El gobierno de Nicolás Maduro suspendió todos los acuerdos de suministro de gas con el país caribeño, a quien responsabiliza de apoyar la incautación del buque Skipper por parte de Estados Unidos. Puerto España rechaza las acusaciones y las tilda de «propaganda falsa».
La tensión geopolítica en el Caribe escala a un nuevo nivel tras la incautación de un buque petrolero venezolano por parte de Estados Unidos la semana pasada. El gobierno de Venezueladirigió este lunes su furia hacia un vecino regional: Trinidad y Tobago. A través de un comunicado, Caracas acusó formalmente al gobierno de Puerto España de haber participado en el «robo» del petrolero Skipper, cargado con 1,9 millones de barriles de crudo. La información sobre estos eventos fue reportada originalmente por el medio internacional DW (Deutsche Welle).
El texto oficial, difundido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez en Telegram, sostiene que Venezuela tuvo «conocimiento pleno sobre la participación del gobierno de Trinidad y Tobago en el robo del petróleo venezolano». Calificó la operación de «acto de piratería» y una «grave violación del derecho internacional». Como represalia, Maduro ordenó «extinguir de manera inmediata cualquier contrato, acuerdo o negociación para el suministro de gas natural a ese país», ratificando una suspensión de acuerdos energéticos que ya se había anunciado en octubre.
La respuesta de Trinidad y Tobago: «propaganda falsa»
La primera ministra Kamla Persad-Bissessar respondió con contundencia, tildando las acusaciones venezolanas de «propaganda falsa». En declaraciones a la prensa, la mandataria aconsejó a Caracas que dirija sus quejas directamente al presidente estadounidense, Donald Trump, ya que fue el ejército de EE.UU. quien ejecutó la confiscación del buque sancionado.
Persad-Bissessar subrayó que su país nunca ha dependido del gas natural venezolano y cuenta con reservas nacionales suficientes para su abastecimiento. A pesar de la fuerte retórica, afirmó mantener «relaciones pacíficas con el pueblo venezolano», deslindando al gobierno de Maduro de la ciudadanía.
Un telón de fondo de creciente cooperación militar
Las acusaciones de Caracas no surgen en el vacío, sino en un contexto de creciente cooperación militar entre Trinidad y Tobago y Estados Unidos. El archipiélago caribeño anunció este mismo lunes que permitirá a aeronaves militares estadounidenses utilizar sus aeropuertos en las próximas semanas para «movimientos de carácter logístico». En noviembre, además, instalaron un radar en su territorio con apoyo técnico estadounidense.
Estas medidas se enmarcan en el masivo despliegue militar que Washington mantiene en la región desde agosto, argumentando la lucha contra el narcotráfico. Para Venezuela, sin embargo, esta movilización es una clara amenaza de invasión. El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, advirtió que las acciones de Trinidad y Tobago ponen «en peligro las buenas relaciones, pero también pone en peligro a su propio pueblo».
Sanciones europeas y presos políticos: la crisis interna se profundiza
La crisis externa coincide con un recrudecimiento de la presión internacional sobre el gobierno de Maduro por la situación de los derechos humanos. Horas antes del cruce de acusaciones con Trinidad y Tobago, la Unión Europea (UE) decidió prorrogar hasta enero de 2027 sus sanciones contra integrantes del gobierno venezolano, vigentes desde 2017. La medida incluye un embargo de armas y equipos que puedan usarse para la represión interna.
El bloque justificó la decisión en las «persistentes acciones que socavan la democracia y el estado de derecho», así como en las «continuas violaciones de los derechos humanos». Organizaciones como el Foro Penal reportan al menos 889 presos políticos en el país, y en las últimas semanas se han registrado detenciones de figuras opositoras, como el sindicalista José Elías Torres y el periodista Nicmer Evans. Caracas rechazó la renovación de las sanciones, calificándolas de «medidas coercitivas unilaterales».
El enfrentamiento con Trinidad y Tobago muestra cómo un incidente puntual —la confiscación de un petrolero— se expande como una mancha de aceite, dañando relaciones bilaterales y exacerbando las tensiones en una región que parece cada vez más dividida y militarizada.