La Cámara alta iniciará este jueves a las 11 una sesión clave con la reforma a la Ley de Glaciares y la ratificación del acuerdo birregional. También se tratará el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la UE.
Con viento de cola, el oficialismo vuelve este jueves al recinto del Senado con el objetivo de aprobar dos iniciativas centrales de su agenda legislativa: la reforma a la Ley de Glaciares y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
Según Noticias Argentinas , la sesión comenzará a las 11 horas y también incluirá el tratamiento del pliego del ex diputado nacional Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea.
El viernes a la misma hora, en tanto, se convocó a otra sesión para tratar los proyectos de reforma laboral y el régimen penal juvenil.
Acuerdo Mercosur-UE: el Gobierno quiere ser el primero
El acuerdo birregional iba a tratarse originalmente el viernes, pero el Gobierno ordenó adelantar los tiempos. La decisión de la Casa Rosada obedece a que el Parlamento de Uruguay aceleró el proceso de ratificación y podría aprobarlo en las próximas horas.
Milei quiere ser el primer socio comercial en dar el visto bueno al tratado, porque intuye que podría acceder a ventajas y beneficios diferenciales con respecto a otros países de la región que compiten por los mismos mercados.
Los votos para aprobarlo están asegurados y se estima que el interbloque peronista que conduce José Mayans votará dividido, como ocurrió la semana anterior en Diputados.
El acuerdo, firmado el 17 de enero en Asunción con la participación de Milei, Peña y Orsi (y la ausencia de Lula), creará una zona de libre comercio con más de 700 millones de consumidores(20% del PBI mundial) y permitirá bajar aranceles a más del 90% de las exportaciones argentinas.
Reforma de Glaciares: pulseada entre el Gobierno y la UCR
El oficialismo va confiado a dar el debate sobre la reforma a la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares, pero a última hora el radicalismo puso sobre la mesa un proyecto alternativo de los senadores de la UCR que no le da tanto poder a las provincias en la determinación de las zonas protegidas.
Las negociaciones son intensas para evitar que la iniciativa se frustre. La aprobación de este proyecto es un compromiso asumido con los gobernadores de provincias cordilleranas, que buscan una ley más dinámica para destrabar inversiones en minería e hidrocarburos.
Los puntos clave de la reforma
Tanto el proyecto del Ejecutivo como el alternativo de la UCR buscan redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir la explotación económica en áreas periglaciares que actualmente están blindadas.
El proyecto del Gobierno introduce una precisión: distingue entre formas periglaciares que cumplen funciones de «reservas estratégicas de recursos hídricos» de aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.
Con la nueva ley, no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación, sino solo aquellas formaciones con función hídrica comprobable.
Se mantiene la prohibición de actividades económicas en glaciares, pero se abre una puerta para desarrollar proyectos de inversión en áreas sin función hídrica fehaciente.
El poder de decisión: provincias vs. IANIGLA
La principal diferencia entre el proyecto del Gobierno y el de la UCR es que el primero transfiere a las provincias la facultad de determinar qué áreas proteger y cuáles no, mientras que la iniciativa radical le da poder total al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales).
El Gobierno se apoya en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales.
Rechazos encendidos: ambientalistas e Iglesia
La iniciativa concita rechazos acérrimos de asambleas ambientalistas y también de la Iglesia, que hizo saber su descontento a través de una carta de la Comisión Episcopal Argentina.
Los sectores que cierran filas en contra del proyecto alertan que la protección de glaciares y zonas periglaciares, pilares estratégicos para la provisión de agua dulce, no debe ser negociada frente a intereses corporativos sectoriales.
Organizaciones movilizadas en todo el país denuncian que la reforma es una «regresión ambiental inconstitucional» que vulnera el Acuerdo de Escazú.
En el peronismo, posibles fugas
En el peronismo, que mayoritariamente se inclinaría por el rechazo, podrían haber fugas, ya que es incierta la postura que tomarían ex gobernadores de provincias mineras como Lucía Corpacci(Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan).
La sesión de este jueves promete ser un termómetro de la capacidad del oficialismo para imponer su agenda en un Senado fragmentado, con la oposición dividida y aliados tensos.
