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La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut expresó su rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 196/21, dictado el 29 de marzo de 2021 por el gobierno provincial.

Desde la Asociación destacaron que el mismo «no reúne las condiciones mínimas que la Constitución exige para que el Poder Ejecutivo pueda arrogarse facultades legislativas».

«Desconoce el Sr. Gobernador que el ejercicio de esa facultad de excepción, que ahora deberá evaluar el Poder Legislativo, impone necesariamente la existencia de un verdadero estado de necesidad y urgencia», destaca el comunicado.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut manifestó su rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo Provincial de suspender los efectos de las sentencias judiciales, pronunciadas en el marco de acciones iniciadas por trabajadores del Estado y jubilados/as por la falta de pago en término de sus salarios y/o haberes previsionales.

En una comunicado emitido en las últimas horas señala que «El Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 196/21, dictado el 29 de marzo de 2021, no reúne las condiciones mínimas que la Constitución exige para que el Poder Ejecutivo pueda arrogarse facultades legislativas.»

Más adelante señalan «Desconoce el Sr. Gobernador que el ejercicio de esa facultad de excepción, que ahora deberá evaluar el Poder Legislativo, impone necesariamente la existencia de un verdadero estado de necesidad y urgencia.»

En este sentido señalan que «La crisis económica y financiera que sufre hace años la Provincia, producto de una ineficiente administración de los recursos del Estado, no configura dicho presupuesto fáctico, siendo inaceptable que se invoque la Ley de Emergencia Económica para justificar la suspensión del pago de salarios y jubilaciones, de naturaleza alimentaria, de los/as empleados/as públicos y jubilados/as.»

Además destacan que «desde hace tres años el gobierno de la provincia ha resuelto que el déficit financiero en las cuentas públicas sea soportado por los/as trabajadores/as, activos/as y pasivos/as, pese al grave daño que implica para el ejercicio de los derechos más elementales de la ciudadanía y del deterioro que conlleva para la Administración, que ha visto reducida su actividad a partir de medidas de fuerza dispuestas en el marco de indiscutibles reclamos.»

«El Poder Administrador, en lugar de adoptar decisiones de índole general, ha ido suscribiendo acuerdos parciales con distintos gremios, aplicando de tal modo un trato desigual entre los/as trabajadores/as. Esas inequidades determinaron a muchos/as empleadas/os públicos a ejercer su legítimo derecho de reclamar judicialmente, enfrentando incluso el obstáculo de que las juezas y los jueces están en idénticas condiciones fácticas/jurídicas y se excusan de intervenir, quedando el ejercicio de la jurisdicción en cabeza de abogados/as de la matrícula que, a su vez, no estén inhibidos para actuar como conjueces» destacan más tarde.

Finalmente exhortan a las autoridades de la provincia tanto al Gobernador como a los diputados que instrumenten las medidas para impedir la aplicación del decreto que califican como inconstitucional entendiendo además que «al disponer la suspensión de los efectos las decisiones judiciales, lesiona gravemente la garantía de acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, configurando un claro avasallamiento a la división de poderes.»

Fuente: EQSNotas

Para analizar la situación salarial que atraviesa el sector, los ministros del Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas y Alejandro Panizzi, se reunieron hoy con representantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut y la Asociación de Magistrados de la Provincia, quienes concurrieron al edificio de la Corte Provincial, encabezados por Raúl Belcastro y Carina Estefanía, respectivamente. También participó del encuentro, el Defensor General de la Provincia, Sebastián Daroca.

En la reunión, las partes expresaron su preocupación por el atraso de recomposición salarial y plantearon la necesidad de avanzar en una estrategia conjunta que permita efectuar un reclamo consensuado a las autoridades provinciales. La idea es solicitar de manera urgente una reunión con el gobernador de la Provincia, Mariano Arcioni.

El titular de SITRAJUCH, Raúl Belcastro, señaló que “la inflación se ha comido nuestros salarios porque en lo que va de 2020 se ha dado un solo incremento, que incluso, la mitad de los trabajadores no ha percibido”.

El sindicalista indicó que “aunque el gobierno ha suspendido la forma en que se aplican los incrementos del Poder Judicial a través de una ley, la misma no dice nada con respecto a poder discutir otro tipo de aumento”.

