Ajuste y eficiencia: el plan de Caputo para blindar el superávit y cumplir con el FMI.
El Gobierno nacional ha ratificado el superávit fiscal como la piedra angular de su programa económico, un compromiso que no solo busca sanear las cuentas internas sino también cumplir con las exigentes metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Tras un 2025 que cerró con un saldo primario positivo del 1,4% del PBI, el desafío para 2026 sube la vara: el acuerdo con el organismo internacional apunta a un ambicioso 2,2%, mientras que el Presupuesto nacional prevé un 1,5%.
Con el primer bimestre arrojando un superávit financiero del 0,1% del PBI, el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, ha puesto en marcha una serie de medidas de «sintonía fina» para compensar la caída real de la recaudación tributaria y garantizar la sostenibilidad del modelo.
Recortes en programas sociales y reestructuración laboral
Una de las medidas de mayor impacto fiscal es la decisión del Ministerio de Capital Humano de dar de baja el programa «Volver al Trabajo» el próximo 9 de abril. Esta iniciativa, que será reemplazada por un sistema de vouchers de capacitación, afectará a unos 900.000 beneficiarios. Según cálculos privados, esta maniobra representa un ahorro cercano al 0,1% del PBI, equivalente a unos $900.000 millones.
En paralelo, el Ejecutivo ha relanzado planes de retiros voluntarios en áreas estratégicas del Estado para reducir la planta de empleados públicos. Los objetivos actuales incluyen:
- ANSES: Se busca la salida de 1.800 agentes.
- Vialidad Nacional: Ya cuenta con más de 600 inscriptos.
- Medios Públicos (RTA y Contenidos Públicos): Se apunta a una adhesión de 500 trabajadores.
Cierre de dependencias y eficiencia operativa
La búsqueda de eficiencia también ha llegado al Banco Central, que dispuso el cierre de 12 tesoros regionales en diversas provincias, incluyendo Comodoro Rivadavia, Salta y Misiones. Desde la entidad explicaron que se trata de una medida técnica: el efectivo circulante hoy representa solo el 2% del PBI —frente al 6% histórico— debido al auge de los medios de pago electrónicos, lo que vuelve obsoletas estas estructuras de distribución física.
Asimismo, el Ministerio de Desregulación evalúa el cierre de delegaciones de la Secretaría de Trabajo en el interior del país. El objetivo declarado es eliminar tareas duplicadas y reducir el peso del aparato estatal, bajo la premisa de que muchas funciones actuales han quedado «fuera de época» o pueden ser centralizadas digitalmente.
El desafío de los ingresos
A pesar del fuerte ajuste en el gasto, el Gobierno enfrenta la dificultad de una recaudación que suma siete meses consecutivos de caída en términos reales. Esto obliga al equipo económico a profundizar los recortes operativos para no depender exclusivamente de una recuperación de la actividad económica que, aunque muestra signos de rebote, todavía no se traduce en un incremento sólido de los ingresos fiscales.
El mensaje de la Casa Rosada es claro: el superávit no es negociable, y la estructura del Estado seguirá achicándose para cumplir con la hoja de ruta pactada con Washington y mantener la estabilidad financiera.