El Gobierno de Trump, cuyo mandato termina el 20 de enero, «sigue comprometido en atacar al régimen cubano por su comportamiento maligno y sus intentos de evadir las sanciones estadounidenses», aseguró el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, según la agencia de noticias AFP.
En el caso de Cuba, el Tesoro acusó al Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), controlado por militares cubanos, la Financiera Cimex S.A. y Kave Coffee, S.A, una empresa cafetera, de usar una filial en Panamá para evadir sanciones del embargo estadounidense.
Asimismo, Mnuchin anunció sanciones contra el vicepresidente de la Corte Suprema de Nicaragua, Marvin Ramiro Aguilar, el diputado Wálmaro Antonio Gutiérrez y el comandante de la Policía de la ciudad de León, Fidel De Jesús Domínguez, a quienes acusó de ser responsables de «apoyar la sistemática identificación, intimidación y castigo de los opositores que lleva a cabo el régimen de Ortega».
El canciller de Cuba rechazó de inmediato las sanciones y afirmó que Cuba saldrá adelante «sin importar cuántas entidades incluyan en sus listas espurias».
«Cada acción de la política exterior de Estados Unidos refuerza el aislamiento y descrédito internacional al que Trump y su equipo la condujeron», agregó.
Gaesa, cuyo titular es el general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, exyerno del expresidente Raúl Castro y también alcanzado por sanciones previas de Estados Unidos, es un holding estatal que abarca desde hoteles y supermercados hasta servicios portuarios y aduaneros.
Este gigante controla desde los años 90 amplios sectores económicos del país y en especial el turismo, motor de la economía de la isla.
Las sanciones contra Aguilar, Gutiérrez y Domínguez implican el bloqueo de cualquiera de sus activos en el sistema financiero estadounidense.
Según el Tesoro estadounidense, Aguilar aconseja de forma directa al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y coordina presuntamente la represión contra partidos y manifestaciones opositoras.
En tanto, acusó al diputado Gutiérrez de defender públicamente una controvertida ley contra las organizaciones civiles que reciben financiamiento del exterior, mientras que señaló al jefe de la Policía de León, la segunda ciudad más importante del país, como responsable de la represión contra opositores y periodistas.