La espera terminó para la causa judicial que inauguró los escándalos de corrupción en la era contemporánea.
En una jornada que promete ser bisagra, los tribunales federales definirán la suerte de los ex jerarcas del área de infraestructura más poderosos de las últimas décadas, quienes aguardan su destino final recluidos y bajo una fortísima presión judicial.
Comodoro Py define el futuro de De Vido y López desde la cárcel
El escenario político y judicial argentino se prepara para un temblor institucional de proporciones. El Tribunal Oral Federal N° 4 dictará este lunes 13 de julio, cerca del mediodía, la sentencia definitiva en los tribunales de Comodoro Py. El impacto de la resolución mantiene en vilo al arco político, dado que el veredicto se conocerá este lunes para los principales imputados de la función pública: el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y su entonces secretario de Obras Públicas, José López.
La Fiscalía Federal ha solicitado formalmente penas severas que oscilan entre los 4 y 5 años de prisión efectiva, accesorias de inhabilitación perpetua absoluta para ejercer cualquier tipo de cargo público y millonarios decomisos de bienes patrimoniales. Debido a sus actuales situaciones procesales, los acusados seguirán el dictamen del tribunal mediante conexiones remotas por videoconferencia: De Vido lo hará desde su arresto domiciliario ubicado en la localidad bonaerense de Zárate, mientras que López escuchará a los jueces desde su celda de reclusión en la cárcel federal de Ezeiza.
La grabación oculta y las 20 empresas fantasma de la ruta del gas
Este proceso penal posee una carga simbólica histórica por tratarse del primer gran escándalo de corrupción destapado de manera oficial durante el primer mandato presidencial de Néstor Kirchner. La investigación judicial desnudó una trama delictiva iniciada en el año 2004, enfocada en el direccionamiento fraudulento de licitaciones y el pago sistemático de sobornos y sobreprecios para la adjudicación de las obras públicas destinadas a la ampliación de dos gasoductos troncales del país.
El entramado delictivo montado por la multinacional sueca se valió de una sofisticada ingeniería contable. Para encubrir el flujo del dinero negro de las coimas, la firma recurrió a un sistema de facturas truchas falsificadas que eran emitidas de forma coordinada por más de 20 empresas fantasma, simulando la prestación de servicios técnicos y operativos que jamás existieron en la realidad. Sin embargo, la prueba fundamental e irreversible que terminó por derrumbar la coartada defensiva consistió en una grabación interna secreta de la propia compañía, donde un alto ejecutivo admitía con crudeza ante sus pares que se habían pagado retornos ilegales para asegurarse los contratos millonarios, dejando contra las cuerdas tanto a los empresarios involucrados como a los ex funcionarios nacionales.