El oficialismo acelera a contrarreloj. La Libertad Avanza buscará dictaminar este miércoles sobre el proyecto de ley para autorizar al Gobierno a pagar 171 millones de dólares a fondos buitres que tienen sentencia en Estados Unidos contra la Argentina. El plazo límite es el 30 de abril y, si no se aprueba, el acuerdo caducará automáticamente, obligando al país a retomar litigios en condiciones mucho más gravosas.
La solicitud realizada por el Poder Ejecutivo —impulsada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo— está plasmada en un proyecto de ley girado al Senado que se tratará este miércoles a las 15 en un plenario conjunto de comisiones.
Plenario clave: Abdala y Monteverde al frente
La reunión comenzará con la constitución de la Comisión de Economía Nacional e Inversiones, conducida por el libertario Bartolomé Abdala. Luego se efectuará el plenario junto con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el porteño libertario Agustín Monteverde.
Si bien el plazo para tener aprobada la ley es el 30 de abril, el oficialismo quiere dar una señal de su voluntad de cumplir ese acuerdo y por eso apurará la firma del dictamen para que pueda ser debatida en una sesión que se celebrará en la primera semana de mayo.
Quiénes son los fondos buitres que cobrarán
El proyecto autoriza al Gobierno a pagar los Acuerdos de Conciliación celebrados con:
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Bainbridge Ltd.
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El grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP
Se trata de bonistas que comenzaron sus demandas en 2001 pero no ingresaron en el acuerdo firmado en 2016 entre el Gobierno de Mauricio Macri y la mayoría de los fondos buitres.
La letra chica: caducidad automática si no se aprueba antes del 30 de abril
El Gobierno reclama el urgente tratamiento «debido a que los acuerdos establecen como fecha límite de cierre («Outside Date») el 30 de abril de 2026. La falta de aprobación parlamentaria luego de dicho plazo provocaría la resolución automática de las transacciones, obligando a la Argentina a retomar litigios bajo condiciones financieras significativamente más gravosas».
En criollo: si el Congreso no aprueba el pago antes del viernes, el acuerdo se cae y los fondos buitres vuelven a embargar activos argentinos.
Una quita superior al 30%: por qué el Gobierno considera que es un buen negocio
El Gobierno defiende el acuerdo con dos argumentos financieros centrales:
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Quita superior al 30% sobre las sumas remanentes.
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Permite cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial.
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Evita el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York.
El desglose del pago:
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US$ 67 millones para Bainbridge Ltd.
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US$ 104 millones para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP
El pago será «de forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción».
El contexto: una pulseada contra el reloj
El oficialismo defiende el acuerdo como una manera de terminar con las demandas de embargo sobre activos argentinos. Desde la oposición, en cambio, cuestionan que el Gobierno esté pagando a fondos que especularon con la deuda argentina durante más de dos décadas.
Lo cierto es que el reloj corre. Si el miércoles no se firma el dictamen y la semana que viene no se aprueba en el recinto, el acuerdo caduca. Y Argentina volverá a enfrentar juicios millonarios con intereses punitorios que crecen día a día.