El Gobierno sostiene que se trata de una operación de inteligencia ilegal, mientras ADEPA advierte que la censura preventiva vulnera el derecho constitucional a informar sobre hechos de relevancia institucional.
La reciente medida judicial que prohíbe la difusión de audios de Karina Milei generó un fuerte rechazo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que consideró que la decisión limita de manera ilegítima la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a informarse.
ADEPA cuestiona la medida judicial
Según TN, ADEPA expresó su rechazo a la decisión de la Justicia Civil y Comercial Federal que impide a los medios publicar grabaciones atribuidas a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. La asociación aseguró que se trata de una medida que “limita de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa”.
“La reciente sentencia (…) es un nuevo ejemplo de órdenes estatales que restringen de manera ilegítima las libertades de expresión y de prensa”, advirtió ADEPA en un comunicado. La entidad remarcó que se opone sistemáticamente a decisiones que impidan la difusión de información, especialmente si involucra a funcionarios públicos o hechos de relevancia institucional.
Contexto de la medida cautelar
La Justicia aceptó la medida cautelar presentada por el Gobierno, que denunció una supuesta “operación de inteligencia ilegal” destinada a “desestabilizar al país en plena campaña electoral” mediante la filtración de audios obtenidos clandestinamente. El fallo ordenó el cese de difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno atribuidos a Karina Elizabeth Milei.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó que la decisión busca proteger la privacidad institucional y no se trata de un caso de libertad de expresión.
La postura de ADEPA sobre la libertad de expresión
ADEPA recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara: salvo contenidos que afecten a menores, cualquier medida preventiva que limite la circulación de información constituye un menoscabo del derecho de pensamiento y de expresión.
La entidad subrayó que la investigación de delitos relacionados con la grabación de los audios puede realizarse sin necesidad de aplicar censura previa. “El gobierno puede promover la investigación y sanción de los delitos que puedan haber dado lugar a la grabación de los audios, del mismo modo que puede procurar la sanción de cualquier funcionario que haya violado sus deberes de secreto”, explicó el comunicado.
ADEPA concluyó que las prohibiciones preventivas son contrarias al artículo 14 de la Constitución Nacional y afectan el derecho de la ciudadanía a informarse sobre hechos de relevancia pública que podrían influir en la opinión pública.
