La imputación de los agentes policiales guarda relación con los hechos ocurridos en la noche del 14 de junio de 2020 durante un procedimiento de saturación en el sector oeste de la ciudad donde un vecino fue alcanzado por municiones antitumulto descargadas desde un móvil policial.
El juez ustavo Castro habilitó la apertura de investigación contra seis efectivos policiales a los que se acusa de encubrimiento agravado en un hecho ocurrido a mediados de junio de 2020 en Trelew, cuando desde un móvil de la Policía se efectuaron disparos con munición anti tumulto contra un vecino que se encontraba fuera de su domicilio.
La causa, caratulada como “Ministerio Público Fiscal s/investigación Trelew, año 2020”, investiga lo ocurrido en la noche del 14 de junio de 2020 sobre la calle Gales al 4000, en el barrio INTA de Trelew, cuando un grupo de policías del área Infantería de la Policía provincial que participaba de un operativo de saturación, habrían detenido la marcha de un móvil y desde el interior habría efectuado disparos con munición anti tumulto sobre el vecino Gabriel Fredes, quien al momento del hecho se encontraba cerrando un portón de acceso a su propiedad.
La fiscal Griselda Encina y la funcionaria Analía Acuña tuvieron a su cargo la solicitud para que se formalice la apertura de investigación contra los imputados José Roberts, Fabio Herrera, Pedro Flores, Carlos Villagra, Ivana Davies y Sonia Figueroa por el delito de encubrimiento por omisión de denuncia agravado por ser cometido por funcionarios públicos, en este caso personal policial.
Según el relato de la Fiscalía, Fredes junto a su esposa Liliana Hughes habían salido de su domicilio a un patio anterior ante el ladrido de los perros y cuando el vecino se disponía a cerrar un portón, el furgón Iveco que trasladaba a los policías se detuvo frente a la vivienda y del interior apuntaron con un arma y dispararon.
Varias de las postas que habitualmente se utilizan para dispersar tumultos impactaron en el cuerpo de Fredes ocasionando distintas lesiones.
De acuerdo al informe de la fiscalía, los disparos se habrían efectuado a una persona que estaba desarmada y sin posibilidades de defenderse, además de hacerse directamente al cuerpo y a una distancia menor a 10 metros.
El abogado Alejandro García, del área de violencia institucional de la Defensa Pública, tiene a su cargo la representación de Fredes como querellante en la causa y adhirió al pedido de apertura de investigación y la medida de prohibición de acercamiento que pidió la fiscalía.
La defensora pública Flora Mollard, quien representa en la causa a los policías imputados, Pedro Flores, Carlos Villagra, Ivana Davies y Sonia Figueroa, no se opuso a la apertura de investigación, aunque indicó que a lo largo del proceso se va a demostrar que Flores y Villagra no estaban en el vehículo ya que habían sido enviados a colaborar a la Subcomisaría de barrio INTA.
Indicó que sus asistidas Davies y Figueroa se encontraban en la parte posterior del furgón, ataviadas con su indumentaria de Infantería y no podría adjudicárseles no haber denunciado un hecho que no observaron.
Por su parte, el defensor particular Matías Cimadevilla, quien representa al imputado José Roberts -a quien además de encubrimiento le imputaron abuso de arma en carácter de coautor- se opuso a la apertura de investigación por entender que la propia Fiscalía dijo no haber podido identificar a quien efectuó el disparo y aseguró que la calificación era incongruente, ya que no se puede acusar por encubrimiento a quien se supone ha cometido el hecho principal, en este caso haber disparado contra Fredes, informó un parte de prensa d ela Agencia Judicial.
Por su parte Martín Castro y Rodrigo Miquelarena, defensores particulares de Fabio Herrera, no se opusieron a la apertura de investigación ni a la constitución de querellante de la víctima a través de un abogado de la defensoría pública.
Tras escuchar a las partes, el juez penal Gustavo Castro hizo lugar de manera parcial al planteo deCimadevilla, y dispuso la apertura de investigación para todos los imputados por el delito de encubrimiento por omisión agravado por ser funcionarios públicos; admitió a Gabriel Fredes como querellante adhesivo en la causa y dispuso la prohibición de acercamiento de los policías, tanto a la víctima como a su domicilio.
