A través de una nota remitida a la Presidencia de la Legislatura, la Directora General del Registro de la Provincia del Chubut, Maricel Andrea Castillo, remitió una nota fechada el 6 de diciembre con membrete de la Legislatura, que lleva la firma del secretario general del gremio Apel (Asociación Provincial de Empleados Legislativos), Ángel Sierra, en la que se solicita la publicación en el Boletín Oficial de la resolución del acta de la comisión paritaria con el detalle de los 55 empleados legislativos recategorizados.
Ante el pedido oficial del Poder Legislativo, Castillo le dirigió la nota al vicegobernador Gustavo Menna, respecto a la solicitud de la identidad del responsable de la nota que originó un escándalo institucional y que fue recibida por la empleada María de los Ángeles Silva.
La directora adjunta la nota ingresada al Registro que lleva el membrete de la Legislatura “con firma ilegible y sin sello que identifique firmante y cargo” y aclara que no hay acreditación del cumplimiento de la ley que establece que la nota debió ser enviada por el entonces secretario general de la gobernación, Alejandro Sandilo.
La copia de esa nota -a la que accedió en exclusivo ADNSUR y cuya foto se adjunta- está fechada el 6 de diciembre y dirigida al Director del Boletín Oficial. Expresa “tengo el agrado de dirigirme a usted, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 ° inciso c) y 12 ° de la Ley I N° 156 (antes Ley N° 3.764) a efectos de solicitarle quiera tener a bien disponer la publicación de la Resolución Nro. 04/23-CPP-HL y Acta Nro. 008/23 CPP-HL, aprobadas por la Comisión Paritaria Permanente de la Honorable Legislatura.
El párrafo final agrega “se adjunta a la presente le mencionada Resolución y Acta, y se remite vía e-mail a esa dirección el texto de la misma”. Luego figura una firma y debajo la aclaración “Sierra Ángel” y la sigla C.P.P. de Comisión Paritaria Permanente.
Lo extraño es que, si bien se habla de un correo electrónico, la directora afirma que no se ha recibido nada al respecto. Sierra se encuentra actualmente de licencia, y las autoridades de la Cámara afirmaron que harán una investigación para ver quién fue el responsable de que se publicara una norma que no tenía validez porque no estaba ratificada por la Cámara en pleno.
Por lo tanto, se desconoce si el secretario general del gremio legislativo admitirá o negará la autenticidad de esa firma del documento enviado por el registro, que fue el origen de la publicación.