Una presunta red de estafas financieras con base en Puerto Madryn quedó bajo la lupa judicial tras una investigación que destapó un sofisticado esquema de engaño con falsas academias, inversiones digitales y empresas fantasma.
Tres hombres fueron imputados como integrantes de una asociación ilícita y permanecerán detenidos mientras avanza la causa.
El caso, que ya tiene alcance federal, expone un entramado que habría captado víctimas en distintas provincias mediante promesas de ganancias rápidas y asesoramiento financiero ficticio.
Una estructura montada para engañar
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la organización estaba integrada por Alan G., Lautaro G. y el contador Carlos Santiago H., quienes habrían diseñado una “academia de negocios” como fachada.
A través de redes sociales, plataformas digitales y contactos virtuales, ofrecían capacitaciones financieras y oportunidades de inversión con rendimientos extraordinarios. El objetivo era convencer a las víctimas de transferir dinero hacia cuentas y sociedades creadas específicamente para canalizar los fondos.
Según se expuso en la audiencia, muchas de estas empresas no tenían actividad real y funcionaban únicamente como pantallas para mover el dinero.
Empresas fantasmas y maniobras millonarias
Uno de los elementos más llamativos de la investigación fue la detección de firmas registradas a nombre de personas sin recursos, incluso una en situación de calle, utilizada como titular formal de una sociedad.
El perjuicio económico estimado hasta el momento asciende a 90 millones de pesos, reconstruido a partir de allanamientos, movimientos bancarios y análisis de dispositivos electrónicos.
El operativo que permitió avanzar en la causa incluyó procedimientos simultáneos en diez domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, donde se secuestraron 19 teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento, dinero en efectivo y 7.400 dólares.
Investigación federal y causa compleja
La causa es investigada por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED), con intervención del fiscal general Fernando Rivarola.
Durante la audiencia participaron fiscales de distintas provincias, lo que confirma el alcance nacional de la maniobra. Además, el caso se encuadra dentro de los lineamientos de la Convención de Budapest sobre ciberdelincuencia, lo que abre la posibilidad de conexiones internacionales.
La jueza María Alejandra Hernández dispuso la prisión preventiva por tres meses para los acusados y declaró el expediente como “causa compleja”, otorgando un plazo de un año para profundizar la investigación.
Defensa, denuncias y situación de los acusados
Las defensas intentaron evitar la prisión preventiva argumentando falta de antecedentes, problemas de salud y ausencia de riesgos procesales. Sin embargo, la magistrada consideró que existen elementos suficientes, especialmente por la capacidad económica de los imputados y la magnitud de la estructura investigada.
Antes del cierre de la audiencia, los detenidos denunciaron condiciones irregulares durante su traslado, asegurando haber permanecido incomunicados y sin acceso a condiciones básicas. Ante esto, la jueza ordenó revisaciones médicas.
Mientras la investigación avanza, la Justicia busca determinar la cantidad total de víctimas y el verdadero alcance de una organización que, según los investigadores, combinaba marketing digital, ingeniería financiera y estructuras societarias ficticias para sostener una estafa de gran escala.
El caso vuelve a poner en foco los riesgos de las inversiones digitales sin respaldo y la creciente sofisticación de los delitos económicos en el país.