En un giro diplomático y judicial de gran peso, el Gobierno de los Estados Unidos volvió a manifestar su apoyo explícito a la República Argentina en el litigio que se tramita en los tribunales de Nueva York por la expropiación de YPF
A través de un Memorándum presentado ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, el Departamento de Justicia estadounidense solicitó que se frene el proceso de «discovery» (exhibición de documentos), calificándolo como una medida «excesivamente intrusiva» que pone en riesgo las relaciones bilaterales y los protocolos de cortesía internacional.
Un freno a la «intrusión» sobre activos soberanos
La Procuración del Tesoro de la Nación, dirigida por Sebastián Amerio, confirmó que la administración de Donald Trump intervino para respaldar la moción de emergencia presentada por Argentina el pasado 6 de marzo. El objetivo del país es suspender la etapa de producción de pruebas y la audiencia fijada para fines de abril de 2026. Según informó el medio Infobae, el Departamento de Justicia, hoy bajo el mando de Pam Bondi, argumentó que las exigencias de los demandantes —que incluyen pedidos de información sobre reservas de oro y comunicaciones de altos funcionarios— vulneran la soberanía nacional.
Desde Washington advierten que este tipo de prácticas litigiosas, de ser convalidadas por la jueza Loretta Preska, podrían generar un precedente peligroso. La preocupación central de la Casa Blanca es la reciprocidad: si los tribunales neoyorquinos avanzan sobre bienes soberanos extranjeros, otros países podrían aplicar medidas similares contra activos de los Estados Unidos en el mundo.
Blindaje diplomático y el frente de los holdouts
El respaldo de EE.UU. llega en un momento estratégico para la defensa argentina. La presentación judicial resalta que los bienes de estados extranjeros son, por regla general, inmunes a la ejecución según la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA). El documento oficial norteamericano sostiene que los tribunales deben tener una «especial deferencia» hacia la posición del Poder Ejecutivo en temas de política exterior para evitar fricciones diplomáticas innecesarias.
Este espaldarazo coincide con una semana positiva en el frente judicial externo, ya que Argentina logró cerrar acuerdos con los fondos Attestor y Bainbridge por el default de 2001. Este avance permite que la estrategia legal del país se concentre exclusivamente en «encapsular» el juicio por YPF, contando ahora con el peso político del Departamento de Justicia de los Estados Unidos como un aliado clave frente a la agresividad de los fondos litigantes.
