La Iglesia advierte al Gobierno: «La discapacidad no puede quedar expuesta a recortes».
En un duro documento dirigido al Ministerio de Salud de la Nación, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su profunda preocupación por la asfixia financiera que atraviesan las instituciones dedicadas a la discapacidad. A través de una carta formal enviada al ministro Mario Lugones, la cúpula eclesiástica denunció que la falta de regularización de los aportes estatales desde finales de 2025 pone en riesgo real e inmediato la atención de miles de personas vulnerables.
Crisis terminal en hogares y cottolengos
La Iglesia puso especial énfasis en la situación de los Cottolengos Don Orione, una obra emblemática que hoy asiste a 1.200 personas. Según advierte la misiva, la continuidad de este cuidado se encuentra en un «riesgo real e inmediato» debido a que los organismos nacionales no actualizan los pagos, mientras que los costos de alimentación, medicamentos y salarios siguen subiendo.
“En estos días se ha hecho visible, de manera especialmente dolorosa, la situación de muchas instituciones, donde se sostiene una tarea silenciosa y generosa que expresa lo mejor de nuestra tradición solidaria”, expresaron los obispos. El texto describe un escenario de endeudamiento creciente y el peligro inminente de cierre de hogares que albergan a residentes con necesidades de atención integral para sus actividades básicas.
El reclamo por el cumplimiento de la ley
El Episcopado instó al ministro Lugones a cumplir con la Ley 24.901, que establece el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Recordaron que ya en mayo del año pasado habían advertido que este sector «no puede esperar», y lamentaron que la situación actual haya derivado en una vulneración de derechos que calificaron como «angustiante».
“La discapacidad no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas o coyunturas políticas”, afirma taxativamente el documento firmado por la Comisión Ejecutiva, encabezada por monseñor Marcelo Colombo (Arzobispo de Mendoza) y el cardenal Ángel Rossi (Arzobispo de Córdoba).
Un patrimonio social en peligro
Para la Iglesia, estas instituciones —nacidas del compromiso de comunidades religiosas y civiles— constituyen un «verdadero patrimonio social de nuestra patria» que el Estado tiene la obligación de proteger. La carta concluye con un pedido de respuesta «concreta, visible y urgente» para dar estabilidad a las familias y personas que hoy viven con angustia el deterioro de servicios indispensables.
“El respeto de la vida humana y el cuidado de los más frágiles son cimientos sobre los que se edifica toda sociedad”, subrayaron los prelados, exigiendo que se asegure la continuidad de las prestaciones para evitar que el ajuste fiscal recaiga sobre los ciudadanos que requieren mayor acompañamiento de la comunidad.