Reforma de la Ley de Glaciares: Cambios en la protección del ambiente periglacial.
En una jornada decisiva para la política ambiental y económica del país, la Cámara de Diputados debate este miércoles el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa busca redefinir los criterios de protección de los cuerpos de hielo y, fundamentalmente, del ambiente periglacial, con el objetivo de habilitar zonas para la exploración y explotación minera. Impulsado por el Gobierno Nacional y un bloque de gobernadores aliados, el proyecto pretende captar inversiones millonarias bajo el marco del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
El rol de los gobernadores y la búsqueda de inversiones
La reforma cuenta con el respaldo explícito de los mandatarios de las provincias con mayor potencial minero: Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Estos gobernadores consideran que la actual normativa actúa como una barrera para el desarrollo de proyectos que podrían transformar la matriz productiva del norte y la región de Cuyo.
El punto de quiebre de la nueva legislación es la transferencia de facultades a las jurisdicciones locales. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa “le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no”, lo que reduce significativamente la injerencia de la administración central en la determinación de las áreas resguardadas.
Redefinición del ambiente periglacial y el criterio hídrico
Uno de los cambios más polémicos de la reforma es la modificación de la Ley 26.639 (sancionada en 2010), la cual establecía presupuestos mínimos de protección y una prohibición estricta de actividades extractivas en áreas sensibles. La nueva propuesta busca “eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales”, permitiendo que se autoricen desarrollos económicos siempre que cuenten con una evaluación de impacto ambiental aprobada.
Bajo el nuevo esquema, la protección de un área periglacial dejará de ser absoluta para depender de su función técnica. “Si no se demuestra científicamente que el área aporta agua, podría quedar habilitada para su explotación”, detalla el proyecto. Esto significa que aquellas zonas que no cumplan una función hídrica relevante y demostrada quedarían fuera del paraguas de protección legal.
Debate sobre el Inventario Nacional de Glaciares
La reforma también pone en tela de juicio el Inventario Nacional de Glaciares, herramienta creada para identificar y registrar las geoformas a lo largo de los 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes. Mientras que los gobernadores critican el inventario por considerarlo desactualizado, los sectores ambientalistas y técnicos sostienen que el registro ha sufrido por la falta de financiamiento crónico, pero sigue siendo la base científica esencial para proteger las 39 cuencas hidrográficas que alimentan los glaciares argentinos.
Con este panorama, el Congreso se enfrenta a una votación que marcará un antes y un después en la relación entre la preservación de los recursos hídricos estratégicos y la expansión de la frontera minera en la Argentina.