Belcastro consignó que “nos basamos en el Índice de Precios al Consumidor que es la cláusula que ha usado el gobierno para discutir con los demás sectores” y añadió que “queremos plantearle al gobierno la necesidad de establecer un acuerdo paritario, utilizando los fondos que por Ley presupuestariamente tenemos aprobado, además de exigir también que clarifiquen en cuánto tiempo se piensa saladar la deuda con los trabajadores”.

En una comunicación formal, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales habló de hostigamiento. Además, desmintió los aumentos salariales durante el año, además de remarcar el retraso de dos meses y el incumplimiento del 85 por ciento del aguinaldo. «Resulta inevitable vincular el anuncio del Poder Ejecutivo de remitir un proyecto de Reforma Judicial (que incluiría la creación de un “Fuero Contencioso Administrativo” y un “Fuero ambiental”) con el de Zonificación Minera, del que se han derivado investigaciones sobre presuntos delitos dirigidos a obtener la sanción de esa ley, circunstancia que ha generado un fuerte y negativo impacto social», advirtió la misiva.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut repudia el hostigamiento ejercido por el Gobierno provincial hacia el Poder Judicial, mediante descalificaciones públicas e inexactas.

En primer término, debemos señalar que todas las investigaciones sobre corrupción en la Provincia seguidas en la provincia se adecuan estrictamente al principio de legalidad y a la política criminal que prevén el Código Penal Argentino y el Código Procesal Penal de Chubut para el juzgamiento de las conductas ilícitas de funcionarios públicos.

Por otra parte, se falta a la verdad cuando se dice que hemos recibido aumentos salariales en 2020, pues nuestras asignaciones no han tenido incremento alguno en todo el año. El 10% otorgado recientemente por el Superior Tribunal de Justicia será percibido recién en marzo del 2021, cuando el Poder Ejecutivo deposite -tardíamente- los sueldos correspondientes al mes de diciembre del corriente. Lejos de ser un aumento dicho ajuste pretende mitigar los efectos del proceso inflacionario, así como el atraso de dos meses de sueldo y más del 85% de los aguinaldos. Tales incumplimientos, en conjunto, han significado una pérdida de más del 50% del poder adquisitivo de los salarios.

Recordar que los amparos individuales de magistradas/os y/o funcionarias/os son acciones judiciales que pueden ser deducidas por cualquier persona que padezca una afectación de naturaleza constitucional. La mayoría de las iniciadas en la Provincia han sido interpuestas por empleados/as dependientes del Poder Ejecutivo y/o jubilado/as que legítimamente acudieron al Poder Judicial para exigir el pago de sus salarios en tiempo y forma.

Respecto de la necesaria y urgente integración del Superior Tribunal de Justicia, insistimos en señalar que su composición exige reflejar las diversidades de género, de especialidad y de procedencia regional como ideal de representación provincial (Art. 4, Ley V, N.º 172), a fin de dotar de la necesaria legitimidad al órgano que representa la máxima autoridad jurisdiccional de la Provincia. Por ello, exigimos que la propuesta del Poder Ejecutivo Provincial respete la paridad de género, así como la capacitación en género de las personas propuestas, objetivo que deber ser central pues no se trata de una simple reivindicación política o de una cuestión meramente ideológica, sino que es una exigencia derivada de nuestro diseño constitucional, en el cual la igualdad de trato y de oportunidades es un principio que debe informar la totalidad del ordenamiento jurídico.

Rechazamos la idea de que los integrantes del Máximo Tribunal deben ser preferentemente profesionales en el ejercicio de la política, en lugar de ser juristas independientes, de reconocida y probada trayectoria. Las mejores prácticas, aquí y en todo el mundo, tienden a evitar el peligro de que las designaciones se conviertan en un mero reparto de cuotas de poder entre distintos partidos o grupos políticos, pues ello pervertiría la lógica del sistema constitucional dejando tácitamente sin efecto el proceso de selección en su integralidad, que incluye la posibilidad de que la ciudadanía opine sobre las candidaturas y que esa opinión sea tenida en cuenta.

Señalamos también que resulta inevitable vincular el anuncio del Poder Ejecutivo de remitir un Proyecto de “Reforma Judicial” (que incluiría la creación de un “fuero contencioso administrativo” y un “fuero ambiental”) con el Proyecto oficial de Ley de Zonificación Minera, del que se han derivado investigaciones sobre presuntos delitos dirigidos a obtener la sanción de esa Ley, circunstancia que ha generado un fuerte y negativo impacto social.

