Tras el revés judicial que obliga a recomponer los salarios docentes, la Casa Rosada decidió cambiar su estrategia
Ante el riesgo de un impacto fiscal de $2,5 billones, el oficialismo apura un proyecto de ley propio en el Congreso. El objetivo es reemplazar la normativa vigente por un esquema de financiamiento más austero que permita mantener el equilibrio de las cuentas públicas sin desatender el frente judicial.
El frente judicial y el riesgo del déficit
La actual Ley 27.795 se ha convertido en el principal dolor de cabeza financiero para el Ejecutivo. Al obligar a una actualización salarial atada a la inflación desde fines de 2023, la norma generó una serie de medidas cautelares que la Justicia ya empezó a confirmar. La Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, intentó frenar estas obligaciones mediante un Recurso Extraordinario Federal, pero la falta de un efecto suspensivo automático dejó al Gobierno en una posición vulnerable.
Desde el despacho presidencial estiman que cumplir con la ley actual implicaría una erogación masiva que comprometería la meta del déficit cero. Esta presión económica es la que motiva el envío de un nuevo texto legislativo que busca «armonizar» las necesidades de las casas de altos estudios con las posibilidades reales de la caja del Estado.
Una recomposición salarial acotada
El corazón del nuevo proyecto que circula en los pasillos oficiales no apunta a una reparación total del poder adquisitivo perdido. El borrador propone reconocer parte del salario real caído durante el 2025, pero deja fuera de la discusión el derrumbe salarial ocurrido en 2024. De esta manera, el oficialismo intenta recortar el alcance de la Ley 27.795, validando una estructura de costos mucho más estrecha para el sistema universitario nacional.
Para lograr que esta iniciativa prospere, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario Alejandro Álvarez han reactivado los canales de diálogo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y sectores de la oposición dialoguista. La apuesta es política: el Gobierno necesita una nueva ley sancionada a tiempo para que la Justicia pierda el sustento legal que hoy obliga al pago de los aumentos retroactivos.
El Congreso como nueva arena de disputa
La estrategia inicial de confiar exclusivamente en los tribunales demostró ser insuficiente. Ahora, la Casa Rosada traslada la pelea al terreno parlamentario para recuperar la iniciativa. La discusión que se avecina no solo pondrá a prueba la capacidad de negociación del oficialismo, sino que definirá el futuro del financiamiento educativo en un año donde la gestión del gasto público es la prioridad absoluta de la administración nacional.
