Una investigación federal avanza sobre lo que podría ser una de las mayores sospechas de corrupción financiera de los últimos años, vinculada al manejo del dólar blue durante el gobierno de Alberto Fernández.
Según Noticias Argentinas, cinco funcionarios de alta jerarquía del Banco Central que aún se encuentran en funciones están formalmente imputados en la causa, con sus teléfonos y computadoras secuestrados.
La investigación, a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, combina confesiones de financistas «arrepentidos», audios comprometedores y el rastreo del uso de «cuevas» para operaciones ilegales. El eje central es determinar si existió una complicidad institucional que permitió a operadores realizar un «rulo» millonario entre el dólar oficial y el paralelo.
El escándalo que destaparon los audios: «Gente de arriba entongada»
El caso tomó un nuevo y dramático impulso con la difusión de audios grabados entre los financistas Elías Piccirillo (ex marido de Jésica Cirio) y Francisco Hauque. En esas conversaciones, los operadores hablan con liviandad de maniobras por cifras astronómicas, incluyendo una deuda de US$ 6 millones en ganancias ilegales que Hauque le reclama a Piccirillo.
Uno de los momentos más graves de los audios involucra a Romina García, una de las inspectoras del BCRA actualmente imputadas. En la grabación, García le admite a Piccirillo que, durante la gestión anterior, denunciaron internamente las irregularidades, pero nadie actuó porque «había gente de arriba toda entongada». Esta declaración es, para los investigadores, una pieza clave que apunta a una red de protección al interior del organismo.
Los funcionarios bajo la lupa y el millonario «rulo» con el dólar blue
Los cinco funcionarios del Banco Central cuyos dispositivos fueron allanados e incautados son: Diego Volcic, Analía Jaime, Romina García, Fabián Violante y María Fernández. Todos están actualmente bajo una investigación administrativa interna iniciada por el BCRA para determinar si violaron el Código de Ética, al tiempo que avanzan las indagatorias judiciales.
El esquema delictivo que se investiga es complejo. La Justicia sospecha que los financistas, con posible asistencia interna, accedían a dólares al precio oficial mediante mecanismos irregulares. Luego, esos dólares eran volcados al mercado informal o «blue», obteniendo ganancias siderales por la brecha cambiaria. Parte de ese dinero multimillonario, según declaraciones de testigos, se habría destinado a la compra de autos de lujo, relojes Rolex y propiedades en Pinamar, incluyendo una que Piccirillo le habría regalado a Jésica Cirio.
La trama se complica: un policía «arrepentido» y causas paralelas
La investigación judicial no se detiene en los aspectos económicos. Para intentar silenciar a su socio Francisco Hauque, Piccirillo habría contado con la ayuda del policía Carlos Sebastián Smith, quien hoy actúa como «arrepentido» en la causa. Smith habría participado en un intento de plantar armas y drogas a Hauque para presionarlo.
Actualmente, el juzgado de Casanello analiza el contenido de los pendrives aportados por Smith. A esto se suma que la jueza María Servini tramita una causa paralela desde 2023 por maniobras similares. Los investigadores buscan determinar si ambos expedientes forman parte de la misma organización delictiva o son hechos aislados, pero con un modus operandi común.
La clave está en los teléfonos y la sombra del poder político
El próximo paso decisivo en la investigación será el análisis forense de los teléfonos y computadoras secuestrados a los funcionarios del BCRA. Los fiscales esperan que estos dispositivos contengan pruebas concretas de comunicación con los financistas y, potencialmente, revelen quiénes eran los «jefes» políticos que, según la grabación de García, daban el «visto bueno» a las operaciones.
La causa pone una lupa sobre un período de estrictas restricciones cambiarias (cepo) para el ciudadano común, mientras un pequeño grupo habría gozado de un acceso privilegiado y corrupto al dólar oficial. El desenlace de la investigación no solo definirá el futuro de los imputados, sino que podría exponer el nivel de penetración del delito financiero en las altas esferas del Estado durante la anterior administración.