En ese marco reafirmamos que el asociacionismo es una herramienta muy importante para el fortalecimiento del sistema judicial. Su permanente descalificación por parte de los gobernantes provinciales no impedirá que continuemos en ese camino, reclamando con la misma firmeza de siempre el respeto a la división de poderes, esencial en un sistema democrático y republicano de gobierno. Somos conscientes de la necesidad de corregir errores, de mejorar el servicio que brindamos y, de ese modo, evitar que la sociedad se asome al abismo del descreimiento en la Justicia. Por esa razón no claudicaremos en la búsqueda incansable de una Justicia mejor.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut está comprometida en que las mujeres y hombres que la integran realicen los mayores esfuerzos en pos de lograr una provincia y un país más justos, donde sus habitantes puedan vivir en paz. En ese camino, con aciertos y errores, no dejaremos de luchar por preservar la independencia judicial, tratando de velar por el valor Justicia y el cumplimiento de la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, los Tratados de Derechos Humanos y la Ley.

Durante la sesión ordinaria de la Legislatura que se realizó de manera virtual, los diputados aprobaron una modificación a la actual Ley de Enjuiciamiento de magistrados y funcionarios. Adecuaron el proceso y las facultades que otorgadas por la reforma de la Constitución de 1994 al Consejo de la Magistratura.

Hasta ahora el Procurador General, cargo que actualmente ocupa Jorge Miquelarena, tenía la posibilidad de acusar o no, en las denuncias contra fiscales, jueces, defensores y demás funcionarios de la Justicia; también si fueren denunciados miembros del Tribunal de Cuentas, el Fiscal de Estado o el Contador General de la Provincia.

A partir de la modificación realizada ayer, se le sacó esa potestad al Procurador. Y en caso de una denuncia contra funcionarios judiciales, acusará una comisión del Consejo de la Magistratura, que es el organismo que los evalúa y designa. En tanto que para los casos del Tribunal de Cuentas, Fiscal de Estado y Contador General, que son designados por acuerdo legislativo, cuando sean denunciados tendrá la potestad de acusarlos una comisión de la Legislatura integrada por tres diputados.

SE ESTABLECIO IMPROCEDENTE

Con la modificación, durante la sesión, se estableció como improcedente que la Procuración General tenga la potestad de acusar en las causas elevadas por el Consejo de la Magistratura al Tribunal de Enjuiciamiento, puntualmente en los casos de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

La iniciativa con la firma de los diputados radicales Manuel Pagliaroni y Andrea Aguilera, más los oficialistas Juan Pais y Roddy Ingram, se apuntó que como resultado de aquella reforma constitucional del ’94, «el proceso de enjuiciamiento de integrantes del Poder Judicial (jueces, fiscales y defensores) se bifurca del resto de los funcionarios previstos en el artículo 209 de la Constitución (fiscal de Estado, integrantes del Tribunal de Cuentas y contador general)».

Fuente: El Chubut

Desde la Comisión Nacional de Secretarios y Funcionarios Judiciales y del Ministerio Público de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial manifestaron su preocupación por la situación laboral y salarial de los Magistrados/as y Funcionarios/as de la Provincia del Chubut, a los cuales durante el mes de septiembre se les ha llegado a adeudar tres meses de haberes más el aguinaldo, sin tener fecha cierta de pago de los próximos haberes. Y solicitaron que se haga lugar a su reclamo.

En este sentido, señalaron que los trabajadores del sector no dejaron de prestar tareas durante todo el período de pandemia, arriesgando su integridad física y su salud, sin percibir sus remuneraciones. Incluso, remarcaron que su carga de trabajo se vio signicativamente incrementada ya que, por las medidas de fuerza tomadas por el Sindicato de Empleados Judiciales, en la mayoría de los casos se tuvo que realizar el

“Esta situación no sólo vulnera los derechos laborales más elementales de los Magistrados y Funcionarios de Chubut, sino que además afecta severamente el servicio de justicia, y el acceso a la misma por parte de los justiciables” expusieron en el documento publicado en Crónica.

Donde, además plantearon que “por ello, la Comisión Nacional de Secretarios y Funcionarios Judiciales manifiesta su apoyo a los Magistrados/as y Funcionarios/as de la Provincia del Chubut, solicitando a las autoridades provinciales una pronta resolución del conflicto”.

