El Juzgado Federal de Ushuaia denegó la medida cautelar solicitada por la provincia contra la intervención nacional del Puerto de Ushuaia, y elevó consultas sobre competencia.
En un nuevo capítulo del conflicto entre la provincia de Tierra del Fuego y el Gobierno Nacional, la Justicia federal no dio lugar al pedido de urgencia presentado por las autoridades provinciales. El Juzgado Federal de Ushuaia rechazó este jueves la solicitud de una medida cautelar urgente para frenar la intervención del Puerto de Ushuaia decretada por el Poder Ejecutivo nacional. Según los fundamentos del Tribunal, «no se encuentran motivos que ameriten la habilitación de la feria judicial», según informó la Agencia Noticias Argentinas.
La decisión judicial y las dudas sobre competencia y legitimación
Más allá del rechazo a la medida de urgencia, la resolución judicial dejó planteadas varias cuestiones procesales que podrían dilatar el tratamiento de fondo del conflicto. El juzgado federal requirió a la fiscalía que se expida sobre su propia competencia para resolver este litigio entre la administración provincial y el Gobierno nacional. Esta consulta introduce una incertidumbre sobre qué tribunal es el adecuado para entender en la causa.
Además, la Justicia solicitó a la fiscalía que determine si el gobernador de Tierra del Fuego está habilitado para presentarse directamente en la causa, una función que, en principio, correspondería a la Fiscalía de Estado de la provincia. En paralelo, el Tribunal pidió al secretario Legal y Técnico provincial, Emiliano Fossatto, que gestione la matrícula federal correspondientepara poder intervenir formalmente en una causa ante la Justicia Federal, un trámite administrativo previo necesario.
El conflicto de fondo: la intervención nacional del puerto
El rechazo a la cautelar urgente es un primer traspié para la estrategia legal de la provincia, que busca revertir la intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno nacional. La medida del Ejecutivo, anunciada la semana pasada, se fundamentó en «observaciones» por el manejo de fondos en la administración portuaria, aunque desde el gobierno fueguino se la calificó como un acto de avasallamiento de la autonomía provincial.
Al no conceder la urgencia, el juzgado federal decidió no avanzar de inmediato sobre el fondo del asunto, priorizando primero aclarar las cuestiones de competencia y procedimiento. Esto le da tiempo al Gobierno nacional para consolidar su intervención, mientras la provincia deberá ajustar su estrategia legal y cumplir con los requisitos formales exigidos por el tribunal antes de poder reimpulsar su reclamo. El conflicto por el control del puerto estratégico austral sigue abierto, pero su resolución judicial parece encaminarse por un sendero más lento y técnico de lo que la provincia esperaba.