Israel aprueba la pena de muerte por ahorcamiento para delitos de terrorismo.
En una sesión marcada por la controversia y un intenso debate de doce horas, la Knéset (Parlamento israelí) aprobó este lunes una reforma legal histórica que establece la pena de muerte por ahorcamiento para los condenados por asesinatos terroristas. La medida, impulsada por los sectores más ortodoxos y conservadores del arco político, ha encendido las alarmas de organismos internacionales y defensores de los derechos humanos por su aplicación diferenciada.
Votación dividida y respaldo de Netanyahu
El texto legislativo obtuvo 62 votos a favor y 48 en contra. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, estuvo presente en el plenario y dio su respaldo explícito a la reforma, la cual fue promovida originalmente por el partido del ministro de Seguridad Nacional, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir.
“Este es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos. Se acabó la impunidad para los terroristas; ahora toca una decisión clara”, celebró Ben Gvir mediante un comunicado oficial tras conocerse el resultado de la votación.
Diferenciación jurídica: tribunales militares vs. civiles
El punto más crítico de la ley radica en cómo se aplicará según la jurisdicción. La reforma obliga a los tribunales militares —donde son juzgados los palestinos residentes en Cisjordania ocupada— a imponer la pena capital por defecto a quienes sean encontrados culpables de asesinato terrorista.
Por el contrario, los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes mantienen la facultad de optar por la cadena perpetua. Según detallaron medios como The Jerusalem Post y la agencia DW, la ley establece que la pena de muerte se aplicará a quien busque “negar la existencia del Estado de Israel”, una definición técnica que, en la práctica, excluye de esta sanción máxima a los ciudadanos judíos.
Críticas de la oposición y alcance de la norma
Desde la oposición, el diputado Matti Sarfatti (del partido Yesh Atid) calificó la medida como “populista, inmoral, no igualitaria y claramente inconstitucional”. Los detractores sostienen que la norma consagra una discriminación jurídica de facto al crear un sistema donde la pena de muerte queda reservada casi exclusivamente para la población palestina.
Cabe destacar dos puntos clave sobre la implementación de la nueva normativa:
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No es retroactiva: No se aplicará a los autores de los ataques del 7 de octubre, para quienes se tramita un proyecto de ley por separado.
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Excepciones: Aunque los jueces militares pueden optar por la cadena perpetua en «circunstancias especiales», estas no han sido definidas con precisión en el texto aprobado.
Con esta resolución, Israel se encamina a aplicar un castigo que no se ejecutaba de manera regular en su sistema democrático, profundizando la tensión política y social en la región mientras el mundo observa las repercusiones humanitarias de esta reforma.
