El desembarco de las plataformas digitales de transporte como Uber, Cabify y DiDi ha generado un fuerte sismo normativo en la Argentina
Mientras algunas jurisdicciones exploran la convivencia, en la Patagonia, y particularmente en la provincia de Chubut, las ciudades de Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia mantienen una postura firme: sin habilitación municipal, el servicio es ilegal. Bajo este criterio, se han endurecido los controles y las sanciones para proteger el sistema tradicional de taxis y remises.
El conflicto por la habilitación local en Chubut
La lógica que impera en los municipios de la provincia es clara: el transporte urbano de pasajeros es un servicio público de carácter local. Esto implica que ninguna aplicación puede otorgar un permiso que solo el Estado municipal tiene la potestad de brindar. En ciudades como Puerto Madryn, la prohibición rige por ordenanza desde 2018. A pesar de que la plataforma intentó operar de hecho, el municipio y los propietarios de taxis mantienen un frente unido contra lo que consideran una «competencia desleal».
En Trelew, la normativa fue un paso más allá en 2025, endureciendo las multas contra el transporte clandestino captado por plataformas digitales. La postura oficial no ataca la tecnología en sí, sino su uso por parte de vehículos no registrados. El objetivo es evitar que autos particulares circulen sin los seguros específicos, licencias y controles psicofísicos que sí se les exigen a los choferes habilitados.
Comodoro Rivadavia y la discusión por una regulación
El caso de Comodoro Rivadavia se presenta como un escenario bisagra. Tras un año de funcionamiento de Uber sin autorización, la justicia de faltas local advirtió sobre multas que pueden alcanzar el millón de pesos. Sin embargo, en paralelo a los operativos de secuestro de vehículos, ha comenzado a ganar terreno un proyecto de ordenanza impulsado por sectores vinculados al gobernador Ignacio Torres.
Esta iniciativa busca salir de la prohibición absoluta para pasar a un esquema de regulación específica. El plan es fijar requisitos, controles y tributos que igualen la cancha con el sistema de taxis, brindando mayor seguridad jurídica tanto a los usuarios como a los trabajadores de las aplicaciones.
Los argumentos detrás de la prohibición
Más allá de la Patagonia, ciudades como Villa Gesell y Allen también han sentado precedentes. Los fundamentos que repiten los municipios para rechazar a las apps se resumen en cuatro ejes principales:
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Competencia desleal: Taxis y remises pagan tasas, seguros especiales y licencias que las apps suelen evadir.
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Seguridad del usuario: Sin registro municipal, no hay garantías sobre los antecedentes del conductor ni el estado técnico del vehículo.
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Poder de policía: La convicción de que el transporte es una facultad municipal que no puede ser delegada a una empresa privada.
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Orden tributario: La necesidad de que las plataformas tributen a nivel local para sostener el sistema urbano.
La disputa sigue abierta y se define municipio por municipio. Mientras la prohibición es la herramienta actual para frenar el transporte informal, el debate sobre una futura regulación comienza a instalarse como la única salida ante un servicio que, en la práctica, ya forma parte del paisaje urbano.
