Ofensiva contra el Juzgado de Familia por el crimen de Ángel en Comodoro.
El brutal asesinato de Ángel López, el niño de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia, ha desatado una tormenta institucional que promete sacudir los cimientos del Poder Judicial de Chubut. Este lunes 13 de abril de 2026, el abogado querellante Roberto Castillo, en representación del padre biológico del menor, anunció una agresiva estrategia legal que busca no solo justicia por el crimen, sino la destitución y el procesamiento penal de los funcionarios que permitieron que el niño conviviera con sus presuntos asesinos.
Juicio político y pedido de destitución para el juez Pablo Pérez
La querella confirmó que promoverá un jury de enjuiciamiento contra el titular del Juzgado de Familia, el magistrado Pablo Pérez. Castillo fue lapidario en sus declaraciones, afirmando que la justicia local se encuentra «corrompida» y que la firma del juez fue el instrumento legal que selló el destino del pequeño. «Sin su firma, Ángel estaría entre nosotros», sentenció el letrado, quien considera que el magistrado debería ser tratado como un partícipe necesario del hecho si no gozara de inmunidad.
El objetivo del juicio político es remover los fueros del juez Pérez para que pueda ser sometido a la justicia penal común. Para la familia paterna, la responsabilidad institucional es ineludible, ya que el magistrado fue quien avaló que la guarda del menor permaneciera bajo el cuidado de la madre biológica, a pesar de las presuntas señales de alerta.
Denuncias penales contra el Equipo Técnico Interdisciplinario
La ofensiva no se limita a la figura del juez. El abogado Castillo adelantó que presentará denuncias penales contra las licenciadas en psicología del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI). La querella sostiene que las profesionales fallaron gravemente en su deber de protección al elaborar informes que respaldaron la permanencia de Ángel con su madre, Mariela Altamirano.
Esta estrategia busca invalidar los peritajes realizados a mediados de 2025, los cuales habían sido fundamentales para que el juez Pérez apartara a la familia paterna. En aquel entonces, los informes psicológicos habían advertido sobre supuestas conductas violentas y consumo problemático de alcohol por parte de Luis López, el padre biológico. Sin embargo, Castillo argumenta que dichos informes carecieron de rigurosidad y condenaron al menor a un entorno de peligro extremo.
Una batalla entre el historial del expediente y la causa penal
El conflicto judicial se encuentra en un punto de máxima tensión. Mientras la querella cuestiona la cadena de responsabilidades del Estado, el expediente de Familia registra que en febrero de este año se realizó una audiencia donde el propio Ángel habría manifestado su deseo de vivir con su madre. Estos documentos oficiales son ahora el centro de la disputa, mientras la causa penal por el homicidio avanza de forma independiente.
Actualmente, Mariela Altamirano y su pareja, Michel Kevin González, continúan detenidos bajo la imputación de homicidio agravado por el vínculo. Mientras se esperan los resultados finales de las pericias forenses, la sociedad de Comodoro Rivadavia observa con indignación cómo la burocracia judicial y los errores de diagnóstico técnico terminaron en una tragedia que pudo haberse evitado.