La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, sostuvo hoy que las fuerzas armadas de algunos países latinoamericanos se están involucrando en asuntos públicos o en tareas de seguridad que corresponden a la policía, reclamó que esta práctica no se torne común y alertó que la pandemia de coronavirus podría causar levantamientos sociales en países de la región con profundas desigualdades.
Esta tendencia parece ser clara en países como Brasil, México y El Salvador, que Bachelet mencionó en la presentación de su informe sobre la situación global de los derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos que reanudó hoy sus sesiones en Ginebra.
El reporte no hizo mención a Bolivia, donde el Gobierno de facto surgido tras un golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales es señalado por la oposición y movimientos sociales como responsable de actos de represión a las protestas públicas.
El informe, coincide con el drama que se vive en Latinoamérica por la expansión del coronavirus, del cual se contabilizan más de ocho millones de casos confirmados, de un total de casi 29 millones a nivel mundial.
Según el análisis de la expresidenta chilena, la pandemia expuso las profundas desigualdades de desarrollo en Latinoamérica, lo que sumado a sistemas democráticos frágiles podría provocar levantamientos populares.
Según el análisis de la expresidenta chilena, la pandemia expuso las profundas desigualdades de desarrollo en Latinoamérica, lo que sumado a sistemas democráticos frágiles podría provocar levantamientos populares
En medio de esta crisis social, los activistas y periodistas, particularmente aquellos dedicados a la defensa del medio ambiente y del derecho a la tierra, están sufriendo persecución a niveles rara vez vistos en democracia.
«Pido a los gobiernos que se abstengan de desacreditar a los defensores de los derechos humanos y periodistas porque esto los pone en más riesgo de sufrir ataques y también aliento a que se investigue y procese a los autores», añadió.
El organismo documentó en Colombia el asesinato de 47 activistas en lo que va de 2020, con otros 44 casos en curso de verificación, mientras que en México los periodistas muertos en circunstancias violentas fueron cuatro, y siete los activistas.
En Honduras el colectivo LGBTI es el grupo más perseguido y siete mujeres trans fueron asesinadas desde que se impuso el estado de emergencia a mediados de marzo, coincidiendo con la llegada de la pandemia a Latinoamérica.
La violencia rural y los desalojos de comunidades sin tierra en Brasil se suman a los ataques contra activistas y periodistas, con un total de 10 asesinados este año.
«La continúa erosión de los órganos independientes para la consulta en Brasil es preocupante», criticó.
En su primer día de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos también recibió información actualizada de Bachelet sobre las delicadas situaciones en Venezuela y Nicaragua.
El Gobierno nicaragüense mantiene su negativa a dialogar con la ONU para intentar rebajar las tensiones.
En tal sentido, Bachelet dijo que se confirmó que la Ley de Amnistía aprobada en 2019 «ha favorecido la impunidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos» contra participantes en manifestaciones antigubernamentales.
La alta comisionada anunció que se ha renovado por un año el acuerdo de cooperación entre su oficina y el Gobierno de Venezuela.
Este acuerdo permitirá desplegar un equipo de seis funcionarios en el país, frente a los dos que tiene actualmente, aunque la voluntad de Bachelet es establecer una verdadera oficina en Caracas, señaló Télam.
