La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura impulsa la suspensión y juicio político de Martín Luciano Poderti, procesado por malversación de fondos públicos.
La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura resolvió por unanimidad avanzar con el proceso de suspensión y remoción del juez federal Martín Luciano Poderti, quien enfrenta graves cargos por apropiarse de 144 monedas de oro que se encontraban bajo custodia judicial.
El escándalo involucra al actual titular del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, pero los hechos ocurrieron entre 2019 y 2023, cuando se desempeñaba como secretario federal en San Isidro. La investigación señala que accedió al menos 19 veces a la caja de seguridad 8-44 del Banco Nación sin respaldo documental, incluso durante licencias personales.
Una auditoría reveladora y consecuencias penales
La alarma se encendió tras una auditoría interna que constató la desaparición de las monedas de oro incautadas en el marco de una causa penal. Las sospechas derivaron en una denuncia formal y una causa judicial que avanza con fuerza.
La Cámara Federal de San Martín ya confirmó su procesamiento, dictó un embargo de 190 millones de pesos, y elevó el expediente a juicio oral ante el Tribunal Oral Federal N.º 3. El juez está acusado de malversación de caudales públicos, delito tipificado en el artículo 261 del Código Penal, que prevé penas de prisión efectiva.
El Consejo avanza con el proceso de remoción
Con el respaldo de los consejeros Álvaro González, César Grau, Luis Juez, Alberto Maques y Rodolfo Tailhade, la Comisión de Acusación presentó el dictamen para iniciar formalmente la remoción y solicitar la suspensión inmediata de Poderti.
En el informe, se destaca que el proceso busca proteger la integridad de la administración de justicia, señalando que «resulta inadmisible que quien hoy ostenta la facultad de juzgar hechos delictivos se vea imputado como autor de un delito contra la administración pública».
Defensa y próximos pasos
Poderti argumentó que los hechos por los que se lo acusa ocurrieron antes de que fuera nombrado como juez, por lo que consideró que solo correspondería una sanción administrativa. No obstante, el dictamen del Consejo remarcó que el Senado no fue informado de estos antecedentes al momento de aprobar su designación.
La decisión final se tomará en la próxima reunión plenaria del Consejo, donde se requerirá el voto afirmativo de dos tercios de los miembros presentes para concretar la suspensión. En caso de aprobarse, Poderti quedará apartado de su cargo mientras se desarrolla el juicio penal. La información fue obtenida del medio La17.
