El Gobierno oficializó mediante decreto la designación de Eduardo Montamat como presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia.
Culminando un proceso de selección de seis meses que incluyó concurso público e intervención de la Oficina Anticorrupción.
Decreto 810: las designaciones clave del nuevo organismo
A través del Decreto 810/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial, se dispuso la cobertura de los principales cargos de la Autoridad Nacional de la Competencia, el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia. El proceso de selección, iniciado por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, incluyó evaluación de antecedentes, evaluación técnica, entrevistas y presentación de proyectos de gestión institucional, con la intervención de la Oficina Anticorrupción para analizar posibles conflictos de intereses.
El perfil de Montamat y su equipo directivo
El Gobierno designó a Eduardo Rodolfo Montamat como presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia. Es abogado y se doctoró en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Córdoba.
Actualmente, Montamat ejerce como Profesor titular de Economía y Finanzas. Dicta clases tanto en la UNC como en la Universidad Nacional de Chilecito.
Además, acumula una amplia experiencia en el sector. Entre 1999 y 2003, se desempeñó como Jefe de Abogados de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Incluso, durante ese periodo, también ocupó el cargo de vocal.
En su nuevo equipo, lo acompañarán dos vocales: Lucas Gabriel Trevisani Vespa y Marcelo Rubén D’Ámore. Ambos profesionales cuentan con formación de posgrado; el primero en finanzas y el segundo en disciplinas bancarias.
Funcionamiento inmediato y casos pendientes
El decreto aclara que la Autoridad Nacional de la Competencia se considerará legalmente constituida con el nombramiento de su presidente, dos vocales y los secretarios instructores, quienes comenzarán a ejercer sus funciones de inmediato. Entre los casos más resonantes que deberá abordar el nuevo organismo se encuentra la evaluación de la adquisición del Grupo Telefónica por parte de Telecom, anunciada en febrero, así como investigaciones por presuntas conductas anticompetitivas en el sector de las prepagas.
La puesta en funcionamiento de la Autoridad Nacional de la Competencia marca un hito en la aplicación de la Ley 27.442, reemplazando a la anterior Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y dotando al país de un organismo autárquico y descentralizado con mayores herramientas para prevenir y sancionar prácticas anticompetitivas en los mercados. Información extraída del medio Infobae.