En el día de hoy jueves un miembro de la Comisión directiva de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Chubut, Adrián Cabral, entregó 25 máscaras al Hospital Alvear de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Esto en el marco de las acciones solidarias que asiduamente realiza la Asociación de Magistrados (AMFJCH). Meses atrás se entregó también material al Hospital Regional de la ciudad petrolera y al hospital de Rada Tilly.

La nota de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut envió una nota al Superior Tribunal de Justicia requiriéndolo.

«Que disponga las medidas organizativas y procesales -incluida la suspensión de plazos- tendientes a evitar consecuencias más negativas a las que estamos padeciendo», aclara la solicitud enviada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut (AMFJCH) al Superior Tribunal de Justicia, bajo la titularidad de Mario Vivas.

Por este motivo, los Magistrados solicitaron que se declare el «Estado de Emergencia Judicial».

«Para que los tribunales puedan resolver los casos que refieran a derechos fundamentales o a la previsible situación de inseguridad ciudadana, las magistradas/os y/o funcionarios/as deben contar con las condiciones laborales habituales a las que se suman las sanitarias y merecen, por ello, especial atención de su salud, incluso en la aplicación de los test de descarte, ya que necesariamente están en contacto con diversas personas y grupos sociales», puntualizaron.

La última semana habían solicitado de manera formal los integrantes de la cúpula judicial, una audiencia con el gobernador Mariano Arcioni a pedido de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut.

El encuentro se va a concretar este lunes en Casa de Gobierno en Rawson; Arcioni recibirá a los ministros del STJ, Mario Vivas y Alejandro Panizzi; al Procurador General, Jorge Miquelarena; y al Defensor General, Sebastián Daroca. En prinicipio no tenían pautado desde el Gobierno que algún representante de la Asociación de Magistrados formara parte de la reunión.

Sin embargo, los referentes de la Asociación mantendrían una reunión aparte con otros funcionarios del Gobierno de la Provincia. En un comunicado difundido el jueves, desde la Asociación de Magistrados adelantaron que llevarán el reclamo salarial a los tres poderes del Estado.

LA CUESTION SALARIAL

El pedido de audiencia realizado desde la Justicia al Gobierno, tenía un solo objetivo, abordar la crisis económica, su impago en la administración de Justicia en Chubut y el atraso salarial que afecta no solo a empleados, sino también a los propios magistrados y funcionarios. Gran parte del ámbito judicial está enrolado en lo que es el cuarto rango del escalonamiento salarial fijado por la administración provincial. Es decir que llevan tres meses de atraso en cuanto al pago de haberes, informa hoy El Chubut.

La Asociación de Magistrados con apoyo del Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio Público Fiscal denunciaron que el gobernador Mariano Arcioni no respondió al pedido de audiencia e informaron que el reclamo lo llevarán a los tres poderes del Estado nacional e incluso ante la ONU y la Comisión Interamericana de DDHH dado que la circuntancias de Chubut afectan ‘al acceso a la justicia’.

Un fuerte comunicado de la Asociación de Magistrados denuncia el silencio del gobierno provincial ante el pedido de audiencia. «Ante la denostación institucional que representa la falta de respuesta del señor gobernador, Mariano Arcioni, al pedido formal de audiencia que realizará la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales para abordar el tema de la deuda salarial, con el apoyo y acompañamiento del STJ y los Ministerios Públicos, se ha resuelto trasladar el reclamo en forma conjunta a las autoridades nacionales de los tres poderes del estado».

Con este objetivo, «se realizarán gestiones comunes con los legisladores que representan a Chubut ante el Congreso de la Nación a fín de concretar una reunión con las Presidencias de ambas cámaras».

Además se expresó que «se apelará a los diversos Organismos Judiciales para que acompañen el reclamo respecto a la imperiosa necesidad de que el Gobierno Nacional auxilie a la provincia del Chubut, contribuyendo de ese modo a encauzar la crisis provincial y superar progresivamente la dura realidad que veníamos afrontando desde comienzos de 2018, cuya gravedad se profundizó este año».

En el orden internacional, «la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales se avanza en una presentación ante la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando las circunstancias que afectan directamente el acceso a la justicia la tutela judicial efectiva y la dependencia judicial».