Brasil: inicia el juicio contra la abogada argentina acusada de racismo en Río.
Este martes comienza en el Tribunal Penal N°37 de Río de Janeiro el proceso judicial contra Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años detenida tras protagonizar un incidente discriminatorio en un local bailable. El caso, que tomó relevancia internacional tras la viralización de un video, pone el foco en la severidad de las leyes brasileñas frente a los delitos de odio.
La audiencia estará a cargo del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte, donde la fiscalía y la querella presentarán sus conclusiones iniciales sobre los tres hechos de injuria racial que se le imputan a la joven santiagueña.
Pruebas y situación procesal
Páez se encuentra actualmente bajo prisión domiciliaria en Brasil. La justicia de ese país considera la injuria racial como un delito de extrema gravedad:
- Pena potencial: El código penal brasileño prevé hasta 15 años de prisión.
- Condición legal: Se trata de un delito no excarcelable bajo la normativa vigente.
- Evidencia clave: Un video grabado por testigos dentro del boliche muestra los gestos racistas realizados por la abogada, lo que constituye la prueba principal de la parte acusatoria.
La versión de la defensa y el pedido de disculpas
Según la declaración de Páez, representada ahora por la letrada Carla Junqueira, el conflicto se originó por una supuesta irregularidad en el cobro de una cuenta mientras se encontraba de vacaciones con amigas. La imputada reconoció haberse retirado del lugar a los gritos tras una discusión con el personal del establecimiento.
Recientemente, a través de sus redes sociales, la abogada manifestó su arrepentimiento:
“Fue una reacción muy grave. Por eso quiero pedir disculpas públicamente, algo que quería hacer anteriormente y, por recomendación de mi defensa anterior, no lo hice”.
Impacto en la jurisprudencia regional
El inicio de este juicio es seguido de cerca tanto en Argentina como en Brasil, ya que refleja el endurecimiento de las penas para turistas que cometen actos discriminatorios. La fiscalía buscará demostrar que los gestos no fueron una reacción aislada, sino una manifestación de desprecio racial que encuadra en las figuras penales más rígidas del sistema brasileño.