En el marco del juicio por la estatización de YPF, los acreedores solicitaron que la jueza Loretta Preska declare a la Argentina en desacato y aplique multas millonarias por un presunto incumplimiento de órdenes judiciales. El Gobierno anticipó que rechazará el planteo.
Los fondos demandantes en el juicio por la estatización de YPF solicitaron este jueves ante los tribunales de Nueva York que la jueza Loretta Preska declare a la Argentina en desacato y le aplique sanciones económicas. Argumentan que el país no cumplió con órdenes judiciales vinculadas a la entrega de comunicaciones de funcionarios y exfuncionarios.
La presentación fue realizada por los abogados de los fondos Petersen y Eton Park, con el respaldo financiero de Burford Capital, y se da en el marco del proceso de discovery, una etapa clave para intentar cobrar parte de la sentencia que condenó al Estado argentino a pagar US$ 16.100 millones más intereses por la expropiación de YPF en 2012. De acuerdo con ADNSUR.
Los demandantes reclamaron que organismos como el Banco Central, el Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas sean declarados “alter ego” del Estado, es decir, que sean considerados legalmente lo mismo que la Argentina. Para sostener esa postura, solicitaron que se tengan en cuenta correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones no oficiales.
Además, pidieron que la jueza declare al país en desacato por incumplir deliberadamente una orden judicial y que se aplique una multa coercitiva de al menos un millón de dólares por día, mientras persista el supuesto incumplimiento. También solicitaron sanciones civiles y que se presuma que la información no presentada sería desfavorable para la Argentina.
En caso de que el Estado argumente que no puede acceder a ciertas comunicaciones, los fondos solicitaron la realización de una audiencia con testigos, que podría incluir a funcionarios como Luis Caputo y Pablo Quirno, además de exigir que la Argentina cubra los costos legales.
Según el cronograma judicial, el Gobierno responderá el 19 de febrero, los demandantes replicarán el 5 de marzo y las audiencias se realizarán los días 23 y 24 de marzo, cuando la jueza Preska definirá si hace lugar al pedido de sanciones.
Desde la Procuración del Tesoro rechazaron el planteo y aseguraron que la Argentina cumplió con el proceso de discovery, con la entrega de más de 113.000 páginas de documentos. Además, calificaron la presentación como un intento de Burford Capital de “hostigar a la República” mediante pedidos “intrusivos y desproporcionados”.
