Juicio en Brasil: la abogada argentina Agostina Páez enfrenta 15 años.
La justicia de Río de Janeiro ha dado un paso decisivo en el proceso legal que involucra a la abogada argentina Agostina Páez, quien permanece bajo custodia en territorio brasileño desde enero. Tras la viralización de un video en el que se la observa realizando gestos de índole racista en un establecimiento de Copacabana, las autoridades judiciales fijaron el inicio del debate oral para la próxima semana. La joven profesional, oriunda de Santiago del Estero, enfrenta una acusación que, por la gravedad de la figura legal aplicada en el país vecino, podría derivar en una condena de cumplimiento efectivo sin precedentes para un ciudadano extranjero en este tipo de delitos.
El proceso judicial comenzará formalmente el 24 de marzo, fecha en la que se llevará a cabo la apertura de prueba y el juzgamiento. Según UNO, la fiscalía y la querella expondrán sus conclusiones sobre tres hechos específicos catalogados como «injuria racial». El escenario para la abogada de 29 años es complejo, ya que en Brasil este delito conlleva penas que oscilan entre los dos y cinco años por cada hecho; al imputársele un concurso material de tres delitos, la condena total podría alcanzar los 15 años de prisión, con un mínimo de seis años que tornaría la pena en no excarcelable.
La estrategia de la defensa y las pruebas en el expediente
Carla Junqueira, una de las representantes legales de Páez, ha cuestionado la solidez de la acusación, sosteniendo que no existen evidencias suficientes para confirmar la existencia de tres delitos distintos contra tres víctimas diferentes. Para la defensa, el material audiovisual obtenido del interior del bar es «absolutamente inconclusivo» y no permite ratificar los hechos denunciados por el Ministerio Público. Sin embargo, la fiscalía se apoya en una combinación de elementos que considera contundentes: el video viral, las grabaciones de las cámaras de seguridad internas, el testimonio del gerente del local y las declaraciones de las presuntas víctimas.
Junqueira ha reiterado en diversos medios argentinos que, si bien la fiscalía considera que los testimonios son consistentes entre sí y se ven respaldados por las imágenes, la defensa técnica trabajará para demostrar que no se configuró el concurso material de delitos que elevaría la pena de manera drástica. Mientras tanto, Páez permanece bajo el régimen de prisión domiciliaria en Río de Janeiro, monitoreada constantemente mediante una tobillera electrónica.
Pedidos de extradición y disculpas públicas
En medio del proceso, la imputada ha solicitado en reiteradas oportunidades que se le permita regresar a la Argentina para continuar con el trámite legal desde su país, alegando haber recibido amenazas de muerte y ser blanco de actos de violencia en Brasil. No obstante, las autoridades brasileñas han mantenido la restricción de salida para garantizar su presencia en las audiencias. Recientemente, Páez publicó un video donde, por primera vez, rompió el silencio para pedir disculpas públicas por sus gestos y ataques verbales hacia el empleado del bar.
En su descargo, la abogada explicó que no se había manifestado anteriormente por recomendación de su defensa previa. El desenlace de este caso es seguido de cerca tanto por la comunidad jurídica como por la opinión pública, dado que Brasil ha endurecido severamente su legislación contra el racismo en los últimos años, equiparando la injuria racial al racismo en términos de imprescriptibilidad y severidad de las penas.
