se vea impregnado de sospechas”.
Lamentaron que esas sospechas “subsistirán mientras no se dilucide que fue lo que realmente ocurrió y las motivaciones por las que se tomaron determinadas decisiones”.
Sin embargo, pese a este escenario, el STJ “ha decidido adelantar el acto de asunción de los designados”, apuntando la trascendencia del acto ya que por 1ª vez “en 60 años asumirán 2 mujeres, sin dimensionar el alto valor simbólico que tiene para la lucha por la igualdad de la mujer”.
Por ello, sentenciaron que “con la asunción de estas personas, seleccionadas en un acuerdo político confirmado en la cuestionada jornada legislativa (del 15 de diciembre), se configurará un cuadro de grave afectación a la independencia interna y externa del Poder Judicial en relación a tales investigaciones”.
La Asociación de Magistrados denunció irregularidades en los cambios en la ley de amparos y per saltum «para consagrar la megaminería en Chubut» Piden que se retrotraigan
La Asociación de magistrados y funcionarios judiciales de Chubut emitió un duro comunicado repudiando los hechos de violencia que se produjeron en el marco de las protestas sociales en contra de la sanción de la ley de Zonificación Minera y responsabiliza las máximas autoridades de la provincia «son las principales responsables, con sus actos y decisiones, de prevenir la violencia y de resguardar la paz social».
Más adelante señala que «La expresión pacífica de la mayoría del pueblo chubutense ante el proceder ilegitimo de las autoridades políticas de la Provincia del Chubut no debe quedar opacada por la acción violenta e injustificada de un sector muy minoritario de la ciudadanía.»
También se refiere especialmente al rol del Poder Judicial en este tema y a las última leyes aprobadas en relación con el «Per Saltum» y la ley de amparo . «Esta Asociación ha venido denunciando irregularidades e ilegalidades cometidas por parte del poder político con relación a la citada normativa. Se advirtió sobre la sorpresiva e injustificada sanción de la ley que estableció el «Per Saltum», se criticó la reforma a la ley de amparo, y la modificación al procedimiento para el dictado de medidas cautelares contra el Estado. También se cuestionó la cobertura de cuatro cargos (mayoría) en el Superior Tribunal que se anunció públicamente como un acuerdo político que luego fue convalidado por unanimidad.»
Luego destacan «Hoy, a la luz de lo acontecido el miércoles en la Legislatura, en una sesión apurada y al filo del reglamento, confirmamos que todas esas decisiones estaban dirigidas a consagrar la megaminería en la Provincia.»
Con pesar, advertimos que también se pretende asegurar que la megaminería sea convalidada por el Poder Judicial en caso de que se plantearan objeciones constitucionales Ello tal vez explique por qué las instalaciones de la provincia fueron atacadas en la protesta, por primera vez en su historia, por decisiones adoptadas por otros Poderes del Estado.
Luego destacan que «se han quemado cientos de expedientes de justiciables que acudieron a los tribunales en busca de una reparación a sus derechos afectados. Se ha destruido el edificio de la Fiscalía de Rawson en donde tramitan numerosas causas de corrupción, así como las dependencias del fuero contencioso administrativo del Superior de Justicia, en el que se gestionan las causas contra la Provincia.»
Por ello la AMFJCH solicita enfáticamente a las autoridades políticas de la provincia que se retrotraiga la actual situación institucional a la existente con anterioridad a la sanción de las mencionadas leyes, como inexcusable aporte a la restauración de la paz social en la Provincia, quebrantada a partir de tan irregulares procederes.
Dos listas se disputarán mañana martes la conducción de la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial del Chubut. Carina Estefanía, actual presidente del órgano, encabeza la lista Verde; y Marcela Pérez Bogado la Celeste. El comicio será en toda la provincia.
La candidata de la Verde imagina la reelección al frente de la Asociación. La jueza se definió como una militante activa en favor del «asocionismo» porque «estoy convencida que es la única herramienta que tenemos para defender nuestro trabajo y la independencia judicial».
Agradeció el respaldo en las urnas de hace tres años, donde «junto a un valioso grupo de personas» se sobrellevó la «crisis multifacética pandémica, salarial, social, institucional, tal vez la más profunda que sufrió nuestra querida provincia».
Transcurrida esa adversidad, «seguimos golpeando puertas, repudiando cada avasallamiento al Poder Judicial, elevamos propuestas para mejorar proyectos de leyes y de reglamentos». Además, «acompañamos a cada asociado/a que solicitó nuestra colaboración sea por una situación laboral y personal, concretamos proyectos».
Estefanía reconoció que «las ideas no son buenas ni malas, pero se respetan». Por ello apuntó que «del debate y diálogo surgen consensos, y cuando no es posible, prosperan las mayorías. Las críticas enseñan y las aprobaciones animan».
La meta propuesta, de conservar la conducción del organismo, consistirá en «construir una asociación más independiente, igualitaria, inclusiva y comprometida con la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos para que toda la ciudadanía pueda vivir en paz».
Desde la presidencia, «sostendremos un grupo de trabajo conformado con personas con profesiones e ideas diversas», concluyó la magistrada que busca repetir la conducción de la asociación.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut planteó en un comunicado sus diferencias con las condiciones para seleccionar a los Ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Cabe recordar que está pautada para el próximo 15 de diciembre una sesión especial de la Legislatura en la que los postulantes responderían al cuestionario de los legisladores.
Los pliegos de Daniel Báez, Ricardo Napolitani , Silvia Bustos, y Camila Banfi son analizados para incorporarse al STJ. Sin embargo, la AMFJCH expuso que las postulaciones de Báez, Napolitani y Bustos «han perdido estado parlamentario». Indicaron que la sesión para el 15 de diciembre «no ha sido convocada» en los plazos correspondientes y «por ende no ha de realizarse».
«Reiteramos que la selección de candidatos/as debe hacerse respetando la paridad de género, la procedencia regional y la idoneidad de los/as postulantes», subrayaron.
«Se ha conocido, a través de medios periodísticos, la existencia de un pacto para el ‘reparto’ de candidatos/as entre hombres que se arrogan la representación de diversas fuerzas políticas y de la ciudadanía toda. Este ilegítimo proceder trasciende la mayor o menor aptitud de los postulantes pues, en lugar de cumplir con el objetivo de comprobar y visibilizar la idoneidad de las/os candidatas/os, han transformado el dispositivo legal en una mera apariencia de participación ciudadana», remarcaron en el comunicado.
Tras estos argumentos, la Asociación de Magistrados resaltó: «Hacemos un llamamiento a las/os integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de nuestra provincia para que ajusten sus acciones a las disposiciones previstas en las Constituciones nacionales y provincial y en los Tratados Internacionales, única forma de preservar el Estado de Derecho y el futuro de la provincia del Chubut».
La Asociación de la Magistratura y Funcionariado del Chubut, mediante un extenso escrito, cuestionó la selección de los jueces propuestos para cubrir las vacantes en el Superior Tribunal de Justicia. Y criticó la presencia de un «pacto» para el «reparto de candidatos/as» que se arrogan la representación de distintas fuerzas y la ciudadanía».
La institución judicial deslizó que por cuestiones inherentes a leyes constitucionales y al reglamento funcional interno de la Legislatura no puede efectuarse la sesión dispuesta para la selección de los postulantes a cubrir las vacantes de la Corte provincial.
En el comunicado, la entidad reafirma su «indeclinable posición respecto de las condiciones que deben reunir quienes accedan a cubrir las actuales vacantes en el máximo tribunal de justicia de la provincia». En ese contexto, «reiteramos que la selección de candidatos/as debe hacerse respetando la paridad de género, la procedencia regional y la idoneidad de los/as postulantes».
La asociación puntualizó que a través de los medios periodísticos «se conoció la existencia de un pacto para el ‘reparto’ de candidatos/as entre hombres que se arrogan la representación de diversas fuerzas políticas y de la ciudadanía. Este ilegítimo proceder trasciende la mayor o menor aptitud de los postulantes pues, en lugar de cumplir con el objetivo de comprobar y visibilizar la idoneidad de las/os candidatas/os, transformaron el dispositivo legal en una mera apariencia de participación ciudadana».
En rigor, con relación a las postulaciones del fiscal jefe de Puerto Madryn, Daniel Báez, del juez Ricardo Napolitani y la jueza de Faltas de Rawson, Silvia Bustos, «sus pliegos perdieron estado parlamentario. Es que la sesión especial fijada para el 15 de diciembre, no fue convocada -por ende no se realizará-, dentro del plazo previsto por el Artículo 11 de la Ley V número 152, por tal motivo, dichas postulaciones no podrán tener legítimo el tratamiento en el corriente período legislativo».
SESIÓN
Los pliegos para los mencionados, incluido recientemente el de la jueza Camila Banfi Saavedra, serán tratados por la Legislatura provincial antes de que culmine el 2021. Y para ello los diputados esborzaron una serie de preguntas que deberán responder los candidatos y candidatas para evaluar su aptitud. Respecto a esto último, el propio gobernador Mariano Arcioni, cuestionó la cantidad de preguntas para los postulantes al referir que «son de imposible cumplimiento».
