El Gobierno acelera la reforma laboral y busca blindarla ante la Justicia.
En un movimiento estratégico para consolidar uno de los pilares de su gestión, el Gobierno Nacional ha puesto en marcha el acelerador para reglamentar la reforma laboral contenida en la Ley 27.802. El objetivo de la Casa Rosada es oficializar la normativa durante este mes de abril de 2026, enviando un mensaje de firmeza: no se realizarán modificaciones de fondo pese a la oleada de amparos y presentaciones judiciales que intentan frenar su aplicación.
Estrategia de blindaje y coordinación legal
La hoja de ruta oficial, coordinada entre la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Legal y Técnica, busca unificar la estrategia de defensa frente a las impugnaciones. El plan consiste en concentrar la mayor cantidad de denuncias en el fuero Contencioso Administrativo para evitar una dispersión de fallos desfavorables y, eventualmente, elevar la discusión hasta la Corte Suprema de Justicia.
«La estrategia busca unificar los procesos para atacar todos los frentes en los que surjan denuncias de forma coordinada», aseguran fuentes oficiales. El Ejecutivo apuesta a que el decreto reglamentario funcione como un «blindaje técnico», especialmente en la definición de cómo se aplicará la nueva ley a las relaciones laborales ya existentes y en la instrumentación de los nuevos procedimientos de contratación.
El rol clave de ARCA y el Fondo de Asistencia Laboral
El circuito administrativo de la reglamentación involucra a áreas críticas como Desregulación y Transformación del Estado, Economía y Trabajo. Sin embargo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá un papel protagónico, ya que la ley le asigna funciones expresas en materia de registración laboral y obligaciones de seguridad social.
Entre los puntos que el Gobierno sigue con mayor atención se encuentran:
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Artículo 23 (LCT): Definición de sistemas de pago para prestaciones sin relación de dependencia.
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Artículo 52: Normativa de registración a cargo de ARCA.
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Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Es una de las prioridades de la reglamentación. Se analiza que este esquema pueda direccionarse a colocaciones del Tesoro u otras opciones de inversión.
Disputa por las competencias judiciales
Paralelamente a la reglamentación, el oficialismo busca retomar la iniciativa política para dejar atrás controversias recientes —como el denominado «caso Adorni»— mediante una batería de medidas en el Congreso. En este contexto, el Ejecutivo también defiende el acuerdo de transferencia de competencias laborales del ámbito nacional a la Ciudad de Buenos Aires, considerándolo parte de la arquitectura institucional necesaria para ordenar la disputa judicial.
Con la publicación en el Boletín Oficial prevista para las próximas semanas, el Gobierno de Javier Milei se prepara para una batalla legal definitiva en el máximo tribunal, convencido de que la reforma es esencial para el nuevo ordenamiento económico de este 2026.