La Asociación advirtió que según los datos oficiales, se firmaron en los últimos tres años sin realizar el obligatorio concurso.
Entre el 10 de febrero de 2020 hasta el 1º de febrero de 2023, en el Poder Judicial hubo 84 ascensos directos y 18 designaciones directas sin concurso de antecedentes y oposición. Lo revela un informe que la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Camila Banfi, elevó a pedido de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut.
Hubo 54 ascensos directos para cargos del STJ, 7 para la jurisdicción Puerto Madryn, 7 para Comodoro Rivadavia, 4 para Esquel, 5 para Rawson, 4 para Sarmiento y 3 para Trelew.
Hubo 64 ascensos en organismos administrativos, 13 en secretarias del STJ, cámaras y juzgados y 7 en oficinas judiciales.
Beneficiaron a 48 personas de las categorías de empleados y a 36 con categorías de profesionales a secretarios del STJ.
De las designaciones, 8 fueron en el Superior, 2 para Madryn, 2 para Comodoro, 1 para Esquel, 1 para Rawson, 3 para Sarmiento y 1 para Trelew.
A su vez, fueron 9 con cargo de empleados y 9 con cargo de profesional, auxiliar letrado, técnico bibliotecario y médicos forenses.
Tras recibir este dato, el viernes la Asociación envió una nota a la ministra Banfi, firmada por su presidenta Carina Estefanía, según la cual “entre las observaciones y propuestas más importantes que hicimos desde la AMFJCH al proyecto de la Ley Orgánica de la Judicatura fue la incorporación expresa de que todas las designaciones y ascensos sean por concurso”. Este reclamo tuvo recepción favorable del STJ – que redactó el proyecto original- y luego por la Legislatura.
La Ley aprobada establece que la designación de secretarios, funcionarios y empleados será por concurso y tendrán carácter provisorio por 6 meses para evaluar el desempeño. Según el resultado, el Superior podrá dejar sin efecto la designación. “Existe una reglamentación que es la aplicada a los numerosos concursos realizados en el período en que se produjeron las designaciones directas –dice la nota-. De allí que no habría razones que habiliten a no proceder del modo en que lo dispone la ley”.
Según la AMFJCH la Administración Pública “está obligada a restringir su potestad discrecional de decidir a quién designa para cumplir una función pública. No puede ni debe auto excepcionarse a través de actos concretos de sus disposiciones de naturaleza normativa, como ha ocurrido en el Poder Judicial conforme el informe”.
Como no hubo concurso para medir la idoneidad de los aspirantes, “podría acarrear graves consecuencias a los justiciables de imposible reparación. El riesgo al error administrativo o judicial se incrementa en todos los casos pero las designaciones de dos médicos forenses son las que despiertan mayor preocupación, por la importancia de la función que les asigna la ley, y porque a diferencia de los demás cargos designados, son los únicos que suscriben sus dictámenes sin ningún control ni supervisión”.
Los ascensos sin concursos “violan el principio de igualdad con relación a las demás personas que trabajan en el Poder Judicial y, en especial, al derecho a realizar la carrera judicial”.
“La carrera judicial implica un verdadero sendero de crecimiento personal y profesional, hasta llegar al punto de poder gozar del beneficio jubilatorio”, subrayó la Asociación. Los ascensos directos sin dar la posibilidad de concursar a todas las personas que cumplan con los requisitos “afectan el derecho a la carrera judicial”.
La nota concluye que las designaciones directas informadas por el STJ “se dispusieron por fuera de todo el marco normativo legal, constitucional y convencional”. Concluye reclamándole al máximo tribunal chubutense que “adopte todos los mecanismos legales a su alcance para revisar las razones que motivaron las designaciones y disponga lo necesario para evitar su reiteración”.