Buscan frenar la resolución que dejó sin transporte gratuito a personas con discapacidad.
El diputado nacional de Unión por la Patria, Diego Giuliano, presentó un proyecto para anular la medida de la Secretaría de Transporte de la Nación. La resolución oficial eliminó el régimen de compensaciones económicas que financiaba los pasajes en colectivos de larga distancia.
El debate en torno a los derechos de accesibilidad y las políticas de ajuste aplicadas sobre los servicios regulados sumó un fuerte capítulo legislativo en el Congreso de la Nación. El diputado Diego Giuliano formalizó la presentación de un proyecto de resolución para dejar sin efecto de manera inmediata la reciente disposición de la Secretaría de Transporte de la Nación que desmanteló el fondo de asistencia financiera para el transporte de media y larga distancia.
La normativa del Gobierno nacional eliminó los subsidios y compensaciones económicas dirigidos a las empresas del sector automotor para costear la gratuidad de los boletos. Esta decisión afectó de manera directa a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños bajo tratamientos oncológicos (pacientes oncopediátricos). La iniciativa del legislador santafesino exige, además, al Poder Ejecutivo Nacional el restablecimiento urgente de los canales de financiamiento que aseguren el cumplimiento efectivo de las leyes de protección social vigentes.
“Estamos frente a una decisión profundamente injusta que afecta derechos fundamentales de sectores especialmente protegidos. No se puede sostener formalmente un derecho mientras se eliminan las herramientas concretas que permiten ejercerlo”, argumentó Giuliano tras el ingreso del documento a la mesa de entradas de la Cámara Baja.
Inconstitucionalidad y el impacto en el federalismo sanitario
El proyecto de Unión por la Patria advierte en sus considerandos técnicos que la supresión del financiamiento gubernamental incurre en una flagrante violación a los principios constitucionales y a los tratados y convenciones internacionales con jerarquía constitucional que protegen la salud y la integración social de las personas con discapacidad. Los fundamentos de la pieza parlamentaria remarcan que este beneficio no constituye un privilegio discrecional, sino una herramienta de equiparación de oportunidades y de inclusión laboral, educativa y terapéutica.
Por otra parte, el legislador massista hizo especial hincapié en el severo perjuicio que la quita de pasajes gratuitos ocasiona en las provincias, profundizando las asimetrías geográficas existentes en el territorio argentino.
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Vulnerabilidad en el interior: Miles de ciudadanos residentes en el interior profundo dependen obligatoriamente de las líneas de colectivos de larga distancia para movilizarse hacia los grandes centros urbanos o de alta complejidad médica.
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Riesgo de abandono: La falta de recursos económicos para costear los traslados particulares pone en riesgo la continuidad de tratamientos de quimioterapia, diálisis, rehabilitación integral y controles médicos críticos.
La propuesta legislativa buscará cosechar el respaldo de los bloques opositores y provinciales en las comisiones parlamentarias para forzar al Ejecutivo nacional a revisar el impacto social del ordenamiento presupuestario sobre los sectores más vulnerables de la población.