En una audiencia de control de detención celebrada este miércoles en el juzgado penal del barrio Roca, la jueza Daniela Arcuri resolvió declarar legal la aprehensión de Maximiliano Bellido y dictar su prisión preventiva por el término de un mes
En una audiencia de control de detención celebrada este miércoles en el juzgado penal del barrio Roca, la jueza Daniela Arcuri resolvió declarar legal la aprehensión de Maximiliano Bellido y dictar su prisión preventiva por el término de un mes. El imputado, que se encontraba bajo el beneficio de libertad condicional, fue formalizado por el delito de «amenazas coactivas» en calidad de coautor.
El hecho: «Si no pagan los vamos a cagar a tiros»
La investigación fiscal, representada por la procuradora Gabriela Gómez, se centra en lo ocurrido el pasado 24 de marzo de 2026. Según el relato, Bellido se presentó junto a otro sujeto en un domicilio de la calle Código 2487 para exigir el pago de una deuda. Al no encontrar al deudor, amenazaron a su padre con una frase contundente: “Si no pagan los vamos a cagar a tiros y quemar la casa”.
Tras la denuncia inmediata, la policía logró detener a Bellido a pocas cuadras del lugar. La fiscalía fundamentó el pedido de preventiva basándose en el peligro de fuga, la falta de arraigo y el hecho de que el imputado posee antecedentes penales computables y se encontraba cumpliendo una condena previa.
El planteo de la defensa
Por su parte, la defensora pública Luciana Risso cuestionó el procedimiento policial alegando “la ilegalidad de la detención, por inconsistencias en el Acta de detención y el desfasaje horario”. Según la defensa, existieron maniobras del personal que interrumpieron la flagrancia, por lo que solicitó la libertad de su asistido argumentando que «el proceso se puede cautelar de otra forma».
Resolución Judicial
Pese a los cuestionamientos de la defensa, la jueza Arcuri validó la actuación policial y la apertura de la investigación. Al evaluar los riesgos procesales y la conducta previa del imputado, decidió hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, estableciendo la medida de coerción por 30 días mientras avanza la causa.