Estabilidad fiscal: el proyecto propone penas de prisión por gasto irregular.
La “Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”, elaborada en el marco del Consejo de Mayo, avanza con un paquete de normas destinadas a asegurar el equilibrio financiero del Estado y evitar nuevos ciclos de déficit. La iniciativa establece restricciones estrictas al gasto público y suma sanciones penales para funcionarios que incumplan las reglas fiscales. La información fue recopilada según informó La Prensa.
Reglas fiscales más estrictas para el presupuesto nacional
El proyecto fija como obligación que el Presupuesto General de la Administración Nacional sea equilibrado o incluso superavitario. Queda explícitamente prohibida la aprobación de un presupuesto deficitario.
En caso de que la ejecución presupuestaria registre menos ingresos o más gastos que los previstos, el Jefe de Gabinete deberá activar un mecanismo de ajuste, acompañado por un Informe de Sustentabilidad Fiscal. Las reducciones deberán aplicarse primero en partidas sin un mínimo de ejecución legal.
El texto también refuerza la prohibición para que funcionarios autoricen o amplíen gastos no contemplados en la ley vigente y exhorta al Poder Ejecutivo a no solicitar adelantos transitorios al Banco Central para financiar gastos primarios.
Controles en el Congreso y nuevas condiciones para proyectos de ley
Para evitar que iniciativas legislativas generen desequilibrios fiscales, se incorpora el requisito del “Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo”. Ningún proyecto que implique gastos o afecte recursos podrá avanzar en comisiones sin ese análisis previo.
Además, se implementa una regla de “Vigencia Diferida”: toda ley que establezca gastos no previstos solo comenzará a regir cuando esos fondos se incluyan de manera explícita en el presupuesto del ejercicio siguiente. La excepción se dará únicamente si la norma garantiza recursos propios suficientes y sin alterar el resultado financiero equilibrado.
Sanciones penales para gasto y emisión irregular
El proyecto estipula que cualquier norma que contradiga estas disposiciones será nula de forma absoluta e insanable.
También introduce dos nuevas figuras penales. La primera, dirigida a funcionarios que modifiquen o incrementen el gasto público sin respaldo financiero, con penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación absoluta.
MLa segunda apunta a funcionarios del Banco Central que ordenen emisión monetaria por fuera de lo permitido en su Carta Orgánica, quienes podrían enfrentar condenas de tres a diez años de prisión.
La iniciativa busca consolidar una estructura fiscal más rígida, con controles reforzados tanto en el Poder Ejecutivo como en el Congreso, y con sanciones penales inéditas para garantizar disciplina y evitar desvíos presupuestarios en todos los niveles del Estado.
