Argentina declara al Cártel de Jalisco Nueva Generación como terrorista.
En un giro estratégico dentro de su política de seguridad y combate al crimen transnacional, el Gobierno nacional formalizó este jueves 26 de marzo de 2026 la declaración del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista. La medida, comunicada a través de los canales oficiales de la Oficina del Presidente, implica un endurecimiento en los controles y habilita sanciones severas para limitar el accionar de este grupo en el territorio argentino.
Con esta resolución, el Ejecutivo nacional dispuso la incorporación inmediata del CJNG al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Un golpe al financiamiento y la expansión criminal
La designación oficial como organización terrorista no es un mero cambio de etiqueta, sino que otorga al Estado herramientas legales superiores para asfixiar la estructura operativa del grupo. Según se informó, esta categoría habilita al Estado a “aplicar mecanismos más estrictos para limitar la operatoria del grupo”, lo que incluye directamente sanciones financieras, el congelamiento de activos y restricciones que buscan «impedir que estas redes utilicen el sistema financiero argentino para actividades ilícitas».
Desde el Poder Ejecutivo sostienen que este paso es «clave para anticipar y bloquear posibles operaciones del CJNG en el país». Además, la medida fortalece la cooperación internacional con naciones que ya han adoptado normativas similares, facilitando el intercambio de inteligencia y acciones conjuntas contra el crimen organizado que hoy amenaza la región.
Orígenes y expansión: la amenaza del CJNG en la región
La resolución oficial se apoya en informes técnicos que acreditan “actividades ilícitas de alcance global y posibles vínculos con otras organizaciones consideradas terroristas”. El CJNG surgió en 2010 tras una ruptura con el Cártel de Sinaloa y, en poco más de una década, logró expandirse hasta convertirse en una de las redes criminales más poderosas del mundo, con una presencia activa en múltiples países, incluida la Argentina.
La formalización de esta medida fue el resultado de un trabajo coordinado entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y los organismos de inteligencia. Este esfuerzo conjunto se da en un contexto regional atravesado por la “creciente preocupación por el avance del narcotráfico y sus conexiones internacionales”, lo que obligó a la administración actual a elevar el estatus de la amenaza.
El compromiso de la gestión Milei contra el crimen global
El presidente Javier Milei reafirmó su postura de endurecer la lucha contra las organizaciones criminales de escala global, insistiendo en la necesidad de “identificarlas y tratarlas como estructuras terroristas”. Para el mandatario, esta decisión no solo apunta a frenar el avance del narcotráfico, sino también a consolidar una estrategia de seguridad mucho más amplia frente a las amenazas internacionales contemporáneas.
Esta declaración se suma a otras recientes donde el Gobierno también incluyó en el registro de entidades terroristas a grupos de la Hermandad Musulmana en Egipto, Jordania y el Líbano, marcando una tendencia clara en la agenda de seguridad exterior del